Observador político - Negocio y corrupción en los verificentros

Durante la administración del ex gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo, había más de 40 centros de verificación que daban servicio a un padrón superior al medio millón de vehículos privados y públicos. Llegó en el 2012 Graco Ramírez Garrido Abreu, y en poco tiempo los eliminó, bajo el argumento de mejorar la calidad del aire y para modernizar los servicios de transporte masivo y la verificación vehicular. Hoy, los diputados le han dado facultades al Ejecutivo para nuevos verificentros por hasta 20 años y mantener los que ya están, sin importar que sean señalados por actos de corrupción.

LOS EX GOBERNADORES.- La decisión del ex mandatario perredista, de cerrar los verificentros en Morelos, dizque para mejorar estos centros de servicios fue el preámbulo de la quiebra de la mayoría de dueños de estos negocios que estuvieron en desventaja, desde el momento en que se emitió la convocatoria, sobre todo,  porque a partir de ahí, solo se permitió a doce empresarios en su mayoría fuereños, provenientes tanto del norte del país como de la Ciudad de México, todos vinculados a los intereses de Graco Luis, por lo que lograrán tener el derecho de instalar estos establecimientos en Morelos, quien incumplió porque dijo que no habría “simulación” de su parte y sí un compromiso con la zona Metropolitana. Se comprometió en aquél entonces, a impulsar una política ambiental para modernizar el transporte masivo, que provoca altos indicadores de contaminación y resulta dañino para la salud de los morelenses.

Desde hace ese tiempo y en la actualidad, el transporte prácticamente sigue siendo el mismo, es decir, todo fue una falacia vil.

Después, lanzó su famosa convocatoria y estos fueron las empresas beneficiarias con negocios redondos y millonarios, por los alrededor de 800 mil automóviles privados y públicos que tienen que realizar su verificación dos veces al año, por lo que resulta prácticamente imposible que todos hagan este trámite en los doce verificentros que actualmente funcionan y que aprobó el gobierno, y lo peor, es que fue por un periodo de 20 años, nada más.

Hay cuatro verificentros en Cuernavaca: Corporación de Verificentros S.A. de C.V., en Cuernavaca; Verificación Santa Lucia S.A. de C.V; Control Ecológico Vallejo S.A. de C.V; Verificación Durango S.A. de C.V; una en Jiutepec, Verificentro Lomas S.A. de C.V; en Temixco,  Control Ecológico Corpus Christy S.A. de C.V –propiedad de un político de la administración estatal actual-; una más en Cuautla, Control Ambiental del Valle de México S.A. de C.V; Verificación Santa Fe S.A. de C.V,  en Jojutla;  Terflosan S. A. de C.V, en Yautepec; Verificación Misterios S. A. de C.V, en Yecapixtla; Impulsora Ecológica Santa FE S.A. de C. V, en Jantetelco; y el Centro de Verificación Lomas S.A. de C.V en Mazatepec.

EMPRESARIOS VS LOS VERIFICENTROS ACTUALES.- El Año pasado, quien fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial y hoy diputado local electo del Partido Acción Nacional, Ángel Adame Jiménez, se pronunció porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco, analizara la pertinencia de cerrar de forma temporal los verificentros, luego de considerar que los actos de corrupción e inconformidades de los usuarios van en aumento por no el malo sino pésimo servicio que ofrecen a la ciudadanía en general.

Por lo tanto, desde la tribuna más alta del Congreso de Morelos, ahora Ángel Adame tendrá más y mejores condiciones de volver a poner el tema en el ojo del huracán, tras la decisión de los actuales legisladores de permitir las facultades al Ejecutivo para otorgar las concesión de hasta por 20 años a los nuevos empresarios, lo que puede provocar además de cotos de poder mucho más actos de corrupción por el negocio multimillonario que resulta ser un verificentro en Morelos.

Solo recordar que los verificentros no tienen estacionamientos y están ubicados en su mayoría en avenidas principales, provocando con ello un tráfico inmenso y afectaciones a los comercios que tienen la desgracia de estar cerca, porque los automovilistas se estacionan en doble fila, provocando y afectando a sus clientes que no pueden entrar a sus negocios. Y pese a ello, al tráfico que generan, no hay poder humano para evitarlo porque también hay colusión con las autoridades de vialidad que pasan de noche por estos lugares sin que les obliguen a los chóferes a no contribuir a más afectaciones a la vialidad.

Además de que los actos de corrupción jamás se fueron, y solo se han ido modernizando de ahí los cuestionamientos que se han generado de forma intensa porque pese a que las autoridades lo saben por las quejas y denuncias de los ciudadanos afectados, por ello, la urgente necesidad de hacer una investigación real y minuciosa para verificar las condiciones en las que se encuentran y ofrezcan un verdadero y buen servicio a los propietarios de vehículos, es decir, tener todas las facilidades y accesibilidad a los ciudadanos para que estos cumplan con ésta obligación.

Por ello, ex loable el rechazo que hizo la diputada del PRI, Rosalina Mazari Espín, en contra de sus homólogos, al aprobar de noche la concesión de los verificentros por un periodo de 20 años a estos establecimientos, lo que es considerado como un exceso porque se hipoteca no a esta sino a las próximas tres administraciones y concluye hasta el año 2041. Un verdadero exceso y una ocurrencia en la que cayeron los actuales legisladores de la 54.

Y sus argumentos son precisos: “Se pretende otorgar por 20 años concesiones para aperturar nuevos centros de verificación vehicular en el Estado y asegurar la permanencia para aquellos que se encuentran operando tan deficientemente, tanto para los usuarios como para el propio Estado; vengo a manifestar mi voto en contra a esta reforma de mucha premura”. Y agrega: “Es inadmisible que se pretenda perpetuar a los centros de verificación vehicular que han demostrado, hasta la fecha, su ineficacia ante la prestación de un servicio que, además de golpear los bolsillos de  las familias morelenses, de los miles de transportistas y de todas las personas que utilizan un vehículo automotor para desempeñar sus trabajos u oficios y sobrellevar la vida diaria; han resultado con múltiples irregularidades e inconformidades de parte de los usuarios, que lejos de observar un beneficio, han hecho infinidad de denuncias por la pésima atención que reciben, la evidente desorganización, la falta de atención, la inconformidad en los hologramas, y en algunos casos, abusos y hasta dobles pagos o pagos indebidos, haciendo todavía más obvia la corrupción y los malos manejos de quienes operan estos centros de verificación vehicular”, concluye.

Algo se tendrá que hacer, esta aberración y exceso de poder de los diputados de la legislatura 54, no puede ser pasada por alto. Alguien los tiene que sancionar. Quizá los diputados que tomarán protesta, al momento de hacer las auditorías y verifiquen ¿dónde está, cómo y en qué se gastaron 460 millones de pesos siendo 20 diputados si antes eran 30 y tenían un presupuesto menor de 400 millones de pesos?

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