Busca diputada Jazmín Solano, proteger a adultos mayores
Gerardo Suarez Dorantes 
Luego de presentar una importante iniciativa que busca proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad de los despojos de su patrimonio, la diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jazmín Solano López confió en que esta sea aprobada para apoyar y respaldar a estos grupos vulnerables.
Indicó que el despojo en este contexto se considera violencia patrimonial, y la propuesta no solo busca proteger a este sector vulnerable, sino también garantizar que reciban un trato digno, asesoría gratuita y el apoyo de las instituciones tanto locales como federales.
Además, expuso la legisladora que uno de los principales problemas que enfrentan los adultos mayores es el abuso de sus propios familiares, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad para despojarlos de lo que han logrado a lo largo de su vida.
En este contexto, Morelos se destaca como el quinto estado de la República con mayor porcentaje de tierras de propiedad social, según datos del Registro Agrario Nacional. Esto hace que los terrenos ejidales, que han sido propiedad de generaciones, sean especialmente susceptibles a despojos, ventas dobles e invasiones.
Cabe destacar que actualmente Morelos ocupa el primer lugar en el país en cuanto a despojos cometidos, siendo los adultos mayores las principales víctimas. El municipio de Huitzilac tiene la mayor tasa de denuncias por despojo, con un 8.97% por cada 10,000 habitantes, sumando 284 denuncias entre 2015 y 2023.
Le siguen Jojutla, Tepoztlán, Atlatlahucan y Mazatepec, con tasas que oscilan entre el 4% y el 5%. En números absolutos, Cuernavaca es la ciudad con más denuncias, con un total de 2,092, aunque su tasa es de 2.2 por cada 10,000 habitantes.
Las penas por este delito no han sido modificadas en 22 años, ya que actualmente se establece una pena de seis a diez años de prisión, según el artículo 184. La propuesta presentada por la diputada Solano busca aumentar estas penas, especialmente en los casos donde las víctimas sean adultos mayores o personas con discapacidad, con el fin de garantizar una mayor protección a este grupo vulnerable.
