Escala de Grises - Duelo inconsciente
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos 
Hace tan solo unas horas, la organización Artículo 19 publicó el informe correspondiente al 2021 sobre libertad de expresión e información en México. Negación fue el título del documento en el que se afirma un incremento del 85% en agresiones contra la prensa durante los últimos tres años, mismos que han estado bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Para llegar a esa conclusión, Artículo 19 comparó las cifras durante los primeros tres años de Enrique Peña Nieto como presidente. Tras un análisis exhaustivo de los datos, la conclusión fue evidente. Y es que, tan solo durante el año 2021, se documentaron 644 ataques contra periodistas; por lo que el panorama para la libertad de expresión en el país resulta alarmante.
En lo que va del gobierno de López Obrador han ocurrido 1,945 ataques. Hasta marzo del 2022 el número de periodistas asesinades ascendió a 33 y se han registrado dos desapariciones. El año pasado hubo un ataque cada 14 horas. Intimidación, amenazas y uso ilegítimo del poder público forman parte de la lista.
Como si el escenario no fuera lo suficientemente grave, las 32 entidades de la República han registrado ataques en contra de la prensa. La Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Baja California y Yucatán son los estados que ocupan los primeros lugares en agresiones. En 2021 no hubo un solo lugar del país en donde ser periodista no fuera sinónimo de arriesgar la integridad o la vida.
Sin embargo, tal como indica el informe, el Ejecutivo permanece en la primera etapa de un duelo del que es inconsciente. La negación respecto a los ataques a la prensa forma parte del discurso oficial, tal como Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro durante sus conferencias matutinas; “ejercicio de transparencia”, como a él le gusta llamarlas.
Tal como se ha escrito en ediciones anteriores, la respuesta de AMLO a las confrontaciones de la prensa no va más allá de la estigmatización hacia las personas y medios que osen criticar sus acciones o presentar datos que comprueben su negligencia. Con una tolerancia a la frustración inexistente, la reacción de López Obrador ha logrado validar el desprestigio de la información, los medios y el periodismo como profesión.
En el informe citado previamente, Artículo 19 registró 71 ocasiones en las que el propio presidente de la República y algunos integrantes de su gabinete denostaron la labor de la prensa bajo argumentos como el amarillismo, una clara aversión al gobierno o que, incluso, formaban parte de la llamada “mafia del poder”. La estrategia encabezada por AMLO para deslegitimar a la prensa se reprodujo por actores públicos y privados en, al menos, 46 ocasiones. Las palabras importan.
Quitarle validez y credibilidad a los medios de comunicación y periodistas que los conforman es un claro atentado a la libertad de expresión y, por supuesto, también a la democracia que tanto venera la Cuarta Transformación. La confrontación al presidente y a quienes conforman el gabinete no solo es inevitable, sino también necesaria; algo que no parece quedarle claro a la presente administración.
Además de los claros ataques a la prensa nacional e internacional, las acciones por parte de las instituciones no resultan esperanzadoras. El mismo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha enfrentado a las consecuencias de solicitar información que evita la crítica y el escrutinio público. Irónico, ¿no le parece?
La violencia en contra de las personas profesionales del periodismo es una realidad que el país enfrenta desde hace décadas, por supuesto. Sin embargo, las cifras no mienten y son apenas un atisbo de la situación que, durante los últimos tres años, han enfrentado las personas que dedican su tiempo a buscar la verdad y a encontrarla para contarla.
Tal como ocurre con todos los problemas estructurales, la violencia no ocurre de un día para otro; es la consecuencia de años normalizándola, tal como ocurre en el caso de los ataques a periodistas o activistas. “No debió abordar esos temas”, “se metió con quien no debía”, “por hablar sobre narcotráfico” o “por no hacer caso” son algunas de las frases que intentan justificar un hecho que debería resultarnos indignante.
¿Cómo puede ser posible que, en lugar de garantizar seguridad para personas profesionales del periodismo se opte por crear una sección tan absurda como “Quién es quién en las mentiras de la semana”? Si el mismo Andrés Manuel López Obrador decide invertir recursos en descalificar la información, ¿a quién deben pedir ayuda les periodistas cuya integridad es violentada? La frase enunciada por Lydia Cacho resuena en mi mente cada que abordo el tema y me parece tan inevitable como pertinente: Un Estado que no protege a sus periodistas no puede proteger a nadie.
Que la verdad salga siempre a la luz:
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