Secreto a voces - La Guerra Sucia: Informe de la Comisión de la Verdad (1 de 2)

AMLO reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en materia de violación de los derechos humanos durante el periodo que va de 1965 a 1990. En 2022 iniciaron los trabajos de investigación con el propósito de conocer la verdad de lo ocurrido en el periodo señalado. La estructura creada para llevar a cabo ese proceso el Mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico (MEH) estuvo conformado principalmente por sobrevivientes de esas luchas. Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, se contrataron a 50 investigadores e investigadoras que trabajaron bajo la orden de personas expertas.

La metodología utilizada por el MEH consistió en la elaboración de un protocolo de plan de trabajo y herramientas con el fin de recuperar las evidencias de lo ocurrido. Se diseño un concepto histórico general del contexto que derivó en un arco temporal de 1965 a 1990. En ese marco temporal se diseñaron acciones concretas para recuperar la información tanto documental, testimonial y de campo, que consistieron en actividades de inspección directas en los lugares en donde se llevaron a cabo, por parte del Estado, acciones violatorias de los derechos humanos contra de organizaciones sociales, campesinas, urbanas, comunidades, grupos obreros, estudiantiles y guerrilleras.

En el mismo sentido, se concretizaron entrevistas y foros en donde participaron sobrevivientes, familiares de quienes participaron en los movimientos sociales de aquella época, las víctimas, así como personas que estuvieron involucradas en acciones esa época. Los campos militares, centros de reclusión, lugares en donde se inhumaron a las víctimas como panteones de diversas ciudades. La revisión de las estrategias utilizadas por el Estado a través del ejército para eliminar a los grupos opositores a nivel nacional y en diversas regiones y entidades del país, que se encuentran en archivos de diversas asociaciones civiles e instituciones gubernamentales y del ejército.

El resultado final, fueron dos textos: “el informe titulado Verdades innegables: Por un México sin Impunidad, conformado por cuatro volúmenes con más de 2 mil fojas, y el otro por los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart (MEH-2), que generaron el informe Fue el Estado (1965-1990), el cual consta de seis volúmenes, uno de ellos con anexos, con más de 3 mil 300 fojas”. El informe subraya que “En conjunto, la información presentada por el MEH ofrece explicaciones sociales y políticas a la violencia de Estado entre 1965 y 1990, centrándose en las afectaciones a distintos grupos sociales”.

Se constató la existencia, de parte del Estado mexicano, de múltiples estrategias con el fin de debilitar y eliminar la disidencia política en México, mismas que se fueron perfeccionando con el paso del tiempo y en las que participó de manera directa el ejército mexicano como en los “vuelos de la muerte”. Esas evidencias se fueron eliminando con el fin de desvincular al Estado de su responsabilidad en la institucionalización de la violencia pues en esos sucesos participaron de manera coordinada funcionarios públicos a nivel federal y estatal, sin excluir la formación de grupos paramilitares y de choque ilegales que actuaron en contra de las organizaciones populares.

En los informes aparecen funcionarios conocidos por su participación en este oscuro periodo de la historia de México, como Miguel Nazar Haro quien fungió como director de la ya desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Félix Galván López, quien fue General de División de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ambos, participaron en detenciones arbitrarias, ejecuciones judiciales, así como actos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Se encontraron listas del personal de la Brigada Especial y las detenciones llevadas a cabo por dichas brigadas que incluye la desaparición forzada de personas en el Campo Militar número Uno.

Además de los mencionados, el texto registra a Luis de la Barreda Moreno, quien dirigió la Dirección Federal de Seguridad (DFS) así como el Procurador General, Julio Sánchez Vargas, quienes negaron sistemáticamente lo ocurrido además de estigmatizar a las víctimas. La existencia de lugares de tortura y desaparición temporal como la Estación de Bomberos de Tlatelolco, ubicados en la Ciudad de México y las caballerías, en Chihuahua. El teniente Francisco Quirós Hermosillo, quien reportaba a Mario Moya Palencia, entonces subsecretario de Gobernación, encargado de llevar a cabo acciones de represión en contra del Movimiento de Acción Revolucionario (MAR). El entonces Gobernador de Michoacán, Agustín Arriaga Rivera y Héctor Ruiz Aburto (este último, jefe de la policía) responsables de la ejecución de un estudiante en 1966.

El Plan “Silenciador” dirigido contra integrantes de la Unión del Pueblo (UP) en entidades como Oaxaca, la ahora Ciudad de México y Jalisco. Se documentan las acciones de batallones del ejército en Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, en contra de organizaciones como el Frente Armado del Pueblo (FAP) y la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (BREZ, grupo de la LC23S). En Chiapas, el 46/o Batallón de Infantería estuvo a cargo de la represión contra las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). Destaca el informe el uso sistemático de parte de las estructuras represivas del Estado mexicano de estrategias como la violencia sexual con el fin de callar y atemorizar a los grupos opositores.

Se investigó la existencia de grupo porriles en los movimientos estudiantiles de 1960 a 1970. Como parte esos grupos participaba la Policía Judicial; asimismo, el Cuerpo de Fusileros y Paracaidistas, cuyo propósito era desarticular huelgas y posicionarse en los espacios escolares de entidades como Michoacán, Sonora, Tabasco y Ciudad de México. “Algunos grupos porriles de finales de la década de 1960 evolucionaron hacia grupos especiales o paramilitares, como el grupo de Agentes Confidenciales del general Federico Amaya Rodríguez en Jalisco” (mejor conocido como grupo de “Pelacuas”, que no eran los únicos, había como una docena de estos grupos: Balvaneda, los Wama, las chichonas, Javier Barba, El alemán, Leonel Ulloa, etc.). El contubernio entre agentes estatales y paraestatales, que operaron en la masacre del Edificio Carolino, de Puebla, en 1973. El uso de la FENOB para agredir a estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba. Además ese grupo participó en represiones a grupos campesinos, maoístas que tomaban tierras, etc. Se exilió a líderes del movimiento estudiantil del 68 e integrantes de organizaciones político-militares.

Se actuó en contra de movimientos sindicales como el ferrocarrilero, para ello se utilizaron a pistoleros, agentes de la DFS y la misma SEDENA. Se hacían pasar como civiles (y también como obreros, siendo agentes de la DFS o del SS, en aquellas empresas donde identificaban actividades de propagandeo armado) quienes más tarde actuarían como agentes del gobierno entre ellos “matraqueros” cetemistas, halcones y pistoleros. Lideres sindicales (la mayoría más bien fueron cooptados) fueron reprimidos y encarcelados (y asesinados como el profesor Misael Nuñez Acosta, en Ecatepec de Morelos, estado de México).

 Los “Vuelos de la muerte” se ejecutaron en helicópteros (solo hay evidencia de los aviones Arava, israelíes, no de helicópteros) o aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Subían a opositores con el fin de obtener información por medio de torturas y cuando ya no se podía obtener más información eran maniatados y en costales se les arrojados al mar (cuando los subían es porque ya estaban destinados a morir. Debe precisarse que las torturas ocurrían en diferentes centros especiales. “Un incidente notable de esta etapa ocurrió en Jalisco en 1974, donde el general José Francisco Gallardo Rodríguez denunció que cerca de 20 jóvenes fueron lanzados al lago de Chapala desde un avión de la Fuerza Aérea” (aunque no existe ninguna evidencia, salvo esa declaración sin datos del General Gallardo). Si fueran compañeros de Jalisco nos habríamos dado cuenta de esa barbarie, me comenta Armando Rentería, quien fue integrante de la LC23S. Tampoco entre militantes de otras organizaciones de la naciente Organización partidaria notificaron tal evento). Esta y más información, tuvo como referencia expedientes que se encuentra en la Procuraduría de la Justicia Militar.

En el Archivo General de la Nación (AGN) se encontró el Plan de Operaciones “Rosa de los Vientos”, en el que se ofrecen evidencias de las acciones de represión dirigidas en contra de Liga Comunista 23 de Septiembre, en 1978, cuyo fin era eliminar a la Liga en donde estuviera. En esa estrategia participaba la DFS, la Policía Militar y las zonas militares del país. “La logística del plan contemplaba la provisión de vehículos y equipos para ejecutar operaciones simultáneas, buscando detener y erradicar cualquier intento de reagrupación de la LC23S, dada su capacidad para realizar actividades subversivas”.

(Continuará con la parte 2 y final del texto la semana entrante).