TERCERO INTERESADO - Abstencionismo

En la democracia directa, el abstencionismo es una preocupación constante. En México, aunque hemos observado avances en la participación ciudadana, sobre todo en las elecciones concurrentes, sigue siendo un fenómeno sombrío que afecta la representatividad y legitimidad de los procesos electorales. Hoy preocupa que, a pesar de la tendencia ascendente, el escenario actual podría marcar un retroceso significativo. La elección del próximo domingo presenta una complejidad inédita: por primera vez en nuestra historia, se elegirá a integrantes del Poder Judicial mediante voto directo. Se trata de una oportunidad de transformación institucional y democratización sin precedentes que, al mismo tiempo, implica riesgos; entre ellos, una posible agudización del abstencionismo, dada la novedad de un proceso que lejos de provocar entusiasmo generalizado, ha generado confusión, escepticismo y, en algunos sectores, abierto rechazo. Una de las causas de este posible desinterés es la desconexión entre la ciudadanía y el sistema judicial, pues mientras que las campañas electorales tradicionales giran en torno a figuras conocidas, promesas tangibles y narrativas cercanas al electorado, el ámbito judicial suele percibirse como áspero, técnico y distante del entendimiento general; por ello, las y los aspirantes al Poder Judicial, por más sólidos que sean en lo jurídico, difícilmente son conocidos por el electorado promedio y, aún menos, están preparados para competir bajo las reglas políticas que hoy exige la elección. La brecha entre la especialización jurídica y la lógica electoral es considerable.

La enseñanza cívica que permita comprender masivamente la trascendencia de la elección del domingo no ha sido suficiente. Si al ciudadano promedio ya le resulta difícil discernir entre distintas propuestas ejecutivas o legislativas, mucho más desafiante es evaluar perfiles judiciales que no hacen campaña tradicional ni cuentan con plataformas claras; aunado a ello, la escasa información, el bajo nivel de cobertura mediática y el limitado alcance de las campañas conducen a un escenario de incertidumbre que desalienta la participación. El Poder Judicial ha sido históricamente una de las instituciones más cerradas al escrutinio público; su súbita apertura al voto popular ocurrió, al parecer, sin el tiempo necesario para definir y ejecutar un proceso ordenado, progresivo y respaldado por mecanismos que evitaran su politización. Lo que se ha observado, en cambio, es una transferencia directa del modelo electoral partidista –con sus lógicas de promoción, movilización e incluso clientelismo– hacia una esfera que hasta ahora había operado bajo criterios y mecanismos distintos.

Sin embargo, el abstencionismo, como expresión de apatía no solo hacia la política, sino hacia la participación ciudadana misma, no puede exacerbarse ni utilizarse como herramienta de resistencia, por más que se discrepe del proceso de transformación judicial. En muchos casos, no se trata de que la población no quiera participar, sino de que no encuentra sentido en hacerlo.

Desde una perspectiva estratégica, quienes disienten del proceso no han comprendido que una baja participación favorece justamente a los grupos con mayor capacidad de movilización; es decir, estarían fortaleciendo aquello que pretenden cuestionar, mermando la legitimidad social y el resultado, en ese caso, no será necesariamente la elección de los mejores perfiles, sino de quienes logren el respaldo de estructuras, generen alianzas o reciban el apoyo de operadores políticos experimentados; ello, sumado a un voto duro y una maquinaria electoral activa serán factores determinantes. En ese contexto, el abstencionismo jugará un papel decisivo. Por ello, es indispensable acercar a la ciudadanía las herramientas necesarias para ejercer su responsabilidad con información y criterio.

El domingo enfrentaremos una prueba más de madurez democrática, en la que la participación será clave para definir no solo el resultado de la elección, sino el rumbo de uno de los tres poderes del Estado y, por si fuera poco, el de los ayuntamientos en Durango y Veracruz. Lo que está en juego no es simplemente decidir quién ocupará cargos en el Poder Judicial, sino la posibilidad de construir una justicia verdaderamente del pueblo y para el pueblo.

Carlos Tercero

3ro.interesado@gmail.com