Observador político - Necesario se audite a la Legislatura LV

La reciente gestión de la Legislatura 55 se ha visto envuelta en un torbellino de sospechas y escándalos financieros que exigen una auditoría exhaustiva; solo como ejemplo, en apenas siete meses de este año 2024, se gastaron 460 millones de pesos, dejando a la entrante Legislatura 56 con sólo 120 millones para cubrir no sólo las deudas pendientes, sino también el pago del tercer mes de aguinaldo a los trabajadores sindicalizados, quienes ya recibieron dos meses de parte de los legisladores salientes.

REPROBADOS EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- Este escenario plantea serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas de la Legislatura actual, que en caso de que un despacho contable los revisara, seguro están reprobados  al igual que el trabajo que realizaron en los tres años.

Uno de los problemas más notorios de la Legislatura 55 ha sido su falta de transparencia, y es que la opacidad en el manejo del presupuesto ha sido una constante, con pocos detalles disponibles sobre cómo se distribuyó el dinero.

La contratación y despido de trabajadores, así como los sueldos percibidos, han sido manejados con un sigilo cuestionable; incluso, se desconoce cuántos empleados fueron contratados, sus salarios, y mucho menos se sabe sobre el destino final de los recursos asignados para indemnizaciones, es decir, tan parece sufre amnesia o Alzheimer

el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, quien dice desconocer número aproximado de personal que fue liquidado, así como los montos destinados por ese concepto.

Cierto es, que la parálisis legislativa ha sido otra característica destacada de esta gestión, más porque la asamblea en pleno se reunió en los últimos meses apenas una vez al mes, mostrando una ineficacia alarmante; empero, cuando se trató de intereses personales o económicos de los diputados, la dinámica cambió drásticamente, ahí sí los legisladores actuaron con sorprendente agilidad y coincidencia sin importar sus diferencias ideológicas o políticas para aprobar procesos amañados y corruptos, como la selección de magistrados, un proceso que parece haber estado condicionado a un presunto soborno de cinco millones de pesos por togado.

El colmo de la irresponsabilidad se refleja en la actitud de algunos miembros clave, como el presidente de la mesa directiva, Franco Sánchez Zavala, quien ha manifestado desconocimiento sobre el personal y el monto destinado a indemnizaciones, esto se suma a las acusaciones de que hubo aviadores cobrando sin desempeñar funciones reales, lo que agrava aún más la percepción de descontrol y corrupción.

De ahí la urgente necesidad de que se realice una auditoría especial a la Legislatura 55 para esclarecer el uso de los recursos y asegurar que no haya quedado impune el despilfarro y la corrupción, más cuando la ciudadanía exige respuestas y una rendición de cuentas que hasta ahora ha sido sistemáticamente eludida.

IMPUNIDAD LEGISLATIVA.-  Durante décadas el saqueo financiero ilícito por parte de los diputados del Congreso en turno prácticamente no ha tenido repercusión alguna, y en esta ocasión seguro estoy ocurrirá lo mismo, sin embargo, es justo y necesario que ya no haya más impunidad y si se detectan malos manejos financieros, estos además de tener que reintegrarlos a las arcas del Congreso, se les tendría que imputar algún delito en el que presuntamente hayan incurrido.

De ahí que la próxima legislatura tiene un reto crucial: evitar el borrón y cuenta nueva en el Congreso del Estado de Morelos y asegurar que se realice una auditoría completa a la gestión saliente; en un contexto de creciente desconfianza y presuntas irregularidades, es esencial que se realicen auditorías exhaustivas no solo a las dependencias estatales, como ellos, los diputados al considerar que hubo manejos financieros decidieron aplicarles auditorías especiales a la Secretaría de Movilidad y Transportes, a la Comisión Estatal de Agua así como a la Tesorería, y por tanto, su subalterno hasta el último día de este mes, José Blas Cuevas Díaz, titular de la Auditoría y Fiscalización del Congreso, debería de iniciarles una investigación en ese mismo sentido.

Aunque se ve que ello no trascendería porque, Cuevas Díaz, designado por los actuales legisladores, ha estado en el ojo del huracán por sus posibles compromisos y acuerdos con los que hoy ocupan el Congreso, incluso las sospechas de que es socio de la diputada Macrina Vallejo Bello en un negocio en Plan de Ayala, en la colonia Amatitlán

en Cuernavaca, lo que sin duda agrava aún más la situación. De ahí que es imperativo que la nueva legislatura no pase por alto estos vínculos que podrían comprometer la objetividad en la fiscalización de los recursos del Congreso.

OPACIDAD LEGISLATIVA.- La opacidad en el manejo del presupuesto del Congreso es alarmante, basta con mencionar que cada uno de los 20 diputados locales de la Legislatura 55 cuesta al erario 75 mil pesos mensuales en dieta, más 85 mil pesos en ayuda social y 20 mil pesos en viáticos. Esto suma un gasto de 180 mil pesos mensuales por diputado, lo que equivale a 2 millones 160 mil pesos anuales por cada legislador, y un total de 129 millones 600 mil pesos por los 20 diputados en los últimos tres años de legislatura.

Este gasto ya es excesivo, pero la situación se vuelve aún más grave cuando se considera que el presupuesto total asignado a los 30 diputados de las legislaturas anteriores a la 54, tenían 400 millones de pesos a una cifra absurda actual de 580 millones de pesos más.

Este incremento desmedido en el presupuesto, sin la debida transparencia y rendición de cuentas, es una muestra clara de la ambición desenfrenada de los legisladores salientes. En lugar de legislar en beneficio del pueblo, han modificado y utilizado el sistema en su favor, asegurando su enriquecimiento a expensas del dinero público.

Por si fuera poco, las designaciones dudosas, como las de magistraturas, revelan una estructura corrupta y una falta de compromiso con la justicia y la equidad, por ello, la insistencia de que la nueva legislatura no permita que esta situación pase desapercibida, es decir, hay diversos sectores de la población como abogados, empresarios, y organizaciones no gubernamentales que están a favor de que se les práctique una auditoría exhaustiva que no solo investigue el destino de los recursos públicos sino que también identifique posibles vínculos corruptos y complicidades dentro del Congreso para que reintegren el dinero, en dado caso de que fuera necesario, y se presentarán las denuncias penales correspondientes si amerita el caso.

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