Serpientes y escaleras - Los 4 pilares del gobierno

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - Los 4 pilares del gobierno

Carlos Urzúa renunció por discrepancias e imposiciones. Así es la 4T

 

Los 4 pilares del gobierno

La renuncia del secretario de Hacienda Carlos Urzua y la salida de Gualberto Ramírez a Unidad de Investigación de Delitos de Secuestro de Seido son dos bajas importantes en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y se suman al éxodo de personajes que apostaron por un cambio en México y empiezan a marcar distancia de la 4T. Lo que sucede en el gobierno federal no es distinto a lo que pasa en otros gobiernos de la Coalición y debe ser observado con cuidado por los gobernadores para que el  fenómeno no se replique. El manejo financiero, la seguridad pública y la política interna son claves en cualquier administración.

El primer efecto de la dimisión de Carlos Urzua fue la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y un movimiento en contra en la paridad cambiaria. Obvio: en su carta de renuncia el ex secretario de hacienda expuso algunos de los motivos que lo orillaron a abandonar el barco:

  1. “Hubo muchas discrepancias en materia económica, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento"
  2. “Toda política económica debe de realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos los efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda”
  3. “Las convicciones anteriores no encontraron eco”
  4. “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”

Lo que sucede hoy en el equipo del Presidente López Obrador es algo que se veía venir desde hace tiempo; el mesianismo del presidente, su actitud frente a la crítica, la relación con su equipo, sus impulsos y ocurrencias, la imposición de decisiones sin sustento técnico ni lógica política y los “otros datos” que siempre tiene a la mano comienzan a hacer estragos.

En esta ocasión no hablamos de la perversa mafia del poder que le pone piedras en el camino ni de la prensa fifí que le pone peros a todas sus ideas; la salida del secretario Urzúa, como él mismo lo señala, es por razones personales, internas, que tienen que ver con discrepancias en la toma de decisiones e imposiciones del jefe del ejecutivo. ¿A quién le va a echar la culpa ahora el presidente?

Pero lo que ocurre a nivel nacional no es distinto a lo que vemos en otros gobiernos de la 4T. En la Ciudad de México, en Morelos y en Veracruz se replica esta misma práctica, se actúa con la misma línea y se cometen los mismos errores; con la diferencia que ni Claudia Sheinbaum, ni Cuauhtémoc Blanco ni Cuitláhuac García tienen la personalidad, el liderazgo, ni los 30 millones de votos que respaldan a Andrés Manuel López Obrador.

Hablemos de Morelos:

La administración pública morelense, como cualquier otra, se soporta en pilares básicos: la Política Interna, el Manejo Financiero, la Seguridad Pública y la Comunicación. Históricamente han sido estos cuatro elementos los que cargan al resto del gobierno, es a través de ellos como se construye la gobernabilidad y con ellos como se alcanzan (o se pierden) los objetivos. Si cualquiera de ellos falla, el gobierno se tambalea.

Después de lo visto en el gobierno federal sería importante que el gobernador de Morelos revisara lo que pasa en su gabinete, que hiciera un análisis de la situación o simplemente le preguntara a alguien (que no sea el jefe de la oficina de la gubernatura) cómo van las cosas.

Nueve meses después de que inició el sexenio el panorama estatal para el gobierno luce complicado, ya hay signos de alerta en varios rubros, existen asuntos sin resolver, existen muchas presiones fuera y dentro del gobierno y se percibe una evidente división en el gabinete. Nada distinto a lo que ha ocurrido en otros gobiernos, pero llamativo por la forma y la rapidez como se les han descompuesto las cosas.

Regresemos a la pregunta básica: ¿Cómo van los cuatro pilares del gobierno? O planteémosla de otra manera ¿Está la administración de Cuauhtémoc soportada en estos cuatro ejes o se intenta conducir por otra vía?

En las últimas semanas Morelos ha mostrado una mejoría en materia de seguridad; sin echar campanas al vuelo ni dejar de ver los hechos violentos que siguen ocurriendo, cuantitativa y cualitativamente el panorama se ve mejor hoy que hace un mes, aunque los ciudadanos no tenemos claro el porqué de la mejora.

El punto es que este espacio de tranquilidad debe ser aprovechado por el gobernador para revisar el funcionamiento de su gobierno, para poner en orden a su equipo y definir una agenda gubernamental que no sea reactiva a los conflictos, que no opere en función de los problemas, ni actúe por presiones o coyunturas.

Los tiempos en política son claves y las oportunidades rara vez se repiten; Cuauhtémoc Blanco estuvo en el lugar y momento adecuado para ganar la elección de gobernador, recibió la oportunidad de competir bajo las siglas de un partido que iba a arrasar y hoy tiene el reto de gobernar en un ambiente por demás complejo.

Uno a uno esta administración ha dejado ir momentos clave para revertir los problemas, se ha desgastado en enfrentamientos estériles y ha perdido tiempo valioso que hoy necesita; el panorama nacional se complica con la salida del secretario federal de Hacienda y este fenómeno sin duda impactará en la política económica nacional, sobre todo cuando sabemos que el presidente nunca se equivoca y cuando eso sucede, siempre busca un culpable o echa mano de un distractor para evadir su responsabilidad. ¿Cuánto falta para que un gobernador sea la Caja China del presidente?

Los gobernadores (incluyendo el nuestro) deben aprender a leer política bajo el lenguaje de la 4T y entender de lo que está haciendo el gobierno federal; particularmente los gobiernos de la coalición tienen que verse en ese espejo y actuar antes de que les exploten los mismos problemas.

Pronto en la tierra de Zapata podríamos ver un escenario similar al que observamos hoy en el gobierno del presidente López Obrador; no es lejano que alguno de los personajes importantes de la administración de Cuauhtémoc Blanco tire la toalla por los mismos motivos que públicamente expuso Carlos Urzúa en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda. La diferencia es que Cuauhtémoc Blanco no tiene la popularidad ni el respaldo social de Andrés Manuel López Obrador.

Es tiempo de que el gobernador de Morelos comience a hacer política, que tome las riendas de su gobierno y haga entender a sus colaboradores que en un gabinete no puede haber dos bandos, porque se trata de un solo equipo.

El ex seleccionado nacional tiene que cuidar a los cuatro pilares de su gobierno.

  • posdata

A pesar de las pifias institucionales y la parcialidad de la Fiscalía Anticorrupción, algunos actos fuera de la ley cometidos en la administración pasada podrían ser sancionados. Los abusos, irregularidades y excesos cometidos por los graquistas son enormes e indefendibles, a pesar de la complicidad que existe entre Juan Salazar Núñez y la administración pasada. Los fraudes en obras públicas pueden ser los primero de varios asuntos que deriven en acciones legales contra los acusados.

Dos ex secretarios de la administración perredista de Morelos están señalados por actos de corrupción en el pago de obras inconclusas. Patricia Izquierdo y Topiltzin Contreras (de Obras Públicas y Medio Ambiente) comparecieron ante un juez y luego de varias horas, de los siete funcionarios a los que se intentó vincular a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público cuatro quedaron libres porque la Fiscalía Anticorrupción no acreditó (oootra vez) las acusaciones en su contra.

Entre los cuatro ex funcionarios que no fueron vinculados a proceso están el ex Secretario y el ex subsecretario Desarrollo Sustentable; quien sí fue vinculada a proceso es la ex titular de Obras Públicas, aunque podrá seguir el juicio en libertad.

La estrategia del equipo jurídico de Topiltzin Contreras fue responsabilizar de todas las imputaciones a Patricia Izquierdo, señalando que a su oficina correspondía realizar el seguimiento del avance de obras. Los funcionarios de la SDS y los de la SOP se reservaron su derecho a declarar y dejaron que los abogador hablaran.

El origen de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra los ex funcionarios es el pago de obras pagadas sin concluir, como la planta de valorización de residuos sólidos urbanos en Yautepec, por la que se liquidó el total de la obra con un costo final de casi 14 millones de pesos (13 millones 875 mil 287, divididos en tres pagos: 4 millones 166 mil 145, el primero; 8 millones 356 mil 335, el segundo;  1 millón, 352 mil 807, el tercero), con el aval del exsubsecretario y exsecretario.

Según su defensa ninguno de ellos tuvo conocimiento de que la obra no había sido concluida cuando autorizaron el tercer pago (se construyó solo el 40%); la empresa constructora (AMFI SA de CV) por cierto, era de reciente creación y únicamente tenía registrados seis trabajadores ante el IMSS.

La estrategia que siguieron los funcionarios para evadir su responsabilidad fue simple: échale la culpa a otros. Si esa es la línea y el gobierno actual la entiende puede comenzar a apretar tuercas para alcanzar a los verdaderos peses gordos (literal), los que robaron millones de pesos, los que abultaron sus cuentas, los que compraron propiedades en el extranjero, los que apostaron por la reelección y ahora meten dinero a para desestabilizar al estado.

La clave para que los asuntos avancen no está sólo en el cambio del fiscal anticorrupción, el gobierno estatal necesita mejorar sustancialmente sus demandas y pasar de la declaración ramplona al trabajo jurídico profesional. ¿Por qué no consultan a los buenos abogados que hay en el gabinete?

Una cosa es denunciar a los corruptos en las calles y otra muy diferente es armar expedientes de manera profesional.

Por eso pierden de todas, todas.

  • nota

En una legislatura que se perfila como la peor de la historia de Morelos, el que no cae resbala.

Ahora las acusaciones son en contra de la diputada priísta Rosalina Mazari, a quienes algunos considerábamos la única integrante valiosa y honorable del congreso actual; al parecer, según lo denuncian sus homólogas, la priísta también le ha entrado al cochupo y al negocio.

Las imputaciones son duras, la acusan de aprobar cuentas públicas municipales al margen de la ley y de hacer votar “hasta a los asesores”. Los señalamientos abren una interrogante ¿Lo hizo a cambio de dinero?

Hasta antes de esta legislatura Rosalina Mazari había mantenido una trayectoria intachable, se le reconocía por su trabajo y congruencia, por mantenerse firme a sus condiciones y respetar siempre las leyes. Algo paso en la última campaña, algo cambió cuando la joven negoció la posición plurinominal y repentinamente hizo todo lo que por años criticó.

Ahora sus homólogas la señalan y dejan entrever que detrás de sus actos ilegales hay intereses económicos.

Lo dicho: estamos frente a la peor legislatura de la historia, un lugar donde hasta las honestas aprenden a robar.

  • post it

Una vez que se supo el intento de los hermanos Adrián y Juan Carlos Terrazas porque el gobierno de Cuernavaca financiara con 30 millones a la empresa de uno de sus amigos, su negocio comenzó a tambalearse.

Obvio: quieren 30 millones para construir una planta de valorización y luego obtener la concesión municipal para trabajarla. ¿Y su nieve de limón?

La idea sigue viva en la mente de los panistas; todavía tratan de sacarle al alcalde el dinero para llevar a cabo su proyecto, sin reparar que las finanzas municipales no aguantan algo así.

Así es la ambición de algunos panistas. Lo único que hace diferentes a Gayosso de los Terrazas es que uno es gordo y ellos son flacos.

  • redes sociales

La evolución de los troles: ahora platican entre ellos.

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