Observador político - Seguridad y desigualdad: un legado de omisiones y promesas rotas

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Seguridad y desigualdad: un legado de omisiones y promesas rotas

Los últimos seis años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos no solo dejaron un estado sumido en la inseguridad, sino también una serie de promesas incumplidas que hoy, al final de su mandato, siguen gravando el futuro de la entidad. Mientras la gobernadora Margarita González Saravia está retomando las riendas con acciones y discursos centrados en el combate a la corrupción y la mejora de la seguridad, aunque la realidad sigue siendo triste y la pesadilla continua porque Morelos sigue siendo uno de los estados más violentos.

INSEGURIDAD, “EL COCO” DEL GOBIERNO.- Es indiscutible que la inseguridad ha sido y sigue siendo el principal desafío para el gobierno de Margarita González, por lo que su intento por mejorar la situación, a través de un acercamiento directo con la ciudadanía y la intensificación de los esfuerzos contra la corrupción, se ve opacado por la ineficacia de las instituciones de seguridad.

Por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General del Estado, siguen sin ofrecer los resultados concretos y mientras tanto, el pueblo de Morelos sigue pagando el precio de la falta de una estrategia contra la inseguridad en la que verdaderamente estén comprometidos los 36 presidentes municipales y no estén esperanzados a que sea el Estado quien tenga que aplicar todas las acciones para combatir a las células criminales.

El mensaje es claro: no basta con prometer un cambio, se necesita actuar con determinación, no solo con discursos.

El legado de Blanco Bravo, marcado por la indiferencia y la pasividad ante los graves problemas estructurales del estado, dejó una huella imborrable en la vida de los morelenses; las promesas incumplidas de un gobierno “del pueblo” no son más que una muestra de que, en el fondo, las autoridades no han comprendido la magnitud de la crisis social que enfrentan.

URGENTE, ROMPERO CON LA IMPUNIDAD.- A pesar de los esfuerzos visibles de González Saravia por mejorar las condiciones de seguridad, lo cierto es que las bases sobre las cuales se debe construir un verdadero cambio siguen siendo frágiles; más allá de la retórica política, el verdadero reto está en transformar las instituciones de justicia, garantizar una policía capaz de operar de manera ética y eficiente, y, sobre todo, romper con un sistema de impunidad que beneficia a los actores más poderosos de la política y el crimen organizado.

En Morelos, como en muchas otras partes del país, se necesita acción real, un giro radical en las políticas de seguridad, y una verdadera voluntad para enfrentar a los carteles de la delincuencia sin ceder a la corrupción que tan profundamente ha corrompido la estructura estatal.

De ahí la urgencia de que, haya resultados mediante un cambio profundo, no solo en sus figuras políticas, sino en el sistema que permite la perpetuación de la violencia y la corrupción, solo con un enfoque serio, integral y profundamente transformador, se podrá arrancar a Morelos de la espiral de violencia que aún lo domina.

REBASADOS POR LA INSEGURIDAD.- La situación de seguridad en muchas regiones de México sigue siendo alarmante, y las declaraciones del presidente municipal de Axochiapan, Marco Cuate, no hacen sino resaltar lo que ya todos sabemos: tanto las autoridades como los ciudadanos están siendo rebasados por la violencia. Sin embargo, es pertinente reflexionar sobre qué está ocurriendo realmente cuando un alcalde se ve obligado a pedir seguridad personal para protegerse, mientras las comunidades que gobierna continúan vulnerables a la delincuencia y la impunidad.

Marco Cuate, del Partido Movimiento Ciudadano, reconoce que, aunque no se puede garantizar al 100% la seguridad, los alcaldes tienen derecho a contar con protección personal debido a los riesgos que implica el cargo; este es un punto válido, claro está. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿por qué esta necesidad de seguridad personal ha alcanzado tales proporciones? La violencia no es algo nuevo, pero en las últimas décadas ha crecido de manera exponencial, sobre todo en las regiones donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente.

Lo más preocupante de sus declaraciones no es su apelación por seguridad, que es legítima, sino el hecho de que se sigue insistiendo en la misma lógica de "soluciones individuales" para problemas estructurales. Los alcaldes, como Cuate, están pidiendo más protección personal sin cuestionar seriamente la raíz de la violencia; la cuestión no es sólo si un edil debe o no estar seguro, sino ¿por qué las políticas públicas de seguridad no han sido capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos?

LA HERENCIA DE LOS VERACRUZANOS.- Un ejemplo de ello, fue que durante los últimos seis años que recientemente concluyeron, llegó gente de Veracruz encabezados por el almirante José Antonio Ortíz Guarneros y en el tema del combate a las bandas delictivas dejaron mucho que desear y por ello se incrementó de manera alarmante; hoy, la mayoría de esos jefes policíacos que llegaron a Morelos ya se fueron a sus respectivas entidades de origen y este, ha sido un problema cíclico que no se ha podido erradicar en la entidad.

Por lo pronto, la violencia no se combate con blindaje individual, sino con políticas públicas robustas que garanticen justicia, prevención, y desarrollo económico y por ello, el edil de Axochiapan, Marco Cuate hace hincapié en la necesidad de un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la violencia. Esto, por supuesto, suena sensato, pero la pregunta es: ¿qué tan comprometidos están realmente los gobiernos estatales y federales con la transformación estructural que la seguridad requiere?

Y es que hasta ahora, hemos visto más medidas superficiales, como el uso de las fuerzas armadas en la calle, que han contribuido a la militarización y no a la construcción de un verdadero Estado de derecho. La respuesta institucional está lejos de ser efectiva, ya que los recursos no se destinan de forma adecuada a la prevención del delito ni a la justicia social.

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