Serpientes y escaleras - ¿Cómo vamos?

Se cumplen ocho meses de que inició la administración de Margarita González Saravia

¿Cómo vamos?

Al cumplirse los primeros ocho meses del gobierno de Margarita González Saravia el momento obliga a la reflexión ¿Se han cumplido las expectativas ciudadanas? ¿Vamos por buen camino? ¿Es suficiente la presencia “en tierra”? ¿Es necesario que la gobernadora invierta tanto tiempo y dinero en eventos de poca trascendencia? ¿El equipo que la acompaña es el adecuado para alcanzar las metas trazadas? ¿Qué hace falta? Dos tercios del año son un buen momento para reflexionar y tomar decisiones. No hacer nada también es una decisión.

El arranque del nuevo gobierno ha sido bueno en términos generales, pero podría ser mejor si se hicieran ajustes en áreas que no han logrado seguirle el paso a la jefa del ejecutivo y no lo harán en lo subsecuente.

En materia de percepción la imagen de Margarita González Saravia ha tenido altibajos: arrancó (100 días) con 64% de aceptación y una calificación promedio de 7.2 sobre 10; a ocho meses su calificación es de 51.2% de aprobación y 48.8% de desaprobación, lo cual, sin ser alarmante, muestra un descenso y una marcada división entre quienes apoyan su manera de ejercer el poder y los que ya no coinciden con su estilo de gobernar.

Hay aspectos externos e internos que inciden en la manera como la ciudadanía califica a su mandataria: los problemas y las discusiones que hemos visto en los poderes legislativo y judicial exponen la frágil operación política del ejecutivo y en casos como el de los magistrados, lastima innecesariamente la figura, imagen y discurso de honestidad de Margarita González Saravia.

Y es que aunque de manera formal el Ejecutivo ha reiterado su respeto a la división de poderes y a la vida interna del Poder Judicial, en los hechos la operación política del gabinete en esos espacios no solo es constante, sino necesaria para que los conflictos no se salgan de control y afecten a los ciudadanos, como actualmente sucede con el conflicto entre magistrados.

En ambos casos hay ejemplos concretos de la intervención del ejecutivo: en el Congreso se “operó” para sacar adelante el paquete económico 2025, lo cual se logró sin mayores sobresaltos, pero con un elevado costo económico y político, porque se tuvo que aprobar un fondo de infraestructura municipal, conocido vulgarmente como el fondo de moches, que benefició a ocho legisladores de oposición y dejó fuera a los doce de la 4T.

Del lado del TSJ la grabación del diálogo entre integrantes del Poder Judicial en el proceso de elección del nuevo presidente evidenció la oferta de la gobernadora para que apoyaran la propuesta de Javier Mújica a cambio de un mayor porcentaje de Haber de Retiro. La filtración lastimó a Margarita González Saravia al ubicarla en un espacio en donde nunca debió haber participado, en una negociación que no le correspondía a ella y que al final ni siquiera se consolidó. Todo se hizo mal ahí.

Este último tema es complejo porque aunque en lo mediático la intervención del ejecutivo contuvo la crisis y evitó que los problemas se desbordaran, la endeble estabilidad conseguida tuvo un alto costo porque socava la separación de poderes, refuerza la narrativa del clientelismo y erosiona la confianza ciudadana en una mujer que promete hacer las cosas distintas, pero fue retratada en una vulgar negociación.

A lo largo de los últimos ocho meses se han vivido situaciones complejas que no se han resuelto de fondo y que como en el pasado, se dejan al tiempo para que solas se desactiven, cosa que no siempre sucede. Sin alianzas institucionales sólidas ni operadores eficientes en los otros dos poderes, la gobernadora está a expensas de su propio trabajo y de las circunstancias que vayan aconteciendo.

La operación política del gabinete ha sido hasta ahora de contención, eficaz para evitar crisis mayores, pero insuficiente para anticipar problemas e identificar a tiempo aspectos que afectan la gobernabilidad. Entendida como un conjunto de tácticas, negociaciones y alianzas que un ejecutivo o cualquier poder necesitan para avanzar en su agenda y mantener la gobernabilidad, la operación política es un aspecto clave en un gabinete que, en el caso de Margarita González Saravia, por resultados, no parece estar funcionando de la mejor manera.

Luego está el análisis área por área y derivado de ello se entiende porqué la percepción de la gente comienza a modificarse: hasta hace algunas semanas las expresiones en referencia al ejecutivo comenzaban siempre reconociendo el trabajo incansable de la gobernadora, su empeño personal en la atención de los temas y el contacto directo que mantenía con la gente.

Hoy esa idea ha pasado a segundo plano porque dejó de ser novedosa y no se acompaña de resultados tangibles; ahora las expresiones hacia el gobierno empiezan por la crítica al gabinete, la comparación entre secretarios y la evidente división que hay al interior del poder ejecutivo.

La valoración del trabajo del ejecutivo no puede hacerse solo en función de una persona, por muy carismática o bondadosa que sea; la gobernadora ha mostrado voluntad política, ha activado los engranajes institucionales y trata de romper inercias, pero el verdadero indicador de su éxito será la transformación tangible del estado, un buen funcionamiento de las dependencias, el avance en las carpetas de investigación por actos de corrupción, sentencias firmes, devolución de recursos desviados y restauración de la confianza ciudadana en el sistema de justicia, porque combatir la corrupción y acabar con la impunidad fue la promesa más sólida que hizo la morenista en campaña.

El gabinete estatal genera polémica porque en él participan figuras experimentadas, capaces y comprometidas con el proyecto de Margarita González Saravia, pero hay otros que no dan el ancho, generan problemas y provocan situaciones terribles, como lo acontecido en el evento del Coruco Díaz, cuando 39 mujeres tuvieron que ser atendidas por golpe de calor.

El reto para la gobernadora a ocho meses de iniciada su gestión es entender el momento en que se encuentra y tomar las decisiones necesarias para que el futuro del estado y de su administración sea favorable.

Gobernar con el corazón y ejercer un estilo de mamá de gabinete aporta cohesión y lealtad, pero no basta para enfrentar la complejidad de la gestión pública, sobre todo en un momento en que al estado le urgen soluciones inmediatas en problemas específicos.

No se trata de elegir entre corazón y cerebro u optar por ser mamá o jefa, sino de liderar con empatía, claridad de autoridad y supervisión de resultados. Sólo así un gobierno puede ser humano y eficaz.

·         posdata

Al momento de escribir esta columna las diferencias al interior del Poder Judicial habían impedido que los acuerdos llegaran. De un lado hay un bloque compacto de once magistrados que han resistido presiones, ataques, ofertas y hasta amenazas; del otro existe un grupo sin cohesión, que poco a poco pierde fuerza y está quedando evidenciado por su voracidad.

El tiempo y los hechos han expuesto una historia en donde no hay buenos y malos, más bien intereses, complicidades y en algunos casos, congruencia.

Al bloque de once magistrados se les achacó hace tiempo el mote de “graquistas” porque algunos de ellos tuvieron cercanía con el exgobernador; del otro lado están los “cuauhtemistas” encabezados por Jorge Gamboa, quien tras el cambio de régimen olvidó el enorme cariño que le profesaba al futbolista y juró amor eterno a la gobernadora, quien inocentemente le creyó.

En nueve días las historias están cambiando: lo visto y escuchado en este proceso confirma que no siempre lo que se ve o se dice es real: los “graquistas” resultaron más congruentes e institucionales, son los que menos exabruptos han tenido y quienes mantienen la unidad. Los otros van y vienen, negocian y en el peor de los casos acudieron en busca de Graco Ramírez para pedirle ayuda, algo que el tabasqueño nunca otorgaría de manera gratuita.

El choque entre magistrados pudo paralizar las actividades del poder judicial, pero ha sido gracias al trabajo de Juan Emilio Elizalde que eso no ha ocurrido; el conductor del proceso de renovación de la presidencia ha dado muestras de experiencia, sobriedad y temple a pesar de las vulgaridades y provocaciones de algunos de sus compañeros. De no ser por Juan Emilio, los empleados del TSJ quizá no habrían cobrado su sueldo y los tribunales habrían dejado de operar.

La falta de liderazgo formal en el Poder Judicial tiene repercusiones de todo tipo: hacia afuera muestran un poder sin cabeza, sin conducción, algo que siempre beneficia a quienes se mueven al margen de la ley; hacia adentro afecta la toma de decisiones administrativas y obliga a recurrir a soluciones alternas para que la dependencia siga funcionando.

El poder judicial morelense vive el peor momento de su historia, los insultos entre magistrados, el señalamiento de intervención del ejecutivo en la vida interna y la promesa de Haber de Retiro a cambio de la presidencia son solo algunos de los aspectos que se conjugan hoy en un caldo de cultivo sumamente peligroso que obliga a los otros dos poderes a intervenir de manera formal y abierta en el conflicto, porque los magistrados han sido incapaces de ponerse de acuerdo.

Desde la destitución de Jorge Gamboa Olea por sus homólogos, el TSJ permanece en el limbo; el respaldo del Ejecutivo a Gamboa, reconociendo una personalidad que desconoce la mayoría de los integrantes del pleno no resolvió las cosas, las agravó e hizo ver a la gobernadora como parte del conflicto.

Hoy la situación sigue siendo compleja, pero los escenarios están cambiando: el ejecutivo retiró la propuesta de Javier Mújica para que presida el TSJ, porque el aludido nunca tuvo la capacidad de convencer a sus homólogos y en lugar de tratar de conciliar, recurrió a la amenaza y al chantaje, situación que nunca dobló al otro bloque de once.

Peor: Javier Mújica se hizo acompañar de Jorge Gamboa y Javier López, ambas figuras polémicas, poco apreciadas en el terreno judicial y con modos que no gustan a muchos; el remate fue cuando a la fórmula se añadieron Graco Ramírez y a Tania Valentina, ahí Javier Mújica perdió el apoyo de quienes lo impulsaban.

Quien llegue a la presidencia del poder judicial morelense tiene un gran trabajo que realizar, porque recibirá un poder dividido con integrantes enfrentados y una imagen pública terrible.

La reconciliación interna y mejora de imagen pública deben ser prioridad de quien asuma la titularidad del poder.

·         nota

Hablando de operación política: el operador de Javier Mújica en el cabildeo con magistrados y actores políticos fue Javier López Sánchez, otrora coordinador de asesores de la diputada Tania Valentina y antes del exgobernador Marco Adame.

La presencia de López Sánchez fue un aspecto medular en esta historia, porque generó descontento entre el bloque de 11 magistrados y confirmó la idea de que quien manejaría realmente al poder judicial sería la dirigente del PT.

El remate en esta historia vino cuando se conoció que Jorge Gamboa Olea y Javier Mújica acudieron con el exgobernador Graco Ramírez para pedirle ayuda en el proceso de negociación con el bloque de 11 magistrados. Esta reunión fue la que descarriló la candidatura de Javier Mújica y alejó a Jorge Gamboa de la gobernadora Margarita González Saravia.

Dicho coloquialmente: Mújica y Gamboa recibieron el beso del diablo.

·         post it

Para entender el contexto de la grave situación que priva en el poder judicial de Morelos basta decir que en menos de dos semanas, el magistrado Juan Emilio Elizalde ha presidido más sesiones de pleno del Tribunal Superior de Justicia que Jorge Gamboa Olea en tres años.

El expresidente (con camionetas de presidente) puede argumentar cualquier cosa en su defensa, pero en los hechos su periodo será recordado como uno de los peores presidentes en la historia del TSJ, con señalamientos de corrupción, graves acusaciones personales por acoso sexual y múltiples voces que hablan de tráfico de influencias y malos manejos de los recursos, empezando por el Fondo Auxiliar.

Quien llegue a la presidencia del Poder Judicial tiene la obligación legal y moral de revisar lo que se ha hecho en estos años y actuar en consecuencia. No hacerlo sería complicidad.

·         redes sociales

Todo lo que huele a Graco se pudre. ¿Aplicará en los graquistas que aspiran a ser jueces y magistrados?

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