En contra de la violencia a ellas realizan conversatorio

Como parte de la jornada de 16 días de activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el marco del Día Internacional (25N), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos llevó a cabo el “Conversatorio: Retos para la eliminación de la violencia y la procuración de justicia”, en donde las ponentes señalaron la desigualdad que hay entre hombres y mujeres.

En el recién nombrado Auditorio Rosa Bobadilla “La Coronela”, de la Fiscalía Morelos, Eréndira Serrano Oswald señaló que mucho se menciona que “el camino para la paz es la no violencia”, no obstante, dijo que se debe retomar la expresión de que “la paz es el camino”.

Asimismo, abordó en su análisis de estadísticas de la violencia que se presenta en el estado, tres perspectivas: La representación de las mujeres, particularmente en la política; La redistribución de los recursos, desde la economía y el empleo para las mujeres; y La perspectiva del reconocimiento con relación a los aportes de las mujeres, particularmente en el cuidado de la familia.

Señaló que las mujeres siguen en condición de desigualdad, como lo es la aún baja representación y necesidad de avanzar hacia democracias sustantivas y paritarias, atravesada por la violencia política que se ejerce en contra de ellas.

Serrano Oswald indicó que sigue habiendo una desigualdad salarial prevaleciente por las diferencias de género, y en el entorno familiar afirmó que “las mujeres siguen siendo las principales responsables al interior de los hogares y es necesario avanzar en un sistema de cuidado con la participación y responsabilidad de los hombres, que permita la reconfiguración de las sociedades y las familias”.

Por su parte, Marcia Zaele Nurce Anguiano expuso su ponencia sobre “Tipos de violencia y su identificación: retos para las comunidades indígenas y afrodescendientes”, en donde enfatizó que prevalece una invisibilización de las comunidades afromexicanas, como parte de la herencia histórica de este país.

“Hay una discriminación que se expresa en aspectos como la hipersexualización de sus cuerpos -indígenas y afrodescendientes-, principalmente el de las mujeres, los estereotipos ajenos a la realidad, que las representan”, expresó.

Nurce Anguiano aseveró que las mujeres de las comunidades afromexicanas, aún no alcanzan una representación sustantiva, y ello representa una doble discriminación por género y por etnia.

Al concluir las ponencias, la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, Norma Angélica Toledo Camacho, agradeció la presencia de todas y todos, pero principalmente de las mujeres por sus valiosas aportaciones en busca de una igualdad de género.

La violencia contra las mujeres en México representa un fenómeno social complejo y profundamente arraigado, manifestándose de múltiples formas a lo largo de sus vidas. Este problema persistente no solo abarca agresiones físicas y sexuales, sino también violencia psicológica, económica, patrimonial e institucional, permeando diversos ámbitos como el familiar, laboral y comunitario. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son alarmantes, revelando que un porcentaje considerable, superior al 60%, de las mexicanas mayores de 15 años ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.

Un aspecto particularmente grave del problema es el incremento de la violencia feminicida, que ha llevado a que el país registre un alto número de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. Esta manifestación extrema de violencia de género refleja fallos estructurales en la protección y acceso a la justicia para las víctimas, con casos que a menudo quedan envueltos en la impunidad. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de emergencia implementado en diversas entidades federativas para enfrentar y erradicar esta problemática, impulsando acciones específicas y coordinadas entre órdenes de gobierno.

En respuesta a esta crisis, en los últimos años se han promovido diversas reformas legales que buscan fortalecer el marco normativo para la protección de las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el pilar de estas acciones, definiendo y tipificando las modalidades de violencia y estableciendo las bases para la coordinación interinstitucional. Leyes específicas, como la "Ley Olimpia" y la "Ley Ingrid", han surgido para abordar nuevas dimensiones de la violencia, enfocándose en la difusión no consentida de contenido íntimo y el manejo digno de las víctimas y la evidencia, respectivamente.

Además de los cambios legislativos, se han implementado programas y políticas públicas desde el ámbito federal y estatal, buscando transversalizar la perspectiva de género en todas las dependencias gubernamentales. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) promueve activamente que todas las entidades públicas incorporen un enfoque de igualdad y no discriminación en su trabajo, atendiendo a grupos históricamente excluidos como mujeres indígenas o con discapacidad. Estas iniciativas buscan pasar de una respuesta reactiva a una prevención proactiva de la violencia.

La sociedad civil y los colectivos feministas han jugado un papel crucial en visibilizar la magnitud del problema y presionar a las autoridades para que actúen con mayor contundencia. Sus movilizaciones y demandas constantes han logrado mantener el tema en la agenda pública y han convertido espacios, como algunas instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en refugios simbólicos y reales para mujeres violentadas. Esta presión social ha sido fundamental para exigir servicios adecuados y respuestas efectivas por parte del Estado mexicano.

Pese a los esfuerzos mencionados, persisten desafíos significativos para lograr una erradicación real de la violencia de género, incluyendo la falta de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, así como mecanismos de coordinación y monitoreo débiles. Expertos y organizaciones coinciden en que la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos, lo que perpetúa la reincidencia y desalienta las denuncias. Abordar estos nodos estructurales de discriminación y desigualdad es clave para un desarrollo sostenible e inclusivo.

La colaboración internacional también desempeña un rol importante, ya que México ha asumido compromisos ante organismos como las Naciones Unidas para seguir una serie de medidas específicas en el combate a la violencia de género. Estas siete estrategias, que incluyen la implementación y cumplimiento de leyes y la creación de entornos seguros, proporcionan una hoja de ruta avalada globalmente para los esfuerzos nacionales. La magnitud del problema demanda una acción integral y sostenida que trascienda administraciones y coyunturas políticas.