Serpientes y escaleras - Se acabaron los pretextos

La gobernadora ya tiene todos los elementos para castigar a los corruptos

Se acabaron los pretextos

Con la designación de un nuevo fiscal anticorrupción, Margarita González Saravia tiene todos los elementos para cumplir su promesa de castigar la corrupción y poner un alto a la impunidad. La oferta de la gobernadora es la misma que han hecho los últimos dos gobernadores, pero a diferencia de ellos, la dama está en condiciones de hacer valer su palabra. ¿Lo hará?

Los abusos de poder han sido constantes en Morelos desde hace varios años y casi todos han quedado cubiertos por la complicidad política; las faltas cometidas están a la vista, muchas veces se documentaron y en todos los casos fueron del dominio público. Aún así nunca hubo castigo.

Cuauhtémoc Blanco se la pasó seis años prometiendo encarcelar a los corruptos, pero siempre justificó su falta de actuación con el hecho que las fiscalías estaban a cargo de figuras vinculadas al gobierno anterior. Y era cierto: Uriel Carmona y Juan Salazar fueron designados por Graco Ramírez y nunca permitieron que los procesos en contra de figuras cercanas al tabasqueño avanzaran.

La protección que los fiscales daban a los graquistas no era exclusiva: Juan Salazar y su equipo hicieron del proceso de fiscalización un negocio a través del cual obtuvieron mucho dinero. Era secreto a voces que en la fiscalía anticorrupción se negociaban los casos, se pasaban igualas y se “mataban” los asuntos a cambio de fuertes cantidades de dinero.

Y aunque no hay pruebas de ello, tampoco existen dudas, porque a lo largo de toda su existencia la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos nunca sancionó a ninguna figura importante, ni castigo alguno de los muchos casos de corrupción que se presentaron en estos años.

Para no actuar los gobernantes utilizan constantemente como excusa la “falta de pruebas”; con este argumento evaden la realidad porque alegan que no pueden proceder sin elementos que demuestren las acusaciones; “sería tanto como validar rumores” dicen.

Cierto y no: porque aunque para algunas cosas es indispensable tener perfectamente documentados los temas, en otros casos la simple sospecha obligaría a, cuando menos, investigar para saber hasta donde las versiones son ciertas.

La corrupción en Morelos es evidente desde hace muchos años: gobernadores, alcaldes, funcionarios municipales y estatales han lucrado con el cargo, se enriquecieron, desviaron recursos públicos, hicieron negocios con el presupuesto y ganaron dinero a costa de la tragedia, como sucedió con el fondo de reconstrucción.

A pesar de ello no ha pasado nada: ningún funcionario de primer nivel ha sido llamado a cuentas y nadie ha regresado el dinero robado; la fiscalía anticorrupción de Morelos se convirtió en estos últimos años en la guarida de los corruptos, en el espacio donde se denuncian las irregularidades, se identifican y documentan las faltas, pero también en donde se negocia el perdón a cambio de dinero.

Juan Salazar dejó el cargo y también una estela de dudas en el proceder de la dependencia; al nuevo titular de la FECC le queda un desafío muy grande que comienza por la indispensable renovación de la institución, porque no hay manera de que las cosas avancen con el mismo personal que a lo largo de los últimos años ha hecho de la fiscalización un negocio personal.

Políticamente hablando la historia es aún más compleja, porque la llegada de Leonel Díaz Rogel a la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción cierra la pinza en las fiscalías y otorga al gobierno de Margarita González Saravia todos los elementos para actuar en contra de quienes han abusado de los recursos públicos.

En este punto el gobierno morenista ya no tiene pretextos, ni manera de evadir la responsabilidad, sobre el escritorio del fiscal están las carpetas de investigación presentadas por el gobierno anterior contra muchos funcionarios de la administración de Graco Ramírez y también las que recientemente se ingresaron contra colaboradores de Cuauhtémoc Blanco.

Son muchos casos pendientes por resolver en esa oficina y hay algunos que llaman la atención por lo que representan; ahí está el desvío multimillonario cometido con el dinero destinado a la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo del 2017, cuyos responsables del manejo del dinero fueron Sergio Beltrán Toto y Alexis Ayala.

También está el caso del exalcalde Antonio Villalobos, contra quien el gobierno de José Luis Urióstegui ha presentado medio centenar de denuncias y a pesar de ello no existen avances, ni ánimo de sancionar. Lo mismo ocurre en Jiutepec con las querellas presentadas por el alcalde Rafael Reyes contra su antecesor Manuel Agüero.

En los casos de los gobiernos de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco hay demandas por malos manejos financieros en las áreas de salud, obra pública, medio ambiente, la DGPAC, desarrollo económico, agricultura, agua… pero ninguna acción contundente; en algunos casos se iniciaron procesos y se vinculó a los acusados, pero nada más: los ladrones siguen libres, sin resarcir el daño ni perder el sueño.

Bajo el mando de Juan Salazar la FECC se convirtió en la cueva de Ali Babá, el poder y los recursos de esa oficina se utilizaron también para hacer política, para presionar a los enemigos, para proteger a los incondicionales y generar alianzas que fueron más allá de lo institucional.

Un caso particular en esto es el del exdiputado Julio César Solis, quien formó parte del séquito personal del fiscal Uriel Carmona y desde ahí construyó complicidades con la fiscalía anticorrupción; el primer apoyo que logró el legislador naranja fue para su esposa, señalada por haber cometido diversos actos de corrupción en la entrega de pensiones doradas; después uso ese poder para salvar a colaboradores que se vieron involucrados en temas ilegales, algunos incluso relacionados con grupos de la delincuencia organizada.

Karina Arteaga violó la ley, cometió delitos y todo quedó documentado, pero bajo el argumento de haber tomado el criterio de oportunidad, su caso se mandó a la congeladora y nadie, ni ella ni los beneficiarios de las pensiones pagaron. El daño que esas pensiones causa al erario morelense es enorme, la ilegalidad está plenamente comprobada y a pesar de todo no hubo acción de la FECC.

El trabajo del nuevo fiscal está ahí, en la atención de ese tipo de casos, pero su reto institucional va más allá de la inmediatez de los asuntos. Para la ciudadanía la expectativa es que el nuevo funcionario haga lo que no hizo su antecesor: castigue a los culpables y los obligue a resarcir el daño; para el gobierno la historia es otra: dependiendo de lo que haga Leonel Díaz se confirmará o no que el discurso de honestidad de la gobernadora es real.

Leonel Díaz Rogel no llega al cargo con bombo y platillo, no representa la cuota política de un grupo, ni tampoco aparece con la raigambre de otros abogados que a lo largo de los años han sobresalido por litigar en medios. La suya es una personalidad discreta, ordenada, es un jurista estudioso que a lo largo de muchos años se ha mantenido activo, pero fuera de los reflectores y de las luces mediáticas.

La fiscalía es la posición más importante ocupada hasta ahora por Díaz Rogel y podría ser también el punto que lo confirme como un hombre de estado, como un funcionario que da resultados y que a diferencia de su antecesor, antepone la honorabilidad y la ética por encima de la conveniencia personal y los intereses de grupo.

El trabajo del nuevo fiscal anticorrupción es importante para la institución, pero será determinante para saber hasta dónde quiere llegar la gobernadora en el combate a la corrupción.

·         posdata

En menos de un mes se cumplirá un año de la elección en la que Margarita González Saravia se convirtió en la primera gobernadora de Morelos. El tiempo vuela.

Por “usos y costumbres” Morena instauró procesos internos larguísimos, precampañas de dos años que provocan una muy tempranera actividad política interna. Y eso no va a cambiar.

La dirigencia nacional está mandando señales de cómo será el proceso venidero y uno de los caminos es la afiliación. El partido ha hecho de la incorporación de militantes un gran negocio, porque sólo se puede hacer a través de una tableta y con un programa que solo venden sus proveedores.

Quienes más personas afilien tendrán un mejor ranking dentro del partido y como consecuencia mayores probabilidades de obtener una candidatura; en Morelos la figura que más está afiliando es el senador Víctor Mercado.

Víctor Mercado ha construido una importante red de relaciones dentro de la 4T y en el gobierno federal, es bien visto por la presidenta, es parte de la burbuja legislativa y de manera indirecta controla la delegación de Bienestar en Morelos.

Como aspirante al Senado de la república Víctor Mercado fue el candidato local más votado en Morelos: consiguió más de 544 mil votos, 87 mil menos que Sheinbaum y 35 mil más que Margarita González Saravia; y lo hizo con su propia estructura.

Mercado Salgado tiene un objetivo político en el 2027 y en el 2030, va tras él, no pedirá permiso, ni le tomará la opinión a la gobernadora; Víctor sabe lo que necesita y tiene los recursos necesarios para lograrlo.

El senador está vigente, tiene presencia en territorio, en el aire y en las estructuras de poder; el bono extra es que, además, será el morenista que más morelenses afilie al partido en este 2025.

¿Alguien duda que será un fuerte candidato a la alcaldía de Cuernavaca y luego a la gubernatura de Morelos?

·         nota

La línea política en Morena será nacional, porque la dirigencia estatal es inexistente. La gobernadora debería ser la figura que marque la pauta, pero Margarita González Saravia está más concentrada en las tareas de su gobierno que en la estrategia del partido. Y eso está bien.

El problema para la 4T es que los tiempos avanzan rápido y sin reglas claras, lo que viene será una guerra de guerrillas que dividirá al partido y favorecerá a la oposición.

Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de la gobernadora, en su equipo y en su partido, sin que ella se dé cuenta y sin que nadie haga algo para atender las necesidades o resolver los problemas.

Cuidado: los descuidos se pagan muy caro.

·         post it

Los eventos son buenos, pero no suficientes para sostener la imagen de un gobierno. Pronto la gente comenzará a exigir resultados tangibles.

·         redes sociales

Cada quince días el Poder Judicial de Morelos libera entre 3 y 5 personas detenidas, pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada, afirma el secretario Miguel Ángel Urrutia.

Lo que declara el titular de la SSP Morelos va en sincronía con lo que también ha dicho Omar García Harfuch: el problema son los jueces.

Mientras no se ponga un alto a la puerta giratoria, el problema delictivo no va a acabar.

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