Centralismo electoral

En días pasados, integrantes de la bancada del partido MORENA en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, propusieron, al final de los procesos electorales tanto federal como locales, una nueva reforma política electoral.

En la parte que ahora se propone resaltar, destaca la desaparición de los Organismo Públicos Electorales Locales (OPLES); es decir, de los Institutos Electorales Locales.

La propuesta formulada pretende prescindir de tales Organismos y que la organización de los comicios tanto a nivel nacional como en las entidades federativas corresponda al Instituto Nacional Electoral.

El argumento medular es que resultan muy caros, por lo que propone sustituirlos por una nueva estructura burocrática constituida por Consejos locales.

Como parte de las consideraciones se indica que el costo de operación de los OPLES en 2018, cuando se efectuaron elecciones estatales y federales, fue de 14 mil 200 millones de pesos, y que en 2019, sin proceso federal, el monto será de 9 mil 272 millones de pesos.

Según la iniciativa, el INE contaría con una cobertura en los estados y consejos distritales, y considera que si podría con atender tanto los procesos federales como locales. Afirma que fuera de los procesos electorales locales, ambas estructuras, INE y OPLES, tienen cargas de trabajo muy reducidas, por lo que es posible que el INE asuma la función de las actividades que actualmente desarrollan los OPLES.

La iniciativa no es nueva.

Habría que recordar que fue parte del Pacto por México, que en la Presidencia anterior, fue materia de los acuerdos estructurales acordados  por los actores políticos; sin embargo, en el momento de la decisión, la situación de los órganos electorales locales, tanto administrativos como jurisdiccionales sufrió un cambio, que les dejo, maltrechos; supervivientes de lo político.

Ahora, parece que el proceso se pretende concluir, bajo un elemento tan bien, muy viejo, el económico.

Lo cierto es que, tal propuesta plantea en el fondo, refundar dos aspectos centrales en el nuevo gobierno. Uno, el centralismo, que genere en la cancha de lo electoral, márgenes más discretos a la democracia representativa.

Ello es así, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Federal, la soberanía del pueblo debiera ejercitarse en los Estados, por los Estados, en la elección de sus representantes.

Y el otro, relativo a una pseudo participación ciudadana; en el que a través de espejismos de consultas se propone implantar las políticas públicas que se estimen sean las adecuadas.

Eliminar a los organismos públicos electorales locales, generaría que la participación ciudadana en las entidades disminuya y daría a la Nación, un trato homogéneo, a pesar de las diferencias que tienen entidades como la de Nuevo León con Oaxaca.

Lo cierto es que vestir a México, de uniforme y generar a nivel central una dominación única, no tiene un buen rumbo a favor de los derechos humanos, ni tampoco a favor de los derechos político electorales.

No se trata de menospreciar el centralismo, sino de no confundir al federalismo, pretendiendo que este cooperativismo entre las entidades federativas, desarrolle en una Nación tan heterogénea, recetas únicas con un falso sentido democrático.

En fin, a esperar, la ejecución de lo que fue planeado varias décadas atrás, aunque en ello, vaya la suerte democrática del país.