Observador político - Seguirá el TSJ de Morelos dividido y confrontado

En Morelos, el Tribunal Superior de Justicia no es un poder del Estado al servicio del pueblo, sino un botín disputado por una élite judicial cuyo único compromiso real es con el poder, el dinero y la perpetuación de sus privilegios. La reciente disputa por la presidencia del Tribunal, protagonizada por María del Carmen Aquino Celis, Javier Mújica Díaz y Nancy Guevara Montero Mercado, no representa un relevo digno ni una oportunidad de cambio, sino la continuidad de una lógica perversa donde la justicia es lo que menos importa.

JUSTICIA SECUESTRADA.- A estas alturas, da igual quién asuma la presidencia: el daño estructural está hecho. La crisis interna, la confrontación constante y la ambición desmedida de los 22 magistrados actuales han evidenciado su desprecio absoluto por el bien común; no les interesa la gobernabilidad judicial, mucho menos el acceso real a la justicia para el pueblo morelense. Lo suyo es el control de los recursos públicos, las cuotas de poder, y los pactos oscuros.

El patético espectáculo ofrecido por Luis Jorge Gamboa Olea al negarse siquiera a ceder simbólicamente la silla de la presidencia a su sucesor provisional —su archirrival Juan Emilio Elizalde Figueroa— no solo retrata a un hombre pequeño, sino a un régimen judicial enfermo de soberbia e impunidad. Ni siquiera en la ceremonia de protesta mostró un mínimo de institucionalidad; en su silencio y su gesto hubo más desprecio por el poder público que respeto por la ley.

El discurso de “borrón y cuenta nueva” que algunos magistrados han comenzado a esgrimir es, en el mejor de los casos, un cinismo burdo; en el peor, una estrategia para encubrir posibles actos de corrupción cometidos durante la gestión de Luis Jorge Gamboa Olea. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización debe intervenir de inmediato, ya que no se puede permitir que el manto de la complicidad cubra la administración de millones de pesos sin rendición de cuentas. Si no hay nada que esconder, como dicen, no hay nada que temer.

¿UNA MUJER AL PODER EN EL TSJ? Muchos celebran que probablemente será una mujer quien presida el Tribunal hasta 2027, en consonancia con el avance de mujeres en posiciones de poder en Morelos: Margarita González Saravia en el Ejecutivo estatal, Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, Jazmín Solano en el Congreso local, Viridiana Aydeé León en la UAEM. Sin embargo, el género no garantiza una justicia transformadora si lo que prevalece es la lógica de cuates, cuotas y corrupción. Ser mujer no es sinónimo de cambio si se administra el poder con los mismos vicios patriarcales.

La justicia en Morelos está secuestrada por una élite que se protege a sí misma. La izquierda no puede quedarse callada ante este desfalco moral y ético. Se requiere una profunda reestructuración del sistema judicial, con participación ciudadana real, mecanismos de fiscalización independientes y un compromiso inquebrantable con la transparencia y los derechos humanos. El pueblo morelense no necesita más simulaciones. Necesita justicia.

OTRA VEZ EL CUAUH, EN EL OJO DEL HURACÁN.- El caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo es apenas la punta del iceberg de una podredumbre institucional que se disfraza de populismo, pero que reproduce -y en ocasiones perfecciona- los vicios del viejo régimen.

El exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, volvió a estar bajo escrutinio, esta vez por una omisión que delata algo más profundo que una simple negligencia: no presentó su declaración de situación patrimonial al concluir su mandato, como lo exige la ley. Este acto, aparentemente técnico, evidencia la arrogancia con la que muchos políticos llegan al poder bajo el amparo de un discurso que se dice del pueblo, pero que en la práctica pisotea la legalidad y la transparencia.

El procedimiento fue iniciado por la Secretaría de la Contraloría de Morelos luego de que la asociación civil Morelos Rinde Cuentas solicitara acceso a las declaraciones patrimoniales; la respuesta fue clara: Blanco Bravo no cumplió. Y mientras se corre el reloj de los 30 a 40 días para entregar dicha declaración, el país entero observa cómo un funcionario más se burla de las obligaciones legales que deberían ser mínimas en cualquier democracia funcional.

Pero no se trata solo de un olvido administrativo, no, este episodio se suma a una larga lista de escándalos que envuelven al exfutbolista: una denuncia por presunto intento de violación contra su media hermana, una auditoría con irregularidades por más de 700 millones de pesos, y una política sistemática de opacidad, ya que desde 2019, su administración ocultó las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, un retroceso brutal para un estado que vive entre la violencia, la pobreza y el desencanto.

¿Cómo se explica que un personaje con un conjunto de antecedentes negativos o delictivos en su conta, por lo que lo preocupante y triste es que, no solo siga libre, sino que hoy ostente un cargo como diputado federal? La respuesta es incómoda para quienes aún creen que la Cuarta Transformación representa una ruptura real con el pasado.

No se puede hablar de justicia social mientras se normaliza la corrupción, la impunidad y la violencia de género; no basta con decir que "los de antes eran peores", porque con esa lógica se perpetúan los mismos abusos que nos llevaron al hartazgo.

Cuauhtémoc Blanco representa un tipo de político que la 4T prometió erradicar: autoritario, opaco y oportunista, por lo que su permanencia en la vida pública no solo daña a Morelos, sino que debilita moralmente a un movimiento que alguna vez ilusionó con cambiar las reglas del juego.

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