Serpientes y escaleras - El que no transa no avanza

La corrupción se ha institucionalizado frente a las autoridades permisivas.

El que no transa no avanza

La promesa se ha convertido en un rito: cada cambio de gobernador aparece la misma frase: castigar a los corruptos. Uno tras otro los gobernantes prometen mano dura contra quienes abusan del cargo y del erario, ofrecen auditorías especiales, inicio de carpetas de investigación y ondean la bandera de cero impunidad. Al cabo del tiempo la promesa queda en palabras al viento, nada se concreta y la historia se repite. ¿Será diferente en esta administración?

Prometer castigo en el discurso y en las ruedas de prensa sin que la promesa se transforme en hechos tangibles agota la confianza ciudadana. El impacto de estas palabras en la sociedad es profundo y multidimensional, positivo cuando se actúa y negativo cuando queda en una simple expresión.

Graco Ramírez aseguró que castigaría la corrupción de su antecesor e hizo señalamientos concretos en contra de varios funcionarios, empezando por la esposa del exgobernador, a quien abiertamente señaló de lucrar con el recurso para los más desprotegidos y la compra de despensa para los niños. Las acusaciones fueron muy duras e incluyeron el escándalo en el que estuvo envuelta Mayela Alemán cuando se habló de tráfico de influencias en la entrega de menores en adopción.

El perredista presentó inició diversas carpetas de investigación contra exfuncionarios, pero muy pocas llegaron a un proceso real; con Cuauhtémoc Blanco sucedió lo mismo: se anunciaron auditorías especiales, se exhibieron a excolaboradores, empezando por el hijo de su antecesor, a quien se le señaló de ser el principal operador financiero del régimen, pero ningún juicio se concluyó de manera favorable y a Gayosso ni siquiera se le investigó.

La repetición de este tipo de situaciones ha generado en la opinión pública un ambiente de escepticismo cada vez que se habla de castigar la corrupción, porque una y otra vez ha quedado de manifiesto que las instancias encargadas de investigar y juzgar están sujetas a intereses políticos y no a la ley.

Ni el gobierno del cambio (Graco Ramírez), ni el gobierno ciudadano (Cuauhtémoc Blanco) tradujeron sus promesas en acciones concretas, en ningún caso se pasó de la vinculación a algunos personajes y nunca se investigó a los peces gordos, a aquellos que verdaderamente abusaron del poder, robaron dinero público y lastimaron al estado.

Esta falta de acción ha generado apatía ciudadana y una casi nula disposición a participar en protestas, denuncias o incluso en las urnas. En Morelos, entre 2015 y 2021 la participación ciudadana en protestas anticorrupción mostró un descenso sostenido y la abstención electoral creció del 16 al 25 por ciento.

La falta de sanción se ha normalizado y la corrupción ha comenzado a dejar de verse como algo inaceptable para convertirse en “parte del juego”. El ciudadano común ha entendido que en Morelos la corrupción comienza en el gobierno y que los sobornos, los moches, el regreso y los contratos a modo son el camino para poder avanzar en la administración pública.

Parte de esta normalidad proviene del debilitamiento de los mecanismos internos de control, encabezados por figuras a modo, personajes que se ajustan al momento y responden a intereses personales y de quienes los supervisan.

Durante mucho tiempo se habló de la falta de probidad en la fiscalía anticorrupción y de sus integrantes, pero esa no es la única dependencia que se mueve en esa línea: lo mismo ocurre en la ESAF y en la propia contraloría estatal: ninguna de esas instancias genera más que declaraciones tronantes.

Mientras Graco y Cuauhtémoc anunciaban limpieza en sus gabinetes, en los hechos las contrataciones públicas estuvieron plagadas de adjudicaciones directas a empresas con prestanombres, sin métodos transparentes, ni competencia real; la obra pública y los contratos fueron el negocio de unos cuantos, encabezados por los familiares del gobernador, Rodrigo Gayosso con Graco y Ulises Bravo con Cuauhtémoc.

Las historias de Blanco y Graco son el espejo de una lección muy dura para los morelenses: sin resultados concretos, las promesas de combatir la corrupción se volvieron en contra de los gobernantes, generaron frustración social, desprestigiaron la política y fortalecieron la percepción de impunidad. Al final de su sexenio ambos mandatarios terminaron repudiados, cargaron con el estigma de corruptos y a la vez de cómplices, porque en lugar de castigar las faltas del pasado, las repitieron.

En el gobierno de Margarita González Saravia aún no queda claro qué sucederá en este tema; la gobernadora ha sido firme desde la campaña en su rechazo a la corrupción y su deseo de dignificar el servicio público, pero no hay un hecho tangible que confirme que así será. Su historia personal ha quedado como garantía: la suya ha sido una vida transparente, limpia, sin manchas y siempre del lado de la ley, por eso muchos aún creemos que cumplirá con lo que prometió.

Hasta ahora no hay elementos palpables para suponer que ocurrirá algo distinto, porque aunque se presentaron las primeras denuncias por casos de corrupción, han pasado varios meses sin que se vea avance, ni nuevas acciones en contra de los evidentes actos irregulares cometidos en el gobierno anterior.

Aunado a ello está el hecho que la contraloría estatal está en manos de una persona sin experiencia en el tema, desconocedora de los procesos de fiscalización y rodeada de colaboradores señalados por haber formado parte de las historias de corrupción que se están denunciando.

Resulta imposible pensar que la secretaría de la contraloría dará resultados cuando no se ve capacidad ni experiencia en su titular, cuando la estructura operativa es la misma que por muchos años no ha funcionado y a nueve meses de iniciada la administración no existe una sola acción contundente en contra de los pillos.

La fiscalía anticorrupción tiene un nuevo titular y eso abre la posibilidad de que las cosas sean distintas, pero tampoco existe una sola acción o argumento sólido para pensar que así será; Leonel Díaz Rogel es un abogado serio, meticuloso en su trabajo, pero tampoco es experto en materia de fiscalización ni ha mostrado el carácter que se requiere para cambiar el estatus quo de las cosas.

Peor: en los pasillos de poder se habla con insistencia que algunos personajes clave del gobierno pasado han logrado ya un acuerdo económico con la nueva administración; figuras como Christian Carmona y Efrén Hernández, cuentan, han pagado ya su cuota para no ser perseguidos y por ello comienzan a moverse nuevamente con seguridad, confiados de que nada les pasará y en el caso del primero, manteniendo contratos en salud que le significan buenos dividendos.

Pocos dudan de la honorabilidad de la gobernadora, pero muchos saben que debajo de ella hay figuras que no coinciden con su forma de vida, que son afectas a los lujos y hacen negocios al amparo de la nueva administración bajo el argumento de que “hay que regresar lo que se recibió en la campaña”. Bajo esa lógica o permiso temporal, hay quienes están haciendo cosas indebidas: ofrecen contratos, obras, negocios… todo a cambio de un regreso. Y lo hacen con quienes no apoyaron la campaña.

Graco Ramírez pudo hacer de la lucha contra la corrupción un pilar sólido de su gobierno si verdaderamente hubiera castigado a los funcionarios que abusaron del poder. También Cuauhtémoc Blanco pudo aprovechar el sentimiento de enojo de la gente para fortalecer su régimen si hubiese metido a la cárcel a los corruptos. Visto de forma pragmática, ambos pudieron combatir la corrupción y hacer negocios, pero decidieron hacer solo lo segundo.

Ahora es turno de Margarita González Saravia y el tiempo dirá si su gobierno es capaz de revertir la historia, de construir una narrativa diferente y demostrar con hechos palpables que su discurso contra la corrupción es real y no la repetición de la misma cantaleta de los sexenios pasados.

En este gobierno hay un elemento más a considerar: la gobernadora es personalmente mujer de una pieza, honesta, honorable, decente, sencilla y trabajadora; su valor más importante como figura pública es que la gente la reconoce como una persona de bien, como alguien diferente a la mayoría de los políticos, alguien que habla con verdad y no roba. Eso es lo que ella debe cuidar como valor individual, sobre todo de aquellos que utilizan su nombre en actos de corrupción.

El tiempo dirá si este gobierno es diferente en materia de combate a la corrupción.

·         posdata

El congreso local eligió al diputado Isaac Pimentel como nuevo presidente de la mesa directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones, sustituye a la morenista Jazmín Solano.

El tiempo de la exalcaldesa de Temixco como representante de la cámara local de diputados fue un periodo sin sobresaltos, pero también sin mucho brillo; el primer año transcurrió sin que su presencia marcara una diferencia con el pasado reciente o demostrara que el género es algo que incida de manera positiva en el desempeño de las instituciones.

La elección del nuevo presidente de la mesa directiva se dio por unanimidad y su periodo comenzará el próximo 15 de agosto; a él y quienes le acompañarán en la mesa directiva corresponderá avanzar en temas que pueden ser sustantivos en el futuro político del estado, empezando por la reforma electoral que pretende elevar de 20 a 30 el número de legisladores estatales y la validación o desecho de la reforma que garantiza 21 mujeres en el mismo número de municipios.

Isaac Pimentel es un político joven, popular, con empuje, que debe aprovechar el espacio para proyectarse y sortear la maldición de que el congreso es la tumba política de muchos actores de poder.

·         nota

Graco Ramírez aprovechó el programa federal “Beca Salario” para beneficio propio: lo presentó como algo personal, como una ayuda que su gobierno daba a miles de jóvenes y trató de que esa ayuda se convirtiera en votos para su partido. Pero no lo logró.

La Beca Salario entregaba 700 pesos mensuales a los estudiantes y el programa fue objeto de señalamientos en su manejo, porque al no existir medidas de supervisión y transparencia, muchos millones se desviaban mensualmente.

Una de las mayores frustraciones personales del tabasqueño fue que a pesar de haber otorgado cientos de millones de pesos a través de la Beca Salario, al final no logró que los jóvenes lo respaldaran con su voto.

¿Alguien cree que con 280 pesos mensuales del programa Corazón de Mujer, ese sector respaldará al gobierno estatal que lo entrega?

·         post it

No está mal que desaparezcan al Instituto de la Mujer de Morelos, porque duplica funciones con la recién creada Secretaría de las Mujeres; el problema es que la titular de la segunda no domina el tema que le encargaron, es una joven recién egresada de la escuela, sin ninguna experiencia laboral previa (¡ninguna!), que frecuentemente tiene que ser rescatada por otros secretarios para que sus acciones y eventos no colapsen.

Paradójicamente los sectores feministas, aguerridos por cualquier cosa, en este caso guardan silencio.

·         redes sociales

Los diputados de Morena son como los perros de rancho: los sueltan cuando hay problemas y los amarran cuando hay fiesta.

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