Escala de Grises - El Rancho Izaguirre

En septiembre de 2024, la Guardia Nacional llegó a Teuchitlán, una localidad ubicada en el estado Jalisco, para allanar el terreno correspondiente al Rancho Izaguirre. El resultado de ese operativo fueron 10 personas arrestadas, el rescate de dos personas y la localización de un cuerpo.

Sin embargo, después de esa situación no hubo mayor información sobre el caso, no más inspecciones, no más investigaciones. Lo que pretendía ser un carpetazo más para el cuerpo de seguridad, se transformó en una realidad dolorosa e imposible de creer, dada la magnitud del caso.

Un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas ingresó al lugar e informó que, además de un presunto campo de adiestramiento del crimen organizado, ahí también se encontraban hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas. Y es que los hallazgos también incluyen cientos de prendas de ropa, zapatos, artículos personales y hasta juguetes.

Mientras las madres buscadoras se dan a la tarea de aprender a leer la tierra, seguir las pistas que les marca el terreno, a atender llamadas anónimas y volverse expertas en el ámbito forense, las autoridades e instituciones se niegan a brindarles el apoyo suficiente para agilizar los procesos de identificación.

Y es que la misma presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que se difundiera la información, aseguró que debía esperar los resultados de la investigación antes de emitir cualquier comentario al respecto. ¿Cómo pueden las familias de las víctimas confiar en que se hará justicia?

¿Cómo pueden confiar en que las autoridades no serán tan negligentes como lo fueron al entrar al predio la primera vez? ¿Por qué no hubo más indagaciones? ¿Por qué no se registraron esfuerzos para identificar los objetos de las 125 mil personas que no pudieron regresar a casa?

¿Cómo, a tan solo 50 kilómetros de Guadalajara, una de las principales ciudades del país, puede estar un rancho repleto de delitos y vulneraciones a los derechos humanos sin el mínimo atisbo de alarma? La ubicación del rancho pareciera ser “ideal”, pues no representa ningún peligro para que las actividades del grupo criminal (cualquiera que sea) sean cuestionadas por las autoridades.

Pero lo mismo parece suceder en todo México, independientemente de la región. Entonces, ¿cuál es la eficacia del sistema de seguridad? ¿Cuál es la estrategia que permite que un campo de exterminio pueda operar a plena luz del día? ¿Quiénes son las personas responsables de investigar la desaparición de todas las personas que murieron ahí y por qué no hicieron nada para evitarlo?

Ahora, el gobierno de México pretende que el caso del rancho sea una prioridad. Sin embargo, se necesita más que el mero interés por resolver lo ocurrido. Y es que entre la negligencia de la fiscalía estatal, la intervención de la fiscalía federal y las mismas declaraciones de grupos criminales respecto a su presunta inocencia, el caso se complica con el paso de los días.

De acuerdo con las investigaciones, el rancho Izaguirre era un terreno ocupado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas. Las fotos del predio, obtenidas por medios locales, muestran una serie de elementos (entre ellos un camino de obstáculos) propios de una academia militar.

Sin embargo, un grupo de encapuchados, identificados como miembros de dicha organización criminal, difundieron un video en el que niegan su participación dentro del rancho Izaguirre, defienden el discurso de la policía e, incluso, atacan a las madres buscadoras por “fabricar una historia de terror” en la que no están involucrados.

Derivado de esas declaraciones, los colectivos de búsqueda han sufrido múltiples ataques, independientemente de la región en la que se localicen. Desde poner en duda su labor hasta amenazas de muerte, las familias de personas desaparecidas ahora enfrentan una vulneración más para –como siempre ha sido– realizar el trabajo que le corresponde al Estado.

Ahora más que nunca es necesario voltear la mirada a lo que ocurre en Jalisco y a la crisis de desaparición forzada en todo México. El rancho Izaguirre es sólo una parte de la violencia que se replica en Jalisco, en Guanajuato, en Sinaloa y en gran parte de los estados de la República.

Sí, el rancho Izaguirre tiene que ser una prioridad para identificar a las víctimas y que sus familias tengan, por lo menos, la certeza de saber en dónde están, porque esa es la única pregunta que les urge responder. Sin embargo, también es fundamental que comiencen a desarrollarse investigaciones más completas y estrategias de prevención para que una historia así no se repita en el futuro cercano ni nunca más.

Finalmente, tener mecanismos de protección efectivos para las madres buscadoras y quienes forman parte de los colectivos debe ser parte de la estrategia. No hay forma de avanzar en el tema sin su ayuda, asesoría y experiencia.

Atacarlas no sólo es una pésima estrategia, sino una muestra clara de ignorancia por parte de quienes pretendan quitarles la credibilidad y experiencia que se han ganado haciéndole frente a un Estado cada vez más incompetente.

Siempre con las madres buscadoras:
arendy.avalos@gmail.com
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