Van por burócratas que dieron préstamo a Graco
Se ha documentado que el proceso fue irregular en favor del exgobernador
También hay otros exfuncionarios que no han pagado créditos hipotecarios
Guadalupe Flores 
El gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Contraloría, podría inhabilitar a cinco exfuncionarios que facilitaron un crédito por 600 mil pesos para la compra de un auto de lujo a favor del ex gobernador Graco Ramírez.
Antes de concluir el sexenio del perredista, se le autorizó un crédito para la adquisición de una camioneta por un monto de 600 mil pesos, sin embargo, se comprobó que es ilegal, debido a que la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos marca que por ser funcionario de primer nivel no puede acceder a dichos créditos.
Sobre esto, la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que iniciaron procedimiento ante Secretaría de la Contraloría para la inhabilitación de los servidores públicos que aprobaron el “crédito irregular, debido a que el ex gobernador no era sujeto a dicho beneficio y monto".
Explicó que el monto máximo para los trabajadores es de 200 mil pesos, pero en este caso, se rebasó y no es sujeto a ningún crédito por el cargo que ostentó, aunque aclaró que el exmandatario pagó el “crédito irregular”
“Este tipo de préstamos es sólo para secretarios de despacho y directores generales y no dice gobernador”, apuntó.
La directora general del ICTSGEM, indicó que hasta el momento se ha detectado la participación de al menos cinco ex funcionarios, entre ellos, la ex titular del Instituto, Paula Trade Hidalgo, así como los que fungieron como su aval exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna.
En otro tema, informó que 14 exfuncionarios adeudan en total 2 millones de pesos en créditos hipotecarios. Los exservidores públicos accedieron a préstamos para adquirir una vivienda del conjunto residencial "Ventanas" en el municipio de Jiutepec y que a la fecha han incumplido con los pagos.
El pago que deberían realizar mensualmente era de seis mil pesos pero a la fecha tienen un retraso.
Aunque dijo que se llegó a un convenio con los 14 ex funcionarios, ahora tienen hasta marzo del 2021 para ponerse al corriente de lo contrario podrían perder su vivienda, ante el incumplimiento se inicia el proceso judicial de cobranza judicial y el requerimiento para el retiro del inmueble.
