Serpientes y escaleras - La dipuTania

Una vez más la legisladora del Partido del Trabajo está en el ojo del huracán

La dipuTania

El congreso local a través del presidente de la Junta Política ha confirmado: existe una solicitud de juicio de procedencia en contra de la diputada Tania Valentina Rodríguez; la petición fue hecha por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la solicitud es analizada por los coordinadores parlamentarios para determinar si avanza o no el requerimiento. El proceso contra la legisladora del Partido del Trabajo puede ser la clave para destrabar el tema del fiscal.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la razón por la cual la fiscalía anticorrupción pretende desaforar a la representante popular del PT, pero motivos no deben faltarle; lo llamativo no es que una autoridad vaya en contra de una figura política que desde hace muchos años está en el ojo del huracán, envuelta en polémica y presuntamente relacionada con actividades ilegales, lo que vale la pena preguntar es porqué lo hacen justo ahora.

Pongámoslo en contexto: Tania Valentina como casi todos los integrantes de la pasada legislatura y muchos miembros de la vida política estatal han sido constantemente referidos por sus supuestos nexos con grupos criminales, por participar en actos fuera de la ley o por haber incurrido en acciones que, de no ser figuras públicas, habrían sido llevadas ante una autoridad.

Es secreto a voces que muchos actores de poder locales se mueven en varias pistas, lo han dicho reiteradamente a lo largo de los últimos años los propios gobernantes; la especulación de que detrás de ciertos diputados, alcaldes, magistrados, dirigentes de partidos o funcionarios hay organizaciones criminales no sorprende a nadie, porque aunque nunca se haya actuado contra ellos o exista un proceso legal, queda claro que no son personas honorables.

A lo largo de los últimos cinco sexenios la idea de que los grupos criminales conviven o controlan a miembros de la clase política local se ha ido fortaleciendo con hechos que ponen en tela de juicio a poderes enteros, como cuando en la legislatura pasada una de sus integrantes fue ejecutada sin que hasta ahora se haya detenido o castigado a los asesinos.

Es triste, pero real: en Morelos los ciudadanos nos hemos acostumbrado a tener una clase política desprestigiada, sospechosa de convivir con grupos criminales. No hay pruebas, pero tampoco dudas: muchos de quienes participan en los tres poderes del estado tienen historias negras que nunca han sido aclaradas.

El problema es que esta situación se ha normalizado al grado que a nadie sorprende que se especule que uno u otro personaje de la vida pública local tenga relaciones peligrosas o forme parte de grupos delictivos. Es una historia de complicidades en donde unos y otros se cuidan porque se conocen; quienes no forman parte de esta dinámica callan porque hablar o denunciar se ha vuelto sumamente peligroso por las redes de complicidades entre los tres poderes del estado.

Por la normalidad de esta situación resulta llamativo que de repente la fiscalía inicie o reviva una carpeta de investigación en contra de la diputada Tania Valentina Rodríguez. No pongo en duda los elementos que pueda tener la FECC en contra de la representante popular, simplemente refiero la coincidencia que esto ocurra en el marco de los cambios que el congreso pretende llevar a cabo en la Fiscalía General del Estado. Veamos:

La relación entre Tania Valentina y Uriel Carmona es fuerte y va más allá de lo institucional; cuando el fiscal fue detenido y encarcelado la diputada petista fue de las pocas que acudieron a verlo personalmente a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Fue ella, además, quien fungió como interlocutora entre el funcionario y los representantes populares y la que en algún momento leyó una carta personal que éste envió a los legisladores cuando estaba preso.

La relación entre la también dirigente estatal del PT y el abogado Carmona es muy sólida, pero a la vez estratégica en la legislatura, porque sus dos votos pueden modificar el escenario y abrir la puerta para que se le releve del cargo. Hasta el viernes de la semana pasada Tania Valentina tenía el respaldo de ocho legisladores, lo que le brinda la seguridad de que nada pasará.

Sacar a Valentina Rodríguez de la ecuación legislativa movería el escenario político, porque dejaría fuera a la más fuerte defensora del fiscal Uriel Carmona; sin ella los dos votos del PT podrían regresar al bloque de la 4T y eso abriría la puerta a todas las acciones que impulse Morena y la gobernadora.

Sacar a Uriel Carmona Gándara de la FGE es una demanda de la gobernadora Margarita González Saravia, pero sobre todo parece ser una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien no quita el dedo del renglón, ni olvida que el funcionario trató de hacer pasar un feminicidio como una muerte por broncoaspiración.

Ha habido muchos intentos para remover al fiscal, incluido su encarcelamiento; en todos los casos el abogado ha peleado o tiene prevista una defensa legal, incluyendo la posibilidad de que se cambie el nombre a la FGE.

Lo que está más allá del alcance del fiscal es una modificación numérica al interior del congreso local, porque ello abriría la puerta a su remoción sin tener que recurrir a un juicio. Si le quitan el fuero, entonces la federación actuará en su contra con los expedientes que tiene y que no se han activado porque goza de fuero constitucional.

Uriel Carmona Gándara mantuvo un fuerte blindaje en la legislatura pasada porque, cuentan, tiene expedientes de muchos de los legisladores, situación que los obligó a cerrar filas a costa de lo que fuera; el fiscal utilizó la fuerza y los recursos económicos de la dependencia a su cargo para mantener sólido el bloque opositor integrado por 15 diputados, pero en esta nueva etapa solo tiene ocho votos y totalmente sólido solo uno, el de Tania Valentina.

Para nadie es secreto que ni la presidenta de México ni la gobernadora de Morelos quieren a Uriel Carmona al frente de la fiscalía estatal, queda claro que el gobierno federal está decidido a actuar con toda su fuerza y ahora vemos que la lucha incluye a quienes tratan de protegerlo.

En este nuevo escenario habrá que ver qué legisladores locales quieren mantenerse del lado del fiscal y al hacerlo comprar el pleito con Claudia Sheinbaum Pardo.

Las reglas del juego están cambiando.

·         posdata

Hasta hace poco el Haber de Retiro de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos era similar al del resto de los tribunales y se basaba de los años de servicio de sus integrantes. Ya no.

El cambio hecho por quienes saldrán el próximo año como derivación de la Reforma Judicial modificó la fórmula para que ahora, por un año de servicio, esos magistrados obtengan el 70 por ciento de Haber de Retiro, lo que en pesos se traduce en una percepción de alrededor de 70 mil pesos mensuales de por vida. Quienes tengan más de un año de servicio aumentarán sus ingresos.

La modificación se llevó a cabo después de que tanto en lo federal como en lo estatal se aprobó la Reforma Judicial, que para los magistrados morelenses implica que se irán el siguiente año y no en los 14 años por los que fueron nombrados.

El Haber de Retiro del TSJ tendrá un impacto superior a los mil millones de pesos en el erario, razón por la cual la medida es combatida jurídicamente por el Ejecutivo, quien desde diferentes áreas ha dicho que no están de acuerdo con esa decisión.

En los pasillos de poder se ha dicho desde hace meses que cada uno de los diez nuevos magistrados pagó 5 millones de pesos por el cargo y en algún momento se hizo pública una reunión que el G15 sostuvo con el presidente del TSJ Jorge Gamboa, encuentro en el cual, cuentan, la diputada Andrea Gordillo habría preguntado “cuánto le iba a tocar a cada diputado por magistratura”.

Suponiendo que esa historia sea real, es decir, que los abogados designados pagaron 5 millones de pesos por un cargo que duraría 14 años, la inversión se vino abajo con la reforma judicial, de ahí la repentina modificación a la fórmula del Haber de Retiro, para recuperar lo invertido.

Los cambios hechos por los miembros del TSJ son abusivos y deben ser controvertidos por el Ejecutivo. Ya encarrerados podrían revisar el nombramiento de Mónica Boggio, quien falseó la información para acreditar su residencia, porque recién llegó al estado; basta checar en el IMSS o en el Infonavit en donde trabajaba antes de llegar a Morelos. Y también analizar la designación de Vanessa Carmona, quien al igual que la ex jefa de la gubernatura carece de experiencia acreditada en materia fiscal, responsabilidades y administrativa.

·         nota

El secretario de seguridad pública estatal confirma que se han retirado alrededor de 130 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad que estaban comisionados como escoltas de funcionarios y alcaldes; además de personal se recuperó un número importante de patrullas y equipo que estaban destinados al cuidado de alcaldes, familiares de exdiputados, exfuncionarios y el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Los policías que se reincorporaron a la CES serán asignados a labores de prevención de delito y seguridad del estado; a partir de ahora, menciona Urrutia, cada petición de seguridad individual deberá estar plenamente justificada.

El titular de la nueva SSP no cuantificó el costo de otorgar protección a funcionarios, legisladores y autoridades municipales, pero hablamos de muchos millones de pesos en sueldos, viáticos, vehículos y armamento que ahora podrán canalizarse a tareas de pacificación.

Tener escoltas de gobierno se volvió una moda en los últimos años y cualquiera las pedía con múltiples pretextos, como cuando en la campaña pasada dos de las tres candidatas dijeron haber recibido amenazas y obtuvieron una decena de elementos de seguridad que las acompañaban las 24 horas del día.

Lo dijo Urrutia: “cuando existan razones justificadas o denuncias legalmente presentadas por amenazas, es razonable brindar protección”; lo que no es válido es mandar policías a cualquier persona bajo el argumento de que se sienten inseguros porque alguien los vio feo.

Mantener tantos escoltas personales es incosteable porque la fuerza policial del estado es muy poca, apenas alcanza para cubrir las necesidades de la población y se merma de manera significativa cuando un número importante de elementos se convierten en guaruras de políticos.

La decisión de retirar escoltas a funcionarios es plausible de parte del nuevo gobierno. Es señal de que las cosas serán diferente a partir de ahora.

·         post it

La presidenta de México fue cuestionada sobre los actos de corrupción y presunto intento de violación atribuido al exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

“Que se investigue” dijo sin dudarlo Claudia Sheinbaum.

Se acabó la protección al futbolista desde Palacio Nacional.

·         redes sociales

Con doce 12 homicidios cometidos en un solo día, el domingo pasado, el panorama de violencia e inseguridad en Morelos es crítico.

No es menor el reto que tiene enfrente el secretario Urrutia.

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