Confirman insuficiencias dentro de juzgados cívicos
Juan Lagunas
El municipio de Cuernavaca reconoció insuficiencias en las zonas de detención y arresto, que habían sido evidenciadas por la Comisión de Derechos Humanos.
En ese caso, autoridades de la comuna informaron que harán “gestiones” y tareas para subsanar este déficit, el cual, también se extiende hacia el juzgado cívico.
“Hemos comenzado las gestiones y trabajos necesarios para mejorar las condiciones de las áreas de detención y arresto, así como el juzgado cívico”, aseguró la síndico Marisol Becerra de la Fuente, al reunirse con el presidente de este organismo; se comprometió a solventar las observaciones correspondientes.
Por medio de un comunicado, la dependencia afirma que el pasado nueve de septiembre se presentaron los resultados del análisis respectivo, en cuya evaluación, el municipio capitalino resultó el más bajo de los 36, con una calificación promedio de 3.3.
Por esa razón, la CDHM expuso que su labor no tiene por objeto “señalar y acusar” a las instituciones por sus deficiencias, sino “mostrar las condiciones reales para mejorar -de manera significativa y a través de políticas públicas- programas y/o acciones, la atención y la forma en que se brindan los servicios a la ciudadanía en general, en el marco del respecto de los derechos humanos. No se trata de confrontar, sino de mejorar”.
Y continuó: “la labor (…) es investigar, señalar y, desde luego, alcanzar soluciones. Por eso resulta satisfactorio este acercamiento, el cual nos confirma que el trabajo no ha sido en vano, y que hay autoridades en Morelos con la visión necesaria para aceptar las observaciones, para mejorar su labor frente a la sociedad”.
Por su parte, la funcionaria manifestó que el ayuntamiento cuernavaquense cambiará las instalaciones de su centro de arresto, así como el juzgado cívico, que actualmente se encuentra en las inmediaciones del mercado Adolfo López Mateos, hacia una área más digna, en mejores condiciones y en una zona de mayor acceso; en breve darán a conocer las acciones.
Además, pidió al organismo un acompañamiento en todos los trabajos de lo que serán las nuevas instalaciones del Centro de Arresto y el Juzgado Cívico, “para garantizar que todo se haga con una clara perspectiva de derechos humanos”.
En términos generales, el estudio considera cinco derechos esenciales a evaluar: a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y seguridad jurídica; a la protección de la salud; a la integridad personal, así como de los grupos en situación de vulnerabilidad. Enarbola cuatro aspectos: “estancia digna, medidas para salvaguardar la integridad de la persona recluida; debido proceso y medidas para covid-19”.
