Serpientes y escaleras - Justicia a las urnas

La intención de la reforma judicial parece noble, pero los riesgos son altos

Justicia a las urnas

La implementación de la Reforma Judicial en Morelos marcará un antes y un después en la historia jurídica del estado e influirá en el proceso de impartición de justicia de los ciudadanos. A diferencia de otros estados, la de aquí es una reforma que apuesta por una vía rupturista que podría debilitar el principio técnico de la función jurisdiccional. ¿Avanzamos o retrocedemos?

Los estrategas de la reforma morelense celebran que se trata de la primera reforma constitucional aprobada “por unanimidad”, como si eso significara algo más que un simple sufragio en cascada. Lo de fondo en la reforma no está en el número de votos que la validaron, eso poco importa, sino el hecho que se trata de una propuesta disruptiva y ambiciosa que de aplicarse con rigor técnico y vigilancia ciudadana podría marcar un hito en la democratización del poder judicial.

El problema es que la reforma también contiene un alto grado de politización y captura institucional si no se le aplican salvaguardas reales; la propuesta es ambiciosa en lo hipotético, pero con riesgos reales que podrían ir en sentido contrario de lo que se busca, es decir, en lugar de mejorar la impartición de justicia podríamos encaminarnos hacia un poder totalmente partidizado y abiertamente vinculado a grupos de poder y delincuenciales, como sucede en Bolivia.

Comparada con las reformas judiciales de otros estados, la de Morelos destaca por su audacia democrática y su intento de replicar los aspectos centrales de la reforma federal que impulsa el gobierno de México, pero también carece de elementos que garanticen un mejor funcionamiento de la institución. Explico:

1-    En Morelos establece la elección de jueces y magistrados, algo que no existe en otros estados del país; en Nuevo León, Querétaro o Yucatán las reformas se enfocaron en el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y en crear mecanismos de evaluación, pero no se contempla que el ciudadano elija a través del voto a los jueces.

2-    En Chihuahua y Jalisco proponen la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina, cuya meta principal es reducir la corrupción interna, el tráfico de influencias y la llamada “puerta giratoria”.

3-    Algunos estados tienen periodos únicos de 15 años o vitalicios, mientras que en Morelos se pone un límite que busca generar equilibrio entre experiencia y renovación. Esto es lo único sobresaliente de la reforma local, porque en lo demás estamos por debajo de todos los estados al no establecer mecanismos que fortalezcan la evaluación, el control, la transparencia, la capacidad, la experiencia o se ponga freno a la corrupción.

4-    En Guanajuato, Puebla y Ciudad de México la reforma fortaleció los mecanismos de selección por méritos, concursos públicos y control ciudadano sin renunciar a los estándares técnicos; la de Morelos sobresale básicamente porque serán los ciudadanos a través del voto quienes elegirán a jueces y magistrados.

La reforma morelense está muy lejos de ser sobresaliente por su contenido, solo copia la reforma federal sin considerar necesidades locales, ni elementos tangibles que permitan mejorar la operatividad interna, elevar la calidad, la experiencia y la capacidad de los impartidores de justicia o frenar los actos de corrupción y las complicidades que han sido característicos de los tribunales locales.

La reforma judicial nacional representa riesgos y desafíos porque politiza la justicia, desplaza el mérito técnico y abre la puerta para que el Poder Judicial sea intervenido por intereses políticos, partidistas o de grupos delictivos, lo que podría derivar en una impartición de justicia desigual. Replicarla en Morelos conlleva los mismos riesgos, porque no se consideraron necesidades locales o elementos que pongan freno al grave problema que representa la “puerta giratoria”, algo que insistentemente ha denunciado la gobernadora Margarita González Saravia.

Los jueces y magistrados que lleguen lo harán por el número de votos obtenidos, no por méritos profesionales; quienes participan en la contienda han hecho campaña, requirieron financiamiento, en algunos casos son apoyados por la estructura de un partido y en otros es notoria la intervención de grupos delictivos.

El mérito que se destaca de la reforma nacional y estatal es la democratización del proceso, pero este método no garantiza el conocimiento jurídico de quienes participan, simplemente premia su popularidad, lo que abre la posibilidad de que en el futuro tengamos jueces y magistrados populares, pero poco preparados.

La autonomía del Poder Judicial puede debilitarse si las futuras autoridades regresan el favor a quienes los impulsaron, eso comprometería la imparcialidad y las bases del estado de derecho; la idea de transparentar los procesos y acercar la justicia al pueblo es legítima, pero en los hechos se trata de un remedio que puede agravar el problema que se vive en todos los poderes judiciales de México y han sido característicos en Morelos desde hace al menos dos décadas.

En la tierra de Zapata la justicia va a las urnas, pero eso no garantiza que tendremos un poder fortalecido; democratizar la justicia sin ningún tipo de filtros técnicos ni herramientas de evaluación y control puede resultar una cura peor que la enfermedad y en determinados casos abrirá la puerta a grupos de poder políticos, económicos y delictivos, para que controlen los tribunales y hagan suya la puerta giratoria.

Más que elecciones, el reto en la transformación del sistema de justicia en México es profesionalizar, vigilar, transparentar, evaluar y renovar los tribunales; festejar que la reforma se aprobó por unanimidad es absurdo, refleja una corta visión sobre el tema o quizá el interés de que el cambio de autoridades beneficie aquello que oficialmente se dice combatir.

Poco o nada hay de sobresaliente en la reforma local, salvo la elección de magistrados y jueces a través del voto; comparada con las de otros estados, la de Morelos es sin duda la propuesta más arriesgada y experimental, con enormes riesgos para los justiciables.

Por eso lo único que presumen de ella es que se aprobó por unanimidad.

·         posdata

Un ángulo peligroso de la reforma judicial morelense está en el riesgo de que la delincuencia incida ahora de manera directa en la impartición de justicia y tome el control total de la llamada “puerta giratoria”

Poner la designación de jueces y magistrados en el voto popular abrió la puerta para que los aspirantes recibieran financiamiento de cualquiera, incluidos grupos de la delincuencia organizada; también para que estas organizaciones manden candidatos afines a sus intereses y para que se presionen o amenacen a candidatos que les resulten incómodos.

Antes el control en la designación de autoridades judiciales era vertical, ahora la presión comienza desde la postulación, lo cual institucionaliza el riesgo y genera más dudas que certeza.

La reforma judicial en Morelos eliminó el concurso de oposición y los méritos de evaluación de los aspirantes a partir de su preparación y experiencia; ahora se privilegiará la popularidad, lo que no necesariamente estaría comprometido con el combate al crimen o con una visión de justicia integral.

La “puerta giratoria” que permite a detenidos por delitos graves se liberados rápidamente es resultado de la deficiencia en la integración de carpetas de investigación, fallos en la actuación jurídica y presiones externas; si no existe un sistema efectivo de vigilancia y disciplina judicial, a todo lo anterior podrían añadirse criterios populistas en la aplicación de justicia y vulnerabilidad a sobornos o amenazas.

La reforma judicial de Morelos tiene un sentido democratizador, pero en su diseño aumenta considerablemente el riesgo de que la delincuencia organizada tenga más herramientas para infiltrar la impartición de justicia. La reforma es positiva en el papel, pero sumamente riesgosa en la práctica.

Lejos de cerrar la “puerta giratoria”, la reforma judicial de Morelos le quitó los candados y provocará una mayor fragilidad del sistema judicial, lo cual beneficia al crimen organizado.

Eso sí, se votó por unanimidad.

·         nota

Aunque se trata de cosas distintas, la reforma judicial de Morelos recuerda el programa Corazón de Mujer: ambos muestran buenas intenciones, se venden como ideas innovadoras y de avanzada, pero tienen un alcance muy pobre y son deficientes en cuanto a su estructura y funcionalidad.

La reforma judicial se dirige a las urnas, presume una intención democratizadora, pero los riesgos que trae implícita son altos. Nunca se le preguntó a la gente si en verdad quería elegir a los jueces y magistrados a través del voto popular, ni tampoco se ha comprobado que esta vía garantice una justicia más firme, valiente, efectiva e imparcial frente a los poderes que realmente gobiernan desde las sombras.

En su última visita a Morelos tuve oportunidad de convivir con el vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca y le pregunté sobre los resultados de la implementación de la Reforma Judicial que se implementó en su país en los años 90´s y que se coronó con las primeras elecciones judiciales en 2011, que registraron un alto nivel de abstencionismo y donde los votos nulos y en blanco superaron los válidos; la respuesta de Choquehuanca fue categórica: no funcionó, estamos peor que antes. La reforma judicial mexicana es muy parecida a la de Bolivia.

El programa Corazón de Mujer es una idea es atractiva y bienintencionada, pero está muy lejos de influir de manera positiva en la situación de miles de mujeres y de ninguna forma mejora su condición económica; desde la manera como fue presentado y el lamentable saldo que dejó la pésima organización del evento, Corazón de Mujer es un programa al que le urge ser intervenido, reforzado, evaluado, para que no sea una fuga de dinero sin sentido.

Esto pasa cuando se planea desde el escritorio sin consultar con quienes verdaderamente conocen a fondo los temas.

¿Alguien se preocupó por discutir y enriquecer la reforma judicial morelense con la opinión de abogados o de las organizaciones civiles que históricamente han denunciado fallas en la impartición de justicia en Morelos? ¿En algún momento se discutió el programa Corazón de Mujer con las agrupaciones de mujeres que desde diversos espacios llevan años trabajando en pro del género?

Obvio no, porque los estrategas gubernamentales lo saben todo y no necesitan consultar con nadie.

·         post it

El obispo de Cuernavaca Ramón Castro hizo una crítica muy dura, pero real, a la situación que se vive actualmente en México y en Morelos:

“Aunque nadie lo dice, los funcionarios públicos saben que a los líderes del narco hay que pedirles permiso para muchas cosas: hay que pedirles permiso para pavimentar calles cuando les afectan sus negocios, para retirar ambulantes y hasta para hacer eventos culturales porque están en sus colonias.

Hay que pedirles permiso para ocupar espacios públicos para poner cámaras de seguridad, para hacer reuniones con los vecinos para colocar alumbrado, para los talleres contra la violencia, para hacer valer contratos cuando las empresas son suyas, para quitar placas de vehículos en línea roja.

No reconocerles el poder que tienen les puede costar mucho, tan es así que algunos empleados públicos saben que no te puedes meter al gobierno si no estás dispuesto a negociar con la maña; algunos no se atreven a hacer un evento cultural sin advertirle a los artistas que pudiera llegar el jefe de la plaza y a punta de pistola pedirle que siga cantando hasta la madrugada, porque ahí el que decide cuando se acaba la fiesta es el jefe y si no, te amarra, te pone de rodillas, te somete y te enseña cómo sí se puede.

Muchas ocasiones no se puede exigir a las empresas contratadas por el gobierno que hagan bien su trabajo si no están dispuestas a aguantar las presiones de los prestanombres del narco, para que volteen la cara a otro lado, porque resulta que muchas de las empresas proveedoras del gobierno son del narco y lo peor: ¡todos lo saben y todos piden su porcentaje! Sin mayor problema pasan los procesos de licitación que tienen las compras del gobierno… y si te quedan mal, ni a quien reclamarle”.

·         redes sociales

Los integrantes del Poder Judicial de Morelos siguen sin ponerse de acuerdo. El magistrado Juan Emilio Elizalde critica la actitud de sus homólogos “No hay condiciones para continuar con la sesión extraordinaria, vamos a convocar nuevamente, no hay plazo”.

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