Serpientes y escaleras-Corrupción

Fueron muchos los actos de corrupción cometidos durante la administración pasada en Morelos, la mayoría de ellos del dominio público, pero casi todos siguen impunes. Graco Ramírez y su familia son depredadores: acabaron con los recursos del estado y hundieron a Morelos en la peor crisis económica, de violencia e inseguridad de la que se tenga memoria. Todo ello está a la vista, fue denunciado por las autoridades actuales y reiteradamente señalado por el asesor anticorrupción estatal. Trece meses después de que concluyó la tragicomedia de la Nueva Visión todo sigue igual. O peor.

Hablar de los actos ilegales, abusivos y corruptos cometidos durante el gobierno perredista de Morelos es sencillo; se puede iniciar por el terreno de la obra pública, donde los contratos eran dirigidos a las empresas de los amigos y las facturas contenían un sobreprecio que se solicitaba como moche para quienes desde una oficina en Polanco daban el visto bueno a las obras.

Este listado empieza con la demolición y posterior construcción del estadio Agustín Coruco Díaz, cuyo precio inicial se proyectó en alrededor de 400 millones de pesos y terminó costando cerca de mil, por todos los indirectos que el constructor metió con el aval de los funcionarios de la Secretaría de Patricia Izquierdo. Lo mismo pasó con otras obras como el Centro Cultural Teopanzolco, el museo Juan Soriano, las calles del Centro Histórico, el miniparque de Patios de la Estación o la Plaza de Armas de Cuernavaca.

En todos estos proyectos hubo sobreprecio en la adquisición de los terrenos (el del Juan Soriano se compró 500% por encima de su valor comercial), de los materiales y de la mano de obra que se utilizaron; en todos los casos se trata de obras con vicios ocultos, que a menos de un año de entregadas ya presentan desgaste por encima de lo normal y cuya calidad está muy por debajo de lo que cualquier constructor respetable entregaría por un precio mucho menor al que se pagó por ellas.

De la misma manera está lo que pasaba en el sector educativo, en donde los encargados del IEBEM se hicieron millonarios con el manejo presupuestal de un sector que engloba a más de veinte mil profesores y otro tanto de personal relacionado con la educación. El manejo de las nóminas, de las plazas, de los préstamos y en general de la operación de las escuelas permitió a quienes estuvieron al frente del IEBEM abultar sus cuentas personales de banco y también financiar la campaña electoral de Rodrigo Gayosso.

Un hecho más: la Beca Salario, el programa piloto que el gobierno federal implementó en Morelos desde el primer año del sexenio pasado recibía mensualmente cientos de millones de pesos que se distribuían de manera discrecional, sin controles ni fiscalización. El dinero llegaba mensualmente a los estudiantes morelenses, pero de manera aleatoria cada mes algunos miles de becarios no recibieran su depósito y esos recursos “se perdían”. Las ganancias que dejaba este “error” eran millonarias y todo se iba a las bolsas algunos funcionarios y familiares del gobernador.

También está el tema de la salud, en donde igual que en el resto de las dependencias el hijastro de Graco Ramírez colocó a personajes afines a su causa, liderados por Andrik Ruíz de Chávez. En este sector se realizaron compras multimillonarias de medicinas, se hicieron licitaciones de varios miles de millones de pesos y se contrataron servicios de atención y servicios médicos para los morelenses. En este proceso, igual que como se hacía en Obras a través de Sergio Beltrán Toto, el operador financiero de Gayosso orientaba los contratos y pactaba con los proveedores para que las ganancias llegaran puntualmente a sus cuentas bancarias.

Casi al final del sexenio pasado surgió un nuevo escándalo relacionado con el sector salud: de acuerdo a denuncias de personal médico y administrativo de la Secretaría de Salud, el gobierno de Graco Ramírez adquiría medicamento falso y canceló servicios para pacientes con enfermedades crónico degenerativas; trabajadores de diferentes hospitales y centros de salud denunciaron que se distribuían vacunas anti alacránicas falsas y que se aplicaba medicamento rebajado a niños con cáncer.

Un área más en donde el gobierno de Graco Ramírez se dedicó a hacer negocios fue en Cultura; para la administración pasada el concepto de promoción cultural no estaba en la promoción de las raíces y tradiciones, ni en el fomento de la identidad y las expresiones locales, sino en la contratación de artistas que acudieran al estado a brindar un espectáculo a la gente.

Fue a partir de ello que se creó la empresa Magnos Entretenimiento, a quien se le otorgó la exclusividad para traer artistas al estado y montar el equipo necesario para las presentaciones. En Magnos participaba de manera directa Nina Serratos, entonces titular del centro cultural Teopanzolco, pero también intervenían Elena Cepeda y José Domingo Ramírez Cepeda (esposa e hijo de Graco Ramírez).

Esta comercializadora fue la responsable de contratar a todos los artistas que durante seis años vinieron a Morelos pagados por el gobierno estatal; a Magnos hoy se le acusa del desvío de más de 100 millones de pesos por el sobreprecio que aplicaba a los contratos de los artistas. Incluso hubo algunos casos en los que, por tratarse de actos de beneficencia, los cantantes decidieron no cobrar su presentación, sin embargo el gobierno estatal sí pagó facturas millonarias que nunca llegaron a los intérpretes.

En estos y otros sectores más el negocio que hizo la familia Ramírez al amparo del erario fue millonario y oprobioso; los hijos, la esposa, el yerno y los amigos  saquearon al estado como nunca antes un gobernador lo había hecho (¡Y vaya que hemos tenido gobernantes ladrones!) y no solo se fueron impunes, han utilizado parte de esos recursos a tratar de desestabilizar al nuevo gobierno.

Sobre todos estos casos el actual asesor anticorrupción estatal dijo varias veces de manera pública que tenía pruebas de las faltas, prometió que se tomarían acciones inmediatas en contra de los ladrones y que no habría espacio para la impunidad.

Trece meses después nada ha pasado.

• posdata

Lo ocurrido la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fue muy grave, como nunca habíamos visto en Morelos. Siete muertos, un decapitado y la exhibición de fuerza de los internos expuso la frágil estabilidad de ese centro penitenciario y la facilidad con que las cosas se pueden salir de control.

Tras dos días de altercados entre internos, el gobierno estatal con apoyo de fuerzas federales logró recuperar el control de la cárcel, pero nada evita que esa crisis se repita. Es más: la tensión dentro del penal de Atlacholoaya sigue estando alta y la rivalidad entre los miembros de diferentes grupos delictivos abre la posibilidad de un nuevo choque.

Luego del motín, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya realizó algunos cambios en la estructura penitenciaria, pero es fundamental que tanto el jefe del ejecutivo como el secretario de gobierno y el comisionado de seguridad sean cuidadosos de las decisiones que tomen en el futuro, porque el riesgo de un nuevo problema es muy alto. El manejo de una cárcel nunca ha sido fácil y en el caso de un centro de readaptación como el de Atlacholoaya se combinan diferentes aspectos que obligan a las autoridades a ser muy cuidadosos en el perfil de quienes coloquen al mando.

Con justificada razón la crisis de Atlacholoaya preocupó en serio al gobernador Cuauhtémoc Blanco y a su equipo; los hechos de violencia suscitados no solo fueron inéditos en esta penitenciaría y en el estado, también expusieron la vulnerabilidad de la seguridad y sobre todo las facilidades que tienen los internos, que durante dos días grabaron los hechos y los transmitieron en vivo a través de sus redes sociales.

¿Cómo se puede creer que se trata de un penal de alta seguridad, cuando hay 80 custodios para 2 mil 800 internos y los reclusos tienen armas, celulares y acceso a internet?

Ya lo dijo un trabajador administrativo del penal: “esto no es una cárcel, es un hotel”.

• nota

Cuentan los que saben, que muchas veces el gobierno de Graco Ramírez intentó llegar a un acuerdo económico con los representantes de la mina de Tetlama; el objetivo, relatan quienes lo saben, era ponerle precio al aval gubernamental.

El problema es que la política de la empresa canadiense no daba pie a ese tipo de peticiones, porque aunque reiteradamente mostraron su disposición para ayudar de diferentes maneras al estado y ofrecieron apoyos concretos a las comunidades, la solicitud institucional iba en contra de la política de esa trasnacional; en el gobierno de Graco Ramírez no querían obras para la gente, sino dinero a cambio de permitirles desarrollar el proyecto.

En esta toma y daca pasaron seis años sin que ninguna de las partes cediera: Graco Ramírez les prometió que no los dejaría avanzar y la empresa se mantuvo en su postura de no aceptar a los chantajes.

Hoy el proyecto comienza a ver la luz del día con el aval del gobierno federal y el apoyo directo del presidente Andrés Manuel López Obrador; Esperanza Silver de México se compromete a cumplir con todas y cada una de las normas, a implementar un modelo de trabajo respetuoso del medio ambiente, a generar trabajos bien remunerados, a invertir con proveedores locales y a apoyar de forma directa al estado a través de acciones concretas en las comunidades.

La inversión planteada por Esperanza Silver anda en los 10 mil millones de pesos, lo cual representaría un impulso sustantivo a la economía estatal y al desarrollo morelense. El plan de la mina está en marcha, comienza a socializarse y el próximo año podría iniciar operaciones.

Si las normas se respetan, si las reglas se cumplen y los beneficios son tangibles para los ciudadanos, no hay porque ponerle piedras a este tipo de proyectos.

• post it

El gobierno de Yucatán comunicó que tomó la decisión de no contratar los servicios de la empresa Magnos Comercialización de Entretenimiento S. de R. L. de C. V. y cancelar todo contrato que exista con ella.

A través de un comunicado el gobierno del estado recalcó que los contratos y operaciones que se llevaron a cabo desde las secretarías de gobierno con la empresa Magnos, han sido con transparencia y protección a los recursos públicos.

 “Se ha instruido a la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán para que revise todas las operaciones y contratos realizados con dicha empresa con el fin de que no quede alguna duda sobre el buen manejo legal y transparente de los recursos públicos”.

El boletín agrega que la oficina del gobernador contactó vía telefónica al gobierno del Estado de Morelos y confirmó que existen denuncias en contra de dicha empresa, por lo que se comprometieron a enviar los datos de manera escrita.

Uno de los eventos en los que se contrató los servicios de dicha empresa es el Festival de la Trova 2019, a realizarse esta misma semana, sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre cambios de dicho festival.

Magnos tiene en Morelos una denuncia por el desvío de más de 100 millones de pesos de dos conciertos (Sting y Emmanuel y Mijares), ha sido acusada de inflar los precios que cobraron los artistas y de quedarse con los recursos que derivaron de la venta de boletos.

A Magnos la relacionan con la ex primera dama Elena Cepeda, con su hijo José Domingo Ramírez (hoy incrustado en el gobierno de Jaime Bonilla) y a Nina Serratos; esta última forma parte de la denuncia que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco presentó por estos hechos.

Nadie sabe aún hasta dónde llegarán estas demandas, lo único cierto es que cuando menos en Yucatán les acaban de tirar el negocio.

• redes sociales

A propósito de la mina: el Primer Espada del gobierno graquista despotrica en redes sociales contra el proyecto minero y pide a AMLO que intervenga.

Lo que no dice el exfuncionario bigotón es que él era uno de quienes pedían mochada y también alguien que por años despotricó contra Andrés Manuel López Obrador, ese mismo a quien hoy pide ayuda.

Este personaje, por cierto, en breve podría enfrentar problemas legales por los actos de corrupción que cometió como funcionario en la administración pasada.

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