Serpientes y escaleras - La hora de la seguridad
En opinión de Eolo Pacheco
La inseguridad está marcando la agende de la presidenta y dañando la imagen de la 4T
La hora de la seguridad
El asesinato del alcalde Carlos Manzo podría marcar un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país; se trata del hecho de violencia más delicado que ha enfrentado el gobierno de Claudia Sheinbaum, el primero que toca directamente al súper secretario de seguridad pública federal y el que está uniendo a muchos ciudadanos en una misma lucha. Minimizar el tema o tratar de ubicarlo en un plano partidista ha sido un grave error del gobierno federal. Si se les va de control, Uruapan puede ser el punto de quiebre de Morena.
La manera como la presidenta y su equipo enfrentaron esta situación fue mala desde el principio; aquella primera rueda de prensa mañanera después del crimen podría convertirse en material de estudio político, periodístico y de comunicación, porque mostró todo lo que no se debe hacer en un momento de crisis. Enojarse, minimizar, acusar a los medios y a las redes sociales, culpar a un gobierno que terminó hace trece años y enfurecerse contra los críticos y no contra los asesinos, fue un coctel molotov para una presidenta que hasta ese momento llevaba las cosas con relativo orden.
La estrategia implementada comenzó mal y siguió peor cuando vino la agresión contra Claudia Sheinbaum: un sujeto intentó tocarla en la calle y ese momento se volvió la bandera de los morenistas tratando de cambiar la narrativa, alegando acoso, agresión y falta de respeto a las mujeres; para muchos, este hecho fue visto una cortina de humo.
Las damas de la 4T y todos los gobernantes del movimiento alzaron la voz al unísono condenando algo que sin duda fue grave, pero de lo cual tuvo mucha responsabilidad el equipo de seguridad de presidencia, que permitió que un tipo se acercara de esa manera a la jefa del ejecutivo. El respaldo político fue muy sólido, pero no mayor que el desprecio social.
Veámoslo de esta forma: gobernantes, legisladores y miembros prominentes de la 4T enarbolan el discurso de acoso a Claudia Sheinbaum, pero no dicen nada sobre el asesinato de Carlos Manzo, ni tampoco recuerdan a la profesora de Veracruz que fue ejecutada por un grupo criminal, o la madre de las buscadoras que desapareció y cuyo cuerpo fue posteriormente encontrado sin vida con signos de tortura.
El crimen de Carlos Manzo no es el hecho más grave que ha ocurrido en el país en el último año, pero se está convirtiendo en la gota que derrama el vaso de una sociedad cansada de tanta violencia y muy pocos resultados. El asesinato del alcalde de Uruapan Michoacán desató una sensación de hartazgo ciudadano que hasta ese momento estaba contenida; hoy vemos las expresiones y los comentarios de mucha gente que está enojada por tanta violencia y la incapacidad del estado para garantizar un derecho básico: la vida.
Por primera vez en muchos años podría estar gestándose un movimiento social auténtico, sin siglas partidistas ni banderas ideológicas, pero con una exigencia común: seguridad y justicia. Cuando la presidenta acusó a las redes sociales, quienes contestaron no fueron los medios de comunicación, sino muchos jóvenes que hasta ese momento no se interesaban en política y hoy se han vuelto promotores de la revocación de mandato y del rechazo a Morena.
Al canalizar su enfado hacia sus críticos, hacia los medios de comunicación, las redes sociales y los jóvenes que se organizan para reclamar justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum perdió la oportunidad de tomar el liderazgo moral, empatía y autoridad en el país en un momento de crisis.
Otra cosa veríamos si la jefa del ejecutivo hubiera encabezado desde el principio el rechazo a la violencia, si hubiera prometido detener a los culpables y mostrado más empatía con las víctimas de la violencia. Contrario a eso fue ella misma la que politizó el discurso y al hacerlo, enrareció el ambiente.
Esta situación debe verse con cuidado en todos estados de México, principalmente en aquellos como Morelos, en donde la inseguridad es un problema vigente, donde los últimos gobiernos han fallado en el combate a los grupos criminales y ninguno de los últimos cinco gobernadores ha cumplido su promesa de pacificar el estado.
La de Morelos es una historia que se repite, con autoridades coludidas, funcionarios incapaces, políticos cómplices, instituciones infiltradas, ministerios públicos al servicio de intereses privados, violencia crónica y una sensación permanente de miedo que se ha convertido en parte del paisaje urbano. La presión nacional por el caso Manzo, sin duda se siente también en la tierra de Zapata.
Cinco administraciones han pasado desde aquel desastroso régimen de Jorge Carrillo Olea y ninguno hasta ahora ha logrado revertir la tendencia negativa; cada gobierno ha dado el mismo diagnóstico, echado las mismas culpas, puesto los mismos pretextos y repetido el mismo error: subestimar la dimensión política de la inseguridad.
Margarita González Saravia enfrenta ese dilema: su gobierno está entrando a un punto crítico donde la percepción sobre inseguridad aumenta y se combina con la salida de un fiscal de toda su confianza; en el escenario aparece la necesidad de volver a elegir a funcionario que cumpla con las necesidades del estado, que sea confiable, leal y que responda institucionalmente a su proyecto, no a la agenda de la delincuencia. Y todo ello debe ocurrir en el corto plazo.
La designación del nuevo fiscal no será una decisión administrativa, se trata de una definición de rumbo; Morelos está a unos meses de iniciar el proceso electoral intermedio y quien encabece la fiscalía marcará el tono político, judicial y social del sexenio. La fiscalía no es un puesto técnico, es la llave del control institucional del estado.
Y es que, en la forma, quien ocupe ese lugar tendrá diversos encargos que afectan de manera directa la gobernabilidad y la percepción: desde esa posición tan importante será el encargado de sostener o romper la confianza pública, determinará si los delitos cometidos por Uriel Carmona y muchos políticos corruptos, empezando por Antonio Villalobos, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco se juzgan o se mantienen en el limbo. En medio de una ola de violencia nacional, la fiscalía será también la instancia cuyo proceder fortalecerá o desfondará al gobierno estatal.
Margarita González Saravia no puede repetir los errores del pasado, ni montarse en la narrativa de que las cosas están bien y el problema es la percepción, porque esa misma lógica fue la que esgrimía Graco Ramírez y le costó muy caro. La gobernadora debe entender que la inseguridad y la violencia, reales o percibidas, pueden ahogar su gobierno como lo hicieron con los anteriores.
En un país donde la sociedad comienza a organizarse sola frente al miedo, los gobiernos que no asumen su responsabilidad o no dimensionan el impacto de este tipo de situaciones, corren el riesgo de quedarse sin narrativa, sin legitimidad y sin futuro.
Hoy la seguridad ha dejado de ser un problema técnico, es la frontera entre el poder y el colapso.
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Morelos es un estado municipalista y también, en los hechos, un estado donde los municipios están más cerca del crimen organizado que de las instituciones.
Pretender mejorar la seguridad sin la participación de los ayuntamientos es ingenuo, pero suponer que todos los alcaldes están limpios de relaciones criminales sería un grave error de cálculo.
La violencia que se padece en Morelos no se puede combatir solo desde el escritorio y la percepción no cambiará solo con números oficiales. En “la realidad” como lo señala la gobernadora, los números pueden mejorar, las detenciones pueden aumentar y los operativos pueden multiplicarse, pero si la gente no lo siente, política y socialmente no existe.
Hoy la percepción rebasa la realidad, y si eso no se corrige, terminará por ahogar al gobierno. Justo como ahogó a los anteriores.
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El exrector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido por elementos federales y encarcelado en una prisión de máxima seguridad por delitos asociados a la llamada Estafa Maestra.
La trama de esta historia tiene muchas variables, involucra a diversas personas, pero en el caso de Morelos recae en tres figuras: Alejandro Vera, Gerardo Ávila y Wistano Orozco.
Alejandro Vera ha dicho a través de una carta y en voz de su abogado, que es perseguido político, alega inocencia y asegura que nunca se sustrajo de la acción de la justicia, porque siempre estuvo disponible en su casa de Cuautla.
El exgobernador Graco Ramírez celebró su captura aludiendo que, como él lo había dicho, Vera Jiménez era corrupto y había cometido delitos, por eso su gobierno lo persiguió. Es el ladrón gritando atrapen al ladrón.
El caso de Alejandro Vera es un ejemplo de descuido y exceso de confianza, el exrector no robó el dinero que se dice, pero tuvo un manejo financiero terrible, fue descuidado en los procesos y confió en personas que no debía. Quien lo llevó a firmar ese convenio y lo convenció de meter a la UAEM al programa federal que hoy lo tiene tras las rejas ni siquiera está señalado.
En cuestiones de administración pública no basta la intención, ni cuentan los buenos deseos: Alejandro Vera tuvo una muy buena mitad de su rectorado: se ganó el aprecio y respeto de la comunidad universitaria y destacó por la inversión que llevó a cabo en la infraestructura de la máxima casa de estudios.
La segunda mitad fue una historia distinta: sus corifeos lo convencieron de que podía ser gobernador, lo subieron a luchas sociales que nada tenían que ver con el trabajo universitario y lo enfrentaron directamente con el gobernador. Cuando Vera Jiménez dejó de ser rector y se asumió como precandidato encabezando marchas, todo lo bueno que hizo se vino abajo.
Hoy Alejandro enfrenta la justicia y difícilmente se librará de los problemas que tiene, porque cuando se puso a hacer política, quienes operaban al interior de la universidad aprovecharon la oportunidad para actuar a sus anchas e hicieron cosas punibles y merecedoras de castigo.
Wistano Orozco es un elemento clave de esta historia, a él le correspondió manejar el dinero y, según afirma su abogado, estaría listo para tomar el criterio de oportunidad, señalando a quienes tras bambalinas operaban las cosas y aún sin firmar papeles fueron responsables del quebranto.
Lo interesante en la trama no es la captura de Alejandro Vera, lo divertido vendrá cuando detengan a Wistano y diga todo lo que ocurrió detrás de la Estafa Maestra en su capítulo Morelos.
A esta altura de ese proceso el grito de los involucrados será ¡Sálvese quien pueda!
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Edgar Maldonado se reunió con alcaldes de Morelos para atender diversos temas que interesan e involucran a los ayuntamientos; hacía mucho tiempo que no se daba un encuentro de este tipo, operativo, de trabajo, no solo para la foto.
Estamos trazando un eje de gobernabilidad y un puente facilitador para la gente del estado a través de los municipios, dijo el secretario de gobierno. Los temas que más destacaron fueron la seguridad, la obra y el campo.
Maldonado Ceballos se nota mucho más dueño de la situación en esta encomienda que en la anterior. Fue una buena decisión de la gobernadora colocarlo en ese puesto.
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El PRI es el único partido de oposición que alza la voz en Morelos; lo malo es que carece de credibilidad y sus figuras son impresentables. Peor: los pocos activos que tienen en cargos públicos se quieren ir a Morena.
La 4T decidirá si tiene ganas y lugares para reciclar chapulines del tricolor.
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