Breves de Abogados y Políticos - Congreso en pro de la impunidad
En opinión de Alejandro Corona Markina
Empezaba la tarde del primer día del mes de septiembre, cuando alrededor de las 14:30 horas se conoció la noticia: El Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, ordena la inmediata liberación del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Momentos después, la sentencia de la Queja Penal 206/2023, comenzó a circular vía whastapp, en tanto que el vocero de la fiscalía de la Ciudad de México se apresuraba a condenar el fallo. Aquí, los diputados del llamado G-15 festejaban.
Pero “del plato a la boca se cae la sopa”. A punto de salir del circuito de la prisión, Uriel Carmona Gándara fue reaprehendido. En ese momento se comenzó a escribir un nuevo capítulo de la lucha de poder entre quienes quieren destituir al Fiscal y quienes lo protegen a toda costa.
Carmona Gándara, contrató para sumarse a su defensa, al polémico y muy mediático abogado Gabriel Regino García. El jurista recientemente estuvo en el foco de atención, porque su nombre se mencionó en el juicio que se le siguió a Genaro García Luna, en el cual uno de los testigos del caso, conocido como el “Rey Zambada” afirmó que al abogado penalista le entregaron 7 millones de dólares como soborno.
De inmediato, Gabriel Regino comenzó a hacer su chamba, dando entrevistas aquí y allá, acusando un “secuestro político” (lo que sea que eso signifique) y subrayó que el Carmona Gándara sigue siendo el Fiscal.
Antes, en ese mismo día, los diputados del llamado G-15 (principales cómplices de Uriel Carmona Gándara), realizaron la ceremonia de apertura del Periodo Ordinario de Sesiones, aprobando en la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias, una iniciativa a la medida de su protegido, misma que pretende reglamentar la ausencia de los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos (específicamente la Fiscalía General), amarrándole la manos al gobernador para impedirle enviar una terna para designar un nuevo fiscal. Con ella, garantizarían que el vice fiscal Andrés Monte Tello, permanezca inamovible en caso de que Uriel Carmona no salga pronto de prisión y, en caso de hacerlo, recupere el control de la institución, pues en le reforma se indica que sólo será destituido si es hallado culpable de los delitos que se le imputan.
¿Así o más clara la dedicatoria? De paso, en la iniciativa dotan de fuero constitucional a Andrés Montes Tello (por si se ofrece) y adicionalmente han colocado de manera estratégica en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a gente que estaba al servicio de Uriel Carmona Gándara, no vaya a ser que por se audite la gestión del hoy huésped del Reclusorio Sur.
Es obvio que la iniciativa será aprobada sin problemas por los diputados que integran el G-15, pero también es previsible que será vetada por el Poder Ejecutivo, lo que posteriormente mandará nuevamente el conflicto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que ya debe estar harta de tantos expedientes provenientes de la entidad. Recientemente y de manera insólita, estos poderes (el ejecutivo y legislativo local) celebraron una decisión del Máximo Tribunal, relativo al presupuesto de este año, como si hubiese habido dos ganadores en la contienda que por enésima vez los enfrentó. Ninguno quiso quedar como perdedor y se apresuraron a elogiar el fallo.
Lo cierto es que, si la liga se sigue estirando al máximo por parte de los actores políticos, comenzarán las voces que exijan desaparición de poderes, ante las condiciones que actualmente prevalecen, ya que en el Poder Judicial tampoco cantan mal las rancheras. Esto en pleno proceso electoral, sería perjudicial para todos.
Por si no bastara, el acreditado periodista nacional Miguel Badillo, publicó en el “Independiente” una colaboración denominada “Arreglos Ilegales del Fiscal Uriel Carmona con el panista Urióstegui Salgado y Lavín Sodi”, donde revela conversaciones de whast app -que por su extensión comentaremos en otra entrega- provenientes del teléfono celular del Fiscal Uriel Carmona.
Ahí se acreditaría que efectivamente Uriel Carmona no conocía a Rautel “N”, presunto feminicida de Ariadna Fernanda, pero que sin embargo sí lo protegió a petición del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, recibiendo por ello un millonario soborno del empresario aduanero, a través del alcalde. Es terrorífica la manera en que hablan de sus negocios turbios estos encumbrados personajes.