Observador político - Morelos: el pantano judicial de los privilegiados

En Morelos, el Poder Judicial es un retrato obsceno del fracaso institucional, luego de que los 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sin excepción, han contribuido sistemáticamente a hundir al estado en el último lugar nacional en impartición de justicia. Y no, no es casual ni resultado del infortunio; es consecuencia directa de una lógica perversa de cúpulas que anteponen el poder económico, político y los privilegios personales a cualquier idea de justicia social.

LOS MÁS DE 100 MIL PESOS MENSUALES QUE GANAN LOS MAGISTRADOS.- Mientras miles de personas enfrentan un sistema judicial lento, clasista y lleno de trabas burocráticas, los magistrados disfrutan de salarios superiores a los 100 mil pesos mensuales, dietas por sesiones que no realizan y un haber de retiro millonario que pretenden y que más parece un botín de guerra que un reconocimiento institucional; sin dejar de lado que perciben la mayoría, sus 300 mil pesos mensuales como aguinaldo, además de viajes, etc y lo hacen, además, en medio del desinterés total por cumplir su función.

A pesar de todos esos privilegios económicos, hoy por hoy, el Tribunal Superior de Justicia lleva más de tres semanas sin presidente, sumido en un conflicto interno donde la ambición desmedida ha bloqueado toda posibilidad de acuerdo.

Detrás de esta parálisis hay más que incapacidad política. Hay un negocio. Un sistema de prebendas, de cuotas de poder, de canonjías a repartir entre los grupos que se han incrustado en la estructura judicial. Un sistema que se niega con uñas y dientes a ser auditado, a transparentar el uso de recursos públicos, a rendir cuentas. Porque hacerlo implicaría abrir la caja de Pandora de la corrupción interna que muchos se han esforzado por mantener cerrada.

¿PONDRÁ ORDEN EL CONGRESO EN EL JUDICIAL? En este contexto, el Congreso local intenta intervenir, empujado no por la voluntad política de transformar la justicia, sino por la presión de un grupo de magistrados que ya no puede ocultar la podredumbre del sistema. Hablan de una “contrarreforma” para que el Legislativo elija al presidente del Tribunal, un movimiento que podría parecer una solución práctica, pero que en el fondo refuerza la idea de que la independencia del Poder Judicial es solo una farsa decorativa en Morelos, por aquello de que se violentaría la Constitución por la presunta invasión de poderes.

Sin embargo, ¿qué independencia puede existir cuando los magistrados mendigan acuerdos políticos a cambio de impunidad? ¿Qué justicia puede esperarse de un cuerpo colegiado que ni siquiera puede lograr el quórum para resolver su propia crisis interna? ¿qué honestidad pueden demandar cuando solo los une y acuerdan para autoaprobarse el haber de retiro?

Es decir, la situación del TSJ en Morelos es síntoma de un modelo agotado, donde las instituciones fueron capturadas hace tiempo por élites que se reproducen en el poder sin rendir cuentas; lo que urge no es una nueva presidencia entre los mismos 22 rostros, sino una reforma judicial profunda, democratizadora, que arranque de raíz los privilegios y devuelva al Poder Judicial su sentido original: ser un garante de los derechos del pueblo, no un refugio de élites con toga.

La crisis de Morelos debe leerse como advertencia nacional, ya que cuando el sistema judicial colapsa, no lo hace solo por falta de leyes, sino por exceso de impunidad. Y ese es un problema político que exige respuestas estructurales, no remiendos cosméticos.

EL TSJ DE MORELOS, EL PEOR EN LOS ESTADOS DEL PAÍS.- En Morelos, hablar de justicia es hablar de una ficción, de un espejismo institucional sostenido por togas, sueldos de seis cifras y un aparato judicial que funciona más como club privado que como garante de derechos y es que, el Tribunal Superior de Justicia no solo es disfuncional: es una maquinaria averiada, capturada por la corrupción, la ineficiencia y el desprecio absoluto hacia el pueblo que supuestamente debe proteger.

Según el World Justice Project y México Evalúa, Morelos se ubica en la penúltima posición en justicia penal y en el último lugar en ausencia de corrupción a nivel nacional. Este no es un accidente, jamás, ya que es el resultado directo de años de abandono, opacidad y captura institucional.

Por tanto, no es que el Poder Judicial esté colapsando, no: el TSJ ya colapsó.

Y para muchos ciudadanos, el conflicto para los magistrados no es una crisis de Estado, porque se ha convertido en una oportunidad, en una ventana para negociar cuotas de poder, impunidad y canonjías, por ello, el Legislativo está obligado a intervenir por el nivel de disfunción que sería inadmisible.

Empero, en Morelos, parece ser la norma ya que la justicia penal está convertida en una ruina: víctimas sin protección, procesos viciados, detenciones arbitrarias y una defensoría pública precaria, sin recursos ni autonomía, más aún, porque la justicia civil es aún peor, negando acceso a quienes no tienen medios para pagar abogados o enfrentar procesos prolongados. Mientras que las medidas cautelares, pieza clave del sistema penal acusatorio, se aplican con criterios opacos, a veces más cercanos al capricho que a la legalidad.

Y sin embargo, el poder judicial morelense no está en crisis por falta de recursos, ya que tiene un presupuesto millonario, altos sueldos y haberes de retiro que insultan la dignidad de la mayoría de la población; es decir, la verdadera crisis está en el modelo de justicia como coto de poder, como espacio de reproducción de élites que se protegen entre sí mientras ignoran la realidad de un pueblo que sufre violencia, impunidad y desigualdad jurídica.

No se trata solo de cambiar magistrados o reformar leyes, más bien se requiere democratizar la justicia desde abajo, con transparencia, participación ciudadana y una rendición de cuentas efectiva. Se trata de garantizar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos y todas.

Lo que vive Morelos hoy es más que una crisis judicial: es una muestra clara de cómo la corrupción estructural y la impunidad institucionalizada terminan devorando al Estado de derecho.

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