El SAPAC debe de ser sancionado jurídica y administrativamente: CIDH
El agua es un derecho humano que debe ser garantizado por las autoridades
Gerardo Suarez Dorantes 
Incurre en abuso de autoridad la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cortar la energía a los pozos de agua, porque no aplica medidas y sanciones en contra de la dirección del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) afectado a docenas de miles de familias, afirmó José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH).
Recordó que el agua es un derecho humano y por lo tanto vital y fundamental que debe ser garantizado, por el estado y las autoridades sobre todo porque hay un mandato establecido claramente en la ley al respecto, de que deben de privilegiar y blindar ese derecho. Y como implica un mantenimiento, la gente paga su servicio de agua potable a pesar de todos los litigios que existen.
“Tenemos documentados casos del incorrecto cobro en las tarifas del agua, en los que normalmente exceden los cobros y por esa razón hay muchísimas quejas que se presentan ante el SAPAC, debido a que son excesivos, abusivos y ofensivos para la gente sobre todo los de escasos recursos económicos y que viven en colonias populares.
Pero, además, señaló que la desatención, falta de interés, incapacidad y actos de corrupción provocó que se haya dejado crecer la deuda económica con la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que hoy ya se volvió inmanejable, pero, además, resaltó que muchas veces los criterios que se utilizan son más como empresas privadas que de interés público, más por el proceso de privatización que se viene dando desde hace varios años en la CFE. Esto implica, agregó José Martínez Cruz, criterios en donde se favorecen los intereses privados por encima de los públicos desde la reforma energética tal y como se ha denunciado por parte de las organizaciones no gubernamentales y que defiende los derechos de los usuarios.
El vocero de la CIDH, explicó que hay responsabilidad tanto de la política federal, que en este caso establece la CFE ya que no tendría por qué cortar el abastecimiento de la red eléctrica y por el contrario, debería aplicar diversas medidas hacia los responsables que son las autoridades tanto del ayuntamiento como del SAPAC, y no cargarle la mano a los usuarios como sucede actualmente afectando a miles de familias que carecen del vital líquido por esta política que se ha implementado por la empresa de clase mundial.
Asimismo, indicó que hay medidas legales que se pueden tomar y sancionar a los responsables que incurren en una mala administración o en omisión y en actos de corrupción, como se ha evidenciado en el caso del SAPAC.
Cuestionó cuándo se ha sancionado jurídica, económica o políticamente a una institución como el SAPAC por las deudas que en las que ha incurrido. Y la respuesta es nunca. Y por esta razón, siguen los directivos actuando con omisión y en la impunidad, pese a los grandes problemas que se ha reflejado durante los últimos años en el órgano operador del agua.
