Observador político - Excesos y abusos de diputados que se van… con las bolsas llenas de dinero

En tiempos donde la austeridad y la transparencia deberían ser imperativos para nuestros representantes, la Legislatura 56 de Morelos nos ofrece un desolador espectáculo de privilegios, voracidad y agandalle por el dinero público; y es que, cada uno de los 20 diputados que conforman esta legislatura cuesta al pueblo morelense una suma escandalosa: 75 mil pesos mensuales en dieta, 85 mil pesos adicionales en ayuda social y 20 mil pesos en viáticos, sumando un total de 180 mil pesos mensuales por individuo, más lo que se acumule en la semana.

PRESUPUSTO MILLONARIO PARA DIPUTADOS LOCALES.- Esto se traduce en 2 millones 160 mil pesos al año por diputado, casi 6 millones en el trienio y un desorbitante total de 129 millones 600 mil pesos para todos los representantes durante los tres años de su mandato.

Pero eso no es todo. Mientras que en el pasado, con 30 diputados, el presupuesto asignado era de 400 millones de pesos anuales, hoy en día, con solo 20 diputados, han logrado incrementar su presupuesto a 580 millones de pesos, es decir, 180 millones siendo 10 legisladores menos. Este aumento desmesurado no solo carece de transparencia en su uso, sino que evidencia una falta de responsabilidad hacia los contribuyentes de Morelos.

Es lamentable observar cómo esta legislatura ha priorizado sus propios intereses económicos sobre los de la ciudadanía que supuestamente representan; las modificaciones legislativas que han impulsado, muchas de ellas en beneficio propio, así como las designaciones cuestionables que han llevado a cabo, como las relacionadas con las magistraturas, son un claro ejemplo de cómo el poder legislativo se ha convertido en un terreno fértil para prácticas dudosas y negocios millonarios disfrazados de decisiones públicas.

Por ello, diversos sectores de la población entre ellos abogados, empresarios y ciudadanos de Morelos han exigido transparencia y rendición de cuentas a los pseudo representantes populares siga siendo de la clase privilegiada, tratando de impedir que continúen enriqueciéndose a costa del erario mientras la mayoría de la población enfrenta dificultades económicas.

PRIVILEGIOS A LEGISLADORES; OLVIDO A FAMILIAS POBRES.- En el estado de Morelos, los números de la tragedia humana se acumulan: casi seis mil homicidios dolosos y más de doscientos femicidios en un solo sexenio. Detrás de cada cifra, hay familias destrozadas, niños y niñas enfrentando la ausencia de sus padres y madres, y comunidades sumidas en el dolor y la incertidumbre.

Sin embargo, en medio de esta realidad desgarradora, el panorama político muestra un contraste alarmante, basta recordar la aprobación de una pensión mensual de 30 mil pesos para los hijos e hijas de diputados fallecidos en el ejercicio de su cargo que causó indignación y resentimiento entre los ciudadanos; esta medida, aprobada con rapidez y sin debate público significativo, se presenta como un monumento a la desconexión de nuestros legisladores con las verdaderas necesidades y prioridades del pueblo que dicen representar.

La primera beneficiaria de esta nueva ley es la hija de la exdiputada Gabriela Marín Sánchez, quien fue trágicamente asesinada en octubre de 2022; mientras las familias de las miles de víctimas de la violencia en Morelos siguen esperando justicia y respuestas, el Congreso local hace mutis y de forma taimada, se desentendió del problema que provocaron ellos mismos con esas reformas demostrando una profunda brecha entre los privilegios de la clase política y la realidad de la mayoría de los morelenses.

Es inaceptable que en un estado donde la impunidad y la falta de recursos son moneda corriente para las víctimas de la violencia, los legisladores opten por proteger y enriquecer a los suyos en lugar de garantizar justicia para todos; la falta de transparencia y ética en este proceso legislativo deja en claro que las verdaderas prioridades de nuestros representantes están muy lejos de las necesidades reales del pueblo.

Hoy, a casi dos años del asesinato de la diputada Marín, la falta de avances en las investigaciones es una afrenta más a la memoria de quienes perdieron la vida en Morelos, mientras tanto, los recursos y el tiempo de nuestros legisladores se destinan a asegurar beneficios económicos a sus familias, mientras que miles de niños y niñas en situaciones similares, hijos de maestros, médicos, enfermeras y trabajadores de todos los sectores, luchan por sobrevivir sin ayuda ni reconocimiento.

La verdadera justicia y equidad exigen medidas que atiendan las necesidades de todos los ciudadanos por igual, no privilegios para unos pocos elegidos. Es hora de que la voz del pueblo sea escuchada y que los responsables de legislar actúen con la sensibilidad y la responsabilidad que merece la ciudadanía. Morelos merece más que leyes que perpetúen la desigualdad y el favoritismo.

MÁS ABUSOS.- En medio de una crisis económica que azota a millones de mexicanos, la clase política en Morelos parece vivir en una realidad aparte, donde el despilfarro de recursos públicos es moneda corriente. Y es que se reveló que el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, realizó el pago de un polémico gasto de 200 mil pesos para cada ex legisladores y sus familiares, simplemente por haber ocupado un cargo público décadas atrás. Este acto no solo roza la injusticia, sino que revela una falta de responsabilidad fiscal alarmante.

Pero la voracidad de los representantes locales no termina ahí, según denunció recientemente el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, los diputados de Morelos tienen la intención de autoasignarse un "bono de fin de legislatura", cuyo monto alcanzaría la obscena cifra de un millón de pesos por cada uno, sumando un total de 20 millones de pesos del erario público. ¿Cómo es posible que en tiempos de austeridad proclamada, los que deberían dar ejemplo sean los primeros en aprovecharse del sistema?

Este tipo de prácticas no solo son moralmente cuestionables, sino que también evidencian un profundo desprecio por las necesidades reales de la población, mientras muchas familias morelenses luchan por sobrevivir día a día, los legisladores locales parecen vivir en un mundo de privilegios y excesos.

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