Búsqueda y verdad. Los desaparecidos históricos en Morelos.

“Eso se está olvidando, aunque no hayan pasado demasiados años. Tengo que escribirlo, aunque me dé pudor, para que no se olvide, o al menos para que durante algunos años se sepa”.

Héctor Abad Faciolince, en  El olvido que seremos.

La creación de las comisiones de búsqueda de personas significó una gran esperanza para muchas personas que lamentablemente en este país, tienen algún ser querido ausente, por la acción o inacción del Estado. En Morelos, además de esperanza deseamos resultados.

Quienes hemos vivido nuestra ciudadanía desde una buena parte del siglo pasado, hemos sido testigos de la impunidad con la que los agentes del Estado o algún poder fáctico desaparecían a personas y hasta colectivos completos, sin que se hiciera justicia.

En los años setenta y hasta en los ochenta, una gran cantidad de casos desaparición de personas estuvo mayormente vinculada a su calidad de opositores al régimen y,  contrario a lo que se decía en el discurso oficial, en México al igual que en muchos países latinoamericanos había una represión sistemática. Están documentados en diversos acervos los vuelos de la muerte, las torturas, las simulaciones de fusilamiento y por supuesto las desapariciones.

El estado de Morelos fue en su momento, un espacio en el que se recrearon por un lado las tácticas de exterminio del Estado pero, para salud de la justicia, también hubo una experiencia de resistencia muy aleccionadora. Los años setenta fueron un gran crisol de movimientos populares y políticos que “justificaron” también el incremento de la violencia institucional.

Ejemplo de estos movimientos lo constituyen el jaramillismo, los movimientos sociales que dieron lugar a la fundación de varias colonias populares como la Antonio Barona y La Lagunilla en Cuernavaca además de la Rubén Jaramillo en Temixco. Lo son también la fundación del Frente contra la Represión, el sindicalismo independiente, las comunidades eclesiales de base y su influencia de la Teología de la Liberación, la creación del Cidoc, don Sergio Méndez Arceo, y hasta lo que quedaba del movimiento campesino y comunitario en los pueblos de Morelos.

Todos ellos, dieron al Estado “la justificación” para el uso de la mano dura y la represión para contenerlos. Pero aun siendo cierto que muchos de estos movimientos buscaban subvertir al régimen, nada justifica las atrocidades que se cometieron de una manera asimétrica y desproporcionada donde un arma usada frecuentemente fue la desaparición forzada. En pleno siglo XXI, el Estado tiene cuentas pendientes por esta barbarie

Los activistas Florencio “El Güero” Medrano y José Ramón García Gómez,  desaparecidos los dos en la época del apogeo autoritario del Estado mexicano, los dos, víctimas de la represión por su significativa actividad política y, los dos, desaparecidos antes de que el narcotráfico fuera el pretexto más socorrido para justificar la violencia institucional.

De Florencio Medrano, dirigente del Partido Proletario de América (PPUA) fundador de la colonia Popular Rubén Jaramillo no se sabe nada desde que militares incursionaron en 1973 en la mencionada colonia y detuvieron en masa a muchas personas y tampoco se conocen esfuerzos del Estado por aclarar su desaparición a pesar de que por años se le ha exigido.

De José Ramón Garcia Gómez, activista integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), no se sabe nada de él desde que fue interceptado por personas armadas que a la fuerza los sustrajeron de su vehículo cuando regresaba a su casa después de un mitin en Cuautla para protestar por el fraude electoral de 1988.

De este caso, se podría aceptar la versión de que hubo “esfuerzos” institucionales para aclararlo,  sin embargo los resultados confirmaron las sospechas de las víctimas y activistas: esos intentos institucionales solo eran una acción política y una simulación. No fue suficiente ni siquiera la participación en el caso del “super policía” Guillermo González Calderoni, pues José Ramón sigue desaparecido.

El jefe de la policía política de ese momento y principal sospechoso de ser autor material de la desaparición, murió en la cárcel acusado de una serie de delitos, pero nunca de la desaparición forzada de García Gómez. A lo más que se llegó, fue al consenso de que el cuerpo de “investigaciones políticas” adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, era inconstitucional y debía desaparecer.

En el periodo en el cual Medrano y García desaparecieron, las organizaciones que se movilizaron para exigir su presentación con vida, no contaban con el utillaje que hoy tenemos como son las comisiones de búsqueda y las  herramientas jurisdiccionales de las que nos provee la Ley de amparo. Por ello es fundamental para su consolidación reiniciar las indagaciones de estos hechos del pasado y reivindicar así el derecho a la verdad no solo de las víctimas sino de una colectividad entera.

El reto es grande sobre todo hoy que la desaparición de personas en ha alcanzado una cifra “abrumadora”, como bien lo apuntó Karla Quintana, la Comisionada nacional de búsqueda. Ella es un ejemplo que debería cundir en los estados de la república y por supuesto en el estado de Morelos.