Transporte público, prioridad
En opinión de Juan Salgado Brito
Juan Salgado Brito
El tema del transporte público, bien podría considerarse como un asunto de Estado, ya que involucra en la responsabilidad de garantizar el servicio a varias instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno, sin embargo lo pongo y expongo como una prioridad que debe estar muy presente lo mismo en las autoridades federales, estatales y municipales como también en las organizaciones de todo tipo de autotransporte y también en los concesionarios en particular. El transporte público en sus diversas modalidades pero sobre todo en el de pasajeros con toda su problemática como el tema de las tarifas, los costos de gasolina y refacciones, los salarios y prestaciones de los operadores o choferes, las condiciones de las unidades., la exigencia de la población, los usuarios y las autoridades para que presten servicios de calidad y sobre todo la seguridad para choferes, pasajeros y las propias unidades, es todo un conjunto de problemas que debe atenderse con sentido social, con cabal responsabilidad tanto de las autoridades como de los concesionarios y de la misma sociedad.
No es justo exponer la seguridad de los conductores de rutas y taxis o de camiones repartidores de bienes y servicios, como tampoco el patrimonio de los concesionarios ni la vida y pertenencias de los pasajeros ante la delincuencia y los delincuentes que parecieran estar cobijados por un manto de protección e impunidad., como tampoco es justo castigar a la población que usa el transporte público limitando los horarios de movilidad de camiones, rutas y taxis que ya no quieren trabajar en la noche por la inseguridad y la asechanza de la delincuencia que parece no tener freno para asaltar, robar, extorsionar o asesinar. Visto así el problema sí puede considerarse como un asunto de Estado donde autoridades de los tres niveles de gobierno deben intervenir para evitar mayores sobresaltos en la población y en los transportistas prestadores de servicio público abonando con ello a la gobernabilidad en el entendido que la paz y la tranquilidad social son resultado de la justicia y la seguridad.
