Serpientes y escaleras - Las promesas de justicia

La corrupción se volvió uso y costumbre entre nuestra clase gobernante

Las promesas de justicia

La posibilidad de que el gobierno de Cuernavaca castigue los actos ilegales cometidos por el exalcalde Antonio Villalobos y algunos de sus colaboradores empieza con el hecho de que su área jurídica arme una buena denuncia, con elementos suficientes para que las autoridades judiciales procedan en contra de los corruptos. A nadie le queda duda que el en la capital se cometieron abusos, el reto de la nueva administración es comprobarlos y ponerle un alto a la impunidad. José Luis Urióstegui no es el primero que promete hacer justicia.

Si revisamos lo ocurrido en el estado en los últimos años encontraremos que los actos ilegales cometidos en las administraciones públicas se han vuelto una constante sin castigo. Desde la época de Manuel Martínez Garrigós se habló de proceder en contra de funcionarios públicos por mal manejo y desvío de recurso, pero nunca se ha dado un paso concreto contra los ladrones.

Lo mismo ha ocurrido en otros municipios como Jiutepec, en donde el alcalde Rafael Reyes se llenó la boca de promesas de justicia y combate a la impunidad en contra de su antecesor Manuel Agüero Tovar y no ha podido o querido hacerle nada; en Cuautla también han pasado administraciones visiblemente corruptas como las de Tadeo Espinoza o Jesús Corona y la regla se repite: impunidad.

Lo mismo podríamos decir en el plano estatal, en donde los últimos dos gobernadores han hecho severos señalamientos de corrupción en contra de sus antecesores y ninguno ha logrado probar nada, salvo en el caso de Cuauhtémoc Blanco con la vinculación a proceso de algunos exsecretarios.

La justicia es algo de lo que en Morelos se habla mucho, pero se conoce poco. Casos de abusos de autoridad, de corrupción, de malversación de recursos, enriquecimiento inexplicable y violaciones flagrantes a las leyes y a la constitución se han vuelto tan comunes que a nadie les llama ya la atención.

La impunidad en Morelos es un elemento propio de la política y del ejercicio público; muchos de quienes ejercen el poder del estado se mueven en terrenos legalmente pantanosos sin ningún tipo de pudor, ni preocupación de las consecuencias. Obvio: los actos de corrupción se han multiplicado de tal forma que se han formado redes de complicidad que hacen imposible que se actúe en contra de alguien sin que ello derive en consecuencias para otros. En castellano: el que roba hoy sabe que no habrá consecuencias porque el que llegue también va a robar.

Digámoslo de esta manera: actuar abusivamente y moverse fuera del estado de derecho se ha vuelto una práctica de usos y costumbres entre los gobernantes morelenses; bajo esa lógica el gobierno de Marco Adame Castillo operó a través de la esposa y los hijos del jefe del ejecutivo y luego la historia se repitió y se superó en el régimen de Graco Ramírez.

Los créditos públicos, el abultamiento de las nóminas, las aviadurías, los contratos inflados, las comisiones por obra pública, la concesión de facto de algunas áreas del servicio público (como el Sapac) y el negocio hormiga, pero millonario que se hace a través de las multas, infracciones y permisos municipales son cosa de todos los días en los ayuntamientos, permitida por los presidentes municipales y siempre en complicidad con los regidores.

El caso de Antonio Villalobos en Cuernavaca es un ejemplo claro de corrupción a plena luz del día; a pesar de que en la capital morelense hemos tenido presidentes pillos y de muy bajo perfil por su limitada formación académica, en el caso del exalcalde de Morena se rompieron los parámetros, porque nunca hubo un sujeto tan ignorante, torpe, arrogante, ambicioso y ladrón como Villalobos.

El saqueo cometido por la familia Villalobos en la capital es ofensivo no solo por el quebranto financiero que causaron al ayuntamiento, sino por la manera tan burda como actuaron. El daño de ese gobierno rebasa la afectación patrimonial en contra del ayuntamiento, se coloca en un punto mucho más profundo porque estableció un modelo de corrupción sin fronteras, sin recato ni límites. En otros momentos la descomposición municipal costo millones de pesos a la ciudad porque se inflaron los presupuestos o se desviaron recursos de las obras; en este caso, además de lo anterior, se dañó de manera directa a la ciudadanía porque a la sombra de la corrupción del alcalde se formaron grupos en las distintas áreas municipales que le ponían precio a muchos trámites que los ciudadanos tenían que realizar.

Recordemos algo: en el 2018 Andrés Manuel López Obrador enfocó su campaña en el combate a la corrupción y hasta la fecha mantiene esa idea como la base de su gobierno. El concepto que maneja el presidente no es una ocurrencia ni producto de la casualidad, el tabasqueño entendió a tiempo que la corrupción es un aspecto que mueve a la gente, que ha molestado por décadas a los ciudadanos y que representa el reclamo más sensible de los mexicanos. A partir del combate a la corrupción Andrés Manuel López Obrador ha elaborado todos los discursos de su gobierno en cada una de las áreas; mejorar el funcionamiento de las instituciones, apoyar a las clases más desprotegidas, repartir mejor la riqueza y trabajar con más eficiencia se logrará poniendo un alto a la corrupción.

En el caso de Morelos el discurso anticorrupción esta totalmente vigente, pero no se ha aprovechado más allá de la palabra; muchos políticos de todos los partidos hablan de combatir y acabar con la corrupción, de ponerle un alto a la impunidad y castigar a los ladrones. Lo dicen, pero no lo hacen porque las redes de corrupción van más allá de lo económico, también implican negociaciones o conveniencias de poder que a la vuelta del tiempo hacen que todo quede paralizado.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco enarboló el discurso contra la corrupción en campaña y lo ha mantenido vigente durante tres años, pero salvo la reciente vinculación a proceso de algunos exsecretarios, en su mayoría los actos jurídicos emprendidos por su gobierno contra las autoridades de la administración pasada duermen el sueño de los justos. En los municipios sucede lo mismo: los pocos alcaldes que se atrevieron a presentar una denuncia lo hicieron solo por forma, porque no les dieron seguimiento a los procesos y dejaron que el tiempo colocara los escándalos en el olvido, como sucede en Jiutepec.  

Ahora es Cuernavaca quien alza la voz en contra de un gobierno anterior y el tema vuelve a llamar la atención porque, primero, se trata de un presidente municipal distinto, que goza todavía de un alto reconocimiento social y hacia quien existe una amplia confianza pública porque es un hombre honorable que, por si fuera poco, es un excelente abogado.

La denuncia del gobierno de la capital en contra de funcionarios del pasado reciente debería proceder no solo porque se trata de un acto de justicia pública, sino porque el robo cometido en Cuernavaca fue burdo, desaseado y sin el menor cuidado de la ley. Con un abogado litigante como autoridad municipal sería imperdonable que las denuncias presentadas se cayeran por falta de pruebas.

En casi cuatro meses la nueva administración municipal no ha mostrado un cambio sustantivo en Cuernavaca, de hecho, en la víspera de que se cumplan los primeros cien días del nuevo gobierno muchos ciudadanos aún no perciben mejoras tangibles en la capital. Una actuación firme, decidida y contundente de las nuevas autoridades contra la familia Villalobos y sus aliados representaría la acción más valiosa de este gobierno, pero ello depende de que las denuncias sean consistentes y no solo una cortina de humo.

Obras como las que pretende hacer el gobierno capitalino en la ciudad las puede hacer cualquier alcalde. Justicia contra los corruptos solo la puede hacer Urióstegui. Ojalá lo entienda y lo haga.

• posdata

A propósito de obras, es llamativo que el proceso de reencarpetamiento asfáltico en Cuernavaca comience otra vez en las avenidas que menos lo necesitaban y que, de hecho, hace año y medio fueron renovadas.

Recordemos que el gobierno estatal implementó un programa de asfaltado en varias avenidas de la ciudad cuando el titular de obras era el tristemente célebre Fidel Giménez Valdés. Bajo su mando el gobierno estatal invirtió más de cien millones en las calles Diana, Río Mayo, San Diego y en colocar una capa de chapopote sobre el concreto hidráulico de la avenida Teopanzolco. Un año y meses después el gobierno de José Luis Urióstegui vuelve a meterle dinero a esas vialidades.

Ítem más: aunque los trabajos realizados por el otrora obradorista Giménez Valdés no fue el mejor (de hecho fue bastante malito), sin duda la empresa que realizó los trabajos fue más limpia y eficiente que la que contrató el municipio. Basta pasar por las calles recién remozadas para darse cuenta que si bien en el centro el asfalto está “planito”, en las orillas la obra es sucia y de mala calidad.

Peor: la multimillonaria inversión que pretende realizar en la capital el gobierno de José Luis Urióstegui podría pasar desapercibida no solo porque no se difunde (eso tiene que ver con la veda), sino porque los trabajos que se realizan no se notan, porque pasa mucho tiempo entre que pavimentan y señalizan las vialidades.

Sin duda el esfuerzo que realiza el gobierno de la capital en el rescate de la infraestructura urbana de Cuernavaca es importante, pero también es sustantivo que la administración municipal sea más eficiente en su comunicación.

José Luis Urióstegui es un buen hombre, pero como alcalde tiene un mal gabinete.

• nota

Está por cumplirse el octavo mes de la 55 legislatura de Morelos y cinco de ellos son de parálisis parlamentaria. Los actuales representantes populares generaron una alta expectativa de mejora, pero luego del primer trimestre, cuando se pelearon, toda la ilusión se vino abajo. Ahora todo es obtuso, nadie sabe qué pasa ahí, pero sobre todo nadie vislumbra cuál será el destino que dejará su enfrentamiento.

Legalmente hablando la razón la tiene el grupo del G11, porque a pesar de que su contraparte denunció abusos, despojos y diversas violaciones al proceso parlamentario, las autoridades judiciales les han dado la razón. En castellano: se agandallaron, pero con todas las de la ley.

Ésta no es una historia donde hay ganadores y perdedores, se trata de una narrativa en donde todos pagan un alto precio por sus acciones, algunos más que otros, pero nadie se queda libre de desgaste. Del lado del G11 destaca el liderazgo del diputado Francisco Sánchez, Agustín Alonso se ha apagado después del incidente de su sobrino y los otros dos exalcaldes fueron rebasados por las circunstancias; los demás representantes populares son relleno.

En el G8 la situación es peor: no existe liderazgo ni conducción política, Paola Cruz se ha quedado sola, sin el respeto de sus pares y sostenida solo por una línea nacional; Tania Valentina se mueve a partir de su propia agenda y Mirna Zavala está en el limbo, porque pertenece a un partido sin futuro que desaparecerá en las próximas elecciones.

Pocos de quienes integran la actual legislatura van a trascender a su periodo. En un año veremos a todos los diputados preparando su campaña y en menos de dos estarán deprimidos porque entenderán que no tienen futuro político.

• post it

El consejero jurídico del gobierno estatal le pidió al poder judicial que aplique la misma medida cautelar a los demás personajes demandados por actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez; y enumera: hay 27 exfuncionarios vinculados a proceso, cuatro de ellos exsecretarios, pero solo uno tras las rejas.

La petición llega en el marco del proceso de renovación del Tribunal Superior de Justicia, justo cuando su titular Rubén Jasso pretende reelegirse.

¿Escuchará o como siempre hará oídos sordos?

• redes sociales

Esta semana concluye la veda. Quienes entienden el tema pudieron comunicar, respetando los parámetros que marca la ley. Los otros tomaron este tiempo como vacaciones en perjuicio de la institución que representan.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

Twitter: @eolopacheco

Facebook: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx