Serpientes y escaleras - La hora del lobo

Parece que finalmente se actuará en contra del gobierno de Antonio Villalobos

La hora del lobo

La presión sobre el ayuntamiento de Cuernavaca ha ido in crescendo paulatinamente; la luna de miel acabó y los reclamos contra el gobierno que encabeza José Luis Urióstegui se multiplican desde varios frentes. A pesar de que la problemática recurrente es la inseguridad, otros aspectos relacionados con la operatividad del municipio comienzan a tomar fuerza en la agenda municipal. El tiempo para que el presidente municipal reaccione se agota.

La fama pública que acompañó al abogado durante la campaña del 2021 ha dejado de ser un blindaje efectivo contra la crítica; incluso su carácter tranquilo, su prudencia característica y su actitud bonachona comienzan a verse como una debilidad ante una realidad que demanda decisiones firmes de quien conduce la comuna.

Sin duda en estos primeros ocho meses han pasado cosas buenas y se han resuelto asuntos añejos de la ciudad, pero la incapacidad del gobierno municipal para comunicarlas ha ido en perjuicio directo de la percepción. Digámoslo en castellano: si la gente no sabe lo que se ha hecho, es imposible que lo valore.

Los temas irresueltos por el municipio están presentes prácticamente en todas las áreas, los hay heredados por otras administraciones, producto de la complejidad natural de una ciudad cosmopolita como Cuernavaca, pero también derivan de la falta de capacidad de un equipo de gobierno multifacético que responde a diferentes intereses y que no está a la altura de las necesidades de la capital.

La semana pasada José Luis Urióstegui se refirió a los problemas que enfrenta la ciudad y a la incapacidad de su gobierno para atenderlos; justificó la situación por los enormes adeudos heredados y por primera vez desde que asumió el cargo anunció acciones concretas contra funcionarios del gobierno anterior.

La mención es importante porque podría representar un antes y un después en el gobierno del abogado; desde la campaña se especuló que entre el alcalde saliente y el entrante existía una especie de pacto de no agresión que derivaría de los apoyos institucionales que Antonio Villalobos brindó a José Luis Urióstegui durante la campaña. Nada se comprobó, pero las reuniones entre ambos y la prudencia excesiva que mostró el abogado respecto al gobernante saliente dieron credibilidad a este rumor.

La confirmación de que el gobierno actual procederá contra funcionarios del gobierno anterior por actuaciones fuera de la ley y daño al patrimonio municipal no es cosa menor; es claro que Antonio Villalobos abusó del cargo, del presupuesto y de las instituciones municipales, que el patrimonio de este personaje se incrementó exponencialmente en tres años y no existe manera de justificar que su nueva riqueza es bien habida, pero también es sabido que no lo hizo solo.

La historia no es individual, es verdad pública que ese gobierno se manejó en familia y que dentro del gabinete existieron algunas personas con influencia muy superior a su encargo formal, léase la secretaria de la presidencia Laura Mendizabal, el tesorero José Quiñonez y el secretario del ayuntamiento Erick Santiago Romero. Nada de lo ocurrido en el pasado reciente sucedió sin el conocimiento y/o participación de estas tres personas.  

El daño que la administración de Antonio Villalobos provocó a la ciudad es enorme y su cuantificación va más allá de lo económico; bajo su sombra creció una red de corrupción que operaba en varias secretarías, que incluía al sistema de agua potable y por acciones y omisiones provocó daños a miles de familias avecindadas en la capital.

Lo peor que le puede suceder a una administración pública es que dentro de la misma se creen grupos que aprovechan las instituciones para sacar raja económica personal; equiparado al narcoestado al que varias veces se ha referido el gobernador Cuauhtémoc Blanco, lo que pasó con el ayuntamiento de Cuernavaca es que anidó a múltiples grupos que han multiplicado la corrupción en perjuicio de los habitantes. En el gobierno de Antonio Villalobos se institucionalizó el cobro de piso.

Sumado lo anterior a los excesos personales, la desviación de recursos públicos, los compromisos financieros y legales realizados por el gobierno anterior más allá de su periodo y la deuda millonaria con cargo a Cuernavaca, lo que queda es una ciudad que operativamente está a punto del colapso y no tiene la capacidad financiera para solventar los problemas pasados y presentes.

Denunciar a los funcionarios que causaron esta situación no resuelve el problema, pero es una muestra de que no existe complicidad, ni se promoverá la impunidad, lo cual por si mismo pone un freno a estas acciones para que no se repitan; ante el incremento de la presión social y la multiplicación de los reclamos, una decisión de este tipo va más allá de lo lógico, se convierte en un acto estratégico para mantener vigente la imagen honorable de José Luis Urióstegui.

Las denuncias contra funcionarios que habrían cometido las faltas ya fueron presentadas y a decir del alcalde, existen todos los elementos de prueba que acreditan los hechos; a la distancia cualquier ciudadano puede dar cuenta de que lo ocurrido en el trienio anterior no solo fue ilegal y abusivo, también fue cínico y a la vista de todos; el reto de la autoridad municipal es documentarlo para que las sanciones se apliquen.

Pongámoslo de esta manera: al iniciar su periodo como presidente municipal, Antonio Villalobos declaró oficialmente que no tenía patrimonio alguno: ni casas, ni autos, ni dinero en el banco; al término de su periodo de gobierno contaba con una docena de vehículos de lujo, varias motos con un valor superior a los 700 mil pesos y media docena de propiedades en la ciudad, en el puerto de Acapulco y en el extranjero. Todo con su único salario de presidente municipal. ¿Alguien duda que es producto de la corrupción?

Casos como el de Antonio Villalobos representan, además de un atropello, una burla para la ciudadanía. Para la gente es claro que el exalcalde, su familia y sus colaboradores cercanos se enriquecieron a costa de la ciudad, pero para el presidente municipal actual esta situación conlleva un daño patrimonial que le impide trabajar adecuadamente y un costo social enorme, porque al no haber justicia se especula que entre ambas administraciones existe complicidad.

Frente a los claroscuros de su gabinete, la actuación firme en contra de los corruptos es una medida acertada que salvaguarda la integridad, el honor y el valor más importante que tiene José Luis Urióstegui como servidor público: su honestidad.

El reto está en que las denuncias que presente no se queden en letra muerta, ni sigan el camino de las que, por ejemplo, ha presentado el gobierno de Cuauhtémoc Blanco contra los graquistas; denunciar solo por cubrir las apariencias a la vuelta del tiempo es contraproducente.

Confiemos que la actuación del ayuntamiento actual contra funcionarios del régimen anterior proceda.

Lo menos que se espera de un abogado es que sepa armar un buen expediente.

• posdata

Carlos Salinas de Gortari concluyó su mandato como presidente de México en 1994; tan solo unos meses después del cambio de banda presidencial, el gobierno de México cayó en una profunda crisis económica conocida como “el error de diciembre”.

Desde entonces y hasta la fecha al expresidente Salinas de Gortari lo han acusado de corrupto y el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha señalado incansablemente como el jefe de “la mafia del poder”.

Muchas historias se han contado en torno a ese gobierno, la mayoría refieren actos de corrupción y abusos de poder que derivaron en un saqueo multimillonario; entre las complicidades que más se han destacado está la venta de Telmex a Carlos Slim y el sistema mexicano de televisión, hoy llamado Televisión Azteca, a Ricardo Salinas.

Empero, hasta ahora nadie ha podido probarle al expresidente Carlos Salinas de Gortari un solo acto de corrupción; a pesar de que su hermano Raúl fue encarcelado por su supuesta participación en el asesinado de José Francisco Ruíz Massieu, a él en lo personal ningún gobierno, ni el actual, le ha podido acreditar una sola falta. Pese a ello su fama de corrupto esta fuera de dudas. Ergo: que a un político no se le comprueben sus fechorías no significa de ninguna manera que sea inocente; si ese fuera el caso también deberíamos considerar que Graco Ramírez es una persona honesta.

Sirva lo anterior como respuesta al mensaje del funcionario municipal Juan José Alcalá Ortega; el tema de corrupción del cual se habla insistentemente no es privado ni un rumor, es comentado por empresarios con nombre y apellido y más allá de la eventual presentación de una denuncia (¿ante quien lo pueden hacer sin tener repercusiones?), la mera especulación implica un daño grave a la imagen de una administración cuyo titular es un hombre decente a todas luces.

El funcionario en cuestión debería ser el primer interesado en atajar este tipo de “rumores” con una actuación acorde a la línea del presidente municipal; en la administración pública hay muchos personajes que intervienen, toman decisiones y a veces actúan por su cuenta; la cabeza no está para meter las manos al fuego por nadie, a menos que sea quien ordena que se hagan esas cosas.

“Mi interés en la administración es ayudar al proyecto actual” dice Alcalá Ortega; si es así hay que ser congruente y actuar en consecuencia ¿A poco no ha escuchado lo que dentro del propio ayuntamiento se dice del área que maneja? ¿No le preocupa esa situación? ¿No le ocupa la fama pública que lo precede y ahora involucra a la cabeza del “proyecto”?

La función pública no es una tarea sencilla, ni apta para quienes solo buscan apoyar a un proyecto; en una ciudad tan rezagada como la nuestra se requiere gente especializada en cada área, conocedora de los temas, con experiencia y formación, comprometida con los habitantes y no solo con la persona que gobierna.

Hablando de compromisos: Juan José Alcalá trabajó en el gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco y en la campaña del 2021, cuando José Luis Urióstegui competía por la alcaldía, apoyó financieramente la campaña de su adversario Sergio Estrada Cajigal.

¿Así apoya los proyectos?

• nota

Esto es lo que dijo José Luis Urióstegui respecto a la actuación judicial en contra de Antonio Villalobos:

“Reportero- ¿Y las denuncias que se iban a presentar contra la administración de Antonio Villalobos?

Urióstegui- Se han presentado ya en la contraloría, algunas están en la etapa final para poder citar a los exservidores públicos y la contraloría sigue atendiendo los temas de las denuncias de carácter penal; será el ministerio público el que determine en qué momento los cita a declarar.

R- ¿Cuáles son los delitos?

U- Desviación de recursos, que es la figura más visible, tipificada.

R- ¿Habrá impunidad?

U- De ninguna manera, a nosotros nos ha costado mucho trabajo llevar finanzas sanas pero nos ha imposibilitado llevar acabo más acciones en beneficio de la población al tener que atender tantas deudas generadas, la faltas de sentencias administrativas o judiciales o laborales que no se cumplieron; hay convenios en donde el ayuntamiento adquirió obligaciones con el intereses que están generando todavía y que no hemos podido cubrir, todo eso genera un retraso en el avance de la obras de carácter social.

R- ¿Se tuvo un retroceso durante la Administración de Villalobos?

U- Cuernavaca es una Ciudad que por lo menos en los últimos diez años no ha tenido obras trascendentes, ha habido un mantenimiento que no ha sido suficiente para que los servicios públicos sean de calidad, hoy como tú has visto en muchas calles hay hundimientos porque colapsa la tubería de drenaje o la tubería de agua pluviales, hay mucha fuga de agua potable en la calles y se presentan hundimientos en algunas vialidades como consecuencia de ello, eso te da una idea clara del abandono de la ciudad y de que no se le ha invertido el dinero que tendría que haberse hecho para actualizar estos servicios.”

• post it

Cosas de política: detienen a una persona por portación de arma y resulta ser consejero electo de Morena; de inmediato empiezan los ataques entre morenistas aludiendo el grupo al que pertenece la persona detenida.

Lo dicho: el enemigo más grande de Morena son los morenistas.

• redes sociales

Tuiteo, luego existo.

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