Va FGE por presuntos delincuentes liberados indebidamente por jueces

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos recurrirá ante la instancia jurisdiccional competente para presentar recurso de apelación contra la determinación de un juez de control quien calificó de ilegal la detención y puesta a disposición de 10 personas detenidas mediante la ejecución de una orden de cateo a dos inmuebles de la colonia Modesto Rangel, del municipio de Emiliano Zapata.

Dichas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, resistencia de particulares y utilización de un vehículo robado para la comisión de otros delitos.

En audiencia de control celebrada este lunes 21 de junio, el juzgador calificó de ilegal la detención argumentando contravenciones a disposiciones legales en el desarrollo del cateo, criterio que no comparte el Ministerio Público pues la diligencia atendió a las procedimentales establecidas, tal como se ha hecho en otros operativos cuyos responsables enfrentan procesos penales con la medida cautelar de prisión preventiva.

En México, el sistema judicial ha sido objeto de críticas y acusaciones por la liberación indebida de delincuentes, presuntamente debido a la corrupción de los jueces.

 Según el artículo 290 del Código Penal de la Ciudad de México, un servidor público que ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida puede ser sancionado con hasta 20 años de prisión. Sin embargo, parece que esta ley no se aplica de manera efectiva, ya que los jueces corruptos siguen operando con impunidad.

Prácticas corruptas comunes denunciadas:

- Soborno: Algunos jueces aceptan pagos indebidos para dictar sentencias favorables, lo que desvirtúa la justicia y favorece a quienes pueden influir económicamente en los fallos.

- Nepotismo: La asignación de puestos a familiares sin méritos debilita la imparcialidad del sistema y genera conflictos de interés que afectan las decisiones judiciales.

- Colusión con el crimen organizado*: En ciertas regiones, jueces colaboran con grupos criminales por amenazas o beneficios económicos, permitiendo la liberación de delincuentes.

En los últimos años, se han presentado varios casos de corrupción en el sistema judicial mexicano. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal ha revelado investigaciones por corrupción dentro del mismo Poder Judicial, incluyendo jueces señalados por recibir sobornos para favorecer a ciertos actores en litigios de alto impacto. Además, se han denunciado casos de manipulación de procesos judiciales, extorsión y venta de sentencias.

El sistema judicial mexicano opera como un "mercado de justicia", donde la resolución de conflictos depende más de la capacidad económica de las partes y las influencias que de la aplicación de la ley. Esto ha generado una gran desconfianza en la sociedad y ha erosionado la credibilidad del sistema judicial.

Para combatir la corrupción en el sistema judicial, se necesitan reformas estructurales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización de los funcionarios. También es fundamental fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia para prevenir la corrupción y garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces.