Observador político - Se enoja Cuauh… Jesús Corona, cínico, se desmarca de extesorero prófugo…

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Se enoja Cuauh… Jesús Corona, cínico, se desmarca de extesorero prófugo…

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, sigue demostrando que sus aspiraciones políticas son tan vacías como su carrera deportiva fue brillante, pero aún más cuestionables por la descomunal opacidad que envolvió su mandato, ya que en lugar de ofrecer soluciones a los problemas históricos que aquejan a los morelenses, siempre antepuso sus intereses personales y familiares sobre el bienestar del pueblo. La sombra de la corrupción, la violencia y la impunidad se cierne sobre su figura, haciendo de su gobierno una verdadera "piñata" de escándalos.

HERENCIA DE UN GOBIERNO CORRUPTO.- Primero, es crucial señalar el comportamiento autoritario que ha adoptado, especialmente en su relación con los medios de comunicación, ya que mientras trató de manipular y coartar la labor periodística en Morelos, al más puro estilo de gobiernos neoliberales, Cuauhtémoc Blanco se vio desbordado por la presión de los reporteros en el Congreso de la Unión, quienes, lejos de ceder ante sus amenazas, lo pusieron contra las cuerdas sin importar que sea un diputado federal.

Y es que, la furia del Cuauh ante las preguntas incómodas es solo la punta del iceberg de un gobernador que no sabe lidiar con las críticas y, peor aún, parece dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para silenciar las voces disidentes.

Más allá de sus berrinches ante los medios, el gobierno de Blanco Bravo está marcado por la corrupción más grotesca, y como ejemplo, basta con recordar a su administración, que lejos de representar los intereses del pueblo, se convirtió en una agencia de colocación para su familia y amigos más cercanos. Lo cierto es que durante su gestión como mandatario, permitió que varios de sus familiares se apoderaran de las arcas públicas, posicionándose en puestos clave dentro de su gabinete, con sueldos que rozan los 50 mil pesos mensuales. El nepotismo, en su máxima expresión, está presente en cada rincón del gobierno morelense.

La denuncia por tentativa de violación presentada por su hermana Nidia Fabiola es solo un capítulo más en la serie de escándalos que ensucian su mandato. Fabiola, quien gozó de la protección de su hermano cuando fue gobernadora, ocupaba un puesto directivo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo de Morelos.

AGENCIA DE COLOCACIONES CUAUH.- La triste ironía radica en que la misma persona que ahora lo señala por una de las agresiones más graves que se le puede atribuir a un ser humano, fue parte de su esquema de nepotismo, recibiendo sueldos altos y cargos importantes dentro del gobierno.

Este escándalo no es el único, ya que desde el primo hasta el sobrino, Cuauhtémoc Blanco logró asegurar que su familia fuera la principal beneficiada con los recursos del pueblo morelense. Por ejemplo, estuvo Armando Shajid López Bravo, primo de Cuauhtémoc, quien ocupó un cargo en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria con un salario cercano a los 40 mil pesos, mientras que otros miembros de su familia no solo gozaron de cargos en distintas dependencias, sino que se beneficiaron de un sistema que premia la lealtad y el parentesco, en lugar de la capacidad y el compromiso con la ciudadanía.

La situación en Morelos es alarmante porque Cuauhtémoc Blanco, más que un líder político, pareció un títere del sistema neoliberal, pero con la capacidad de poner a su familia en el centro de un gobierno que debería estar al servicio del pueblo. Lejos de ser un hombre de pueblo, Blanco Bravo demostró ser un reflejo más de la vieja política, aquella que antepone los intereses personales y familiares por encima del bienestar colectivo.

EL CINISMO DE JESÚS CORONA.- El reciente escándalo que involucra al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, pone en evidencia una vez más la perversión que recorre las estructuras del poder político en México; ya que a través de un comunicado, el edil, que ha tenido que lidiar con su propio vínculo con un líder del Cártel de Sinaloa, intenta ahora despegarse de su extesorero, Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, quien está bajo investigación por presuntos actos de corrupción. Pero detrás de esta maniobra de "deslinde" hay una realidad innegable: la gestión pública que ha dejado mucho que desear y que sigue perpetuando la impunidad, no sólo en Cuautla, sino en todo el país.

Es curioso cómo el mismo Jesús Corona, que emergió de una coalición de partidos que históricamente han jugado con la corrupción y la impunidad como moneda de cambio, ahora se presenta como un paladín de la transparencia y la legalidad, por lo que, en su comunicado, dice: “La ley debe demandar a quienes deban responder y lo hagan conforme a derecho”. Curiosa declaración, si tenemos en cuenta que la justicia en México siempre parece llegar tarde o nunca llegar en absoluto cuando se trata de quienes ostentan el poder. En este caso, el mismo alcalde que no ha sido capaz de esclarecer su relación con figuras vinculadas al crimen organizado, ahora se presenta como un defensor a ultranza del Estado de Derecho. ¿Será que el compromiso con la legalidad es selectivo o realmente le interesa hacer justicia?

El caso de Álvarez Anonales, su extesorero, nos muestra una realidad común en la política mexicana: el esquema de impunidad que permite que los servidores públicos actúen con total libertad, sin temor a las consecuencias; si la Fiscalía Anticorrupción está buscando a Álvarez Anonales, es porque está claro que algo no está bien en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, es revelador que el propio Jesús Corona, lejos de tomar responsabilidad por lo que ocurrió bajo su administración, ahora se desentiende y, al mejor estilo de muchos políticos de su corriente, se escuda en un discurso vacío de compromiso.

Es indudable que la corrupción tiene muchas caras, y que la justicia en México tiene un largo camino por recorrer, pero el caso de Cuautla es emblemático de la falta de voluntad política para erradicarla.

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