Observador político - Los rumores por la venta de magistraturas del TSJ

En los pasillos del Congreso de estado, corre el rumor de la posible venta de magistraturas por parte de algunos legisladores. A pesar de sus constantes negaciones, cuando el río suena, es porque algo lleva. Los integrantes de la Legislatura LV tal parece le han dado la espalda al pueblo de Morelos al aprobar una reforma al Poder Judicial sin consultar ni tomar en cuenta a expertos en la materia; esta reforma, presentada por el legislador priísta Eliasib Polanco Saldívar fue la propuesta en su totalidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, roza lo absurdo en términos de excesos, abusos y ambiciones desmedidas.

EXCESOS Y ABUSOS.- En un momento en que se habla de la austeridad republicana y de la necesidad de que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, en Morelos ocurre todo lo contrario. Los magistrados, encabezados por Jorge Gamboa, parecen estar exprimiendo al máximo los recursos públicos para beneficiarse personalmente, en un claro desprecio hacia la austeridad y el bienestar del pueblo morelense.

Ante esta situación, se plantean dos opciones. En primer lugar, el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, podría vetar la reforma; sin embargo, esto daría la oportunidad al Congreso de publicarla en la gaceta y ponerla en vigencia. En segundo lugar, el gobierno del estado podría difundir las reformas del TSJ en el periódico oficial, "Tierra y Libertad", y presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando la irregularidad de las consideraciones y los argumentos presentados jurídicos ante la falta de socialización de las reformas y los excesos cometidos por los legisladores para beneficiar a los magistrados con jubilaciones vitalicias.

Si bien estos son rumores difíciles de comprobar, plantean serias dudas sobre la integridad y el compromiso de aquellos involucrados en presuntas actividades ilícitas como la venta de magistraturas por hasta 5 millones de pesos, según señaló el diputado Arturo Pérez Flores. Esto generó la incomodidad entre los legisladores, especialmente aquellos con aspiraciones a la gubernatura, como el mencionado Eliasib Polanco, quien alega que está en riesgo su integridad y la de sus colegas.

Empero, Eliasib Polanco parece haber olvidado que es el pueblo quien le paga generosamente con dietas de más de $100,000 mensuales, además de los 90 mil pesos cada 30 días para supuestos apoyos comunitarios y los recursos que perciben por pertenecer a múltiples comisiones dentro del Congreso estatal. En realidad, reciben más recursos que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Es preocupante que el diputado priista y sus colegas no hayan considerado la crisis económica que atraviesan diversos sectores de la población ni la pobreza extrema que afecta a varios municipios de la entidad; es decir, votar a favor de esta reforma al Poder Judicial, que garantiza una estabilidad económica de por vida a los magistrados y sus familias, demuestra una total indiferencia hacia los resultados deficientes en la procuración de justicia que se encuentran entre los peores del país.

La situación en el Congreso de Estado y el Poder Judicial de Morelos es alarmante. Los rumores de venta de magistraturas y los abusos cometidos en la aprobación de la reforma al poder judicial ponen en evidencia la falta de ética y el desapego de ciertos legisladores hacia las necesidades y la justicia que el pueblo merece.

Es crucial que el gobernador del estado y el gobierno en general tomen medidas contundentes para frenar estas prácticas corruptas y garantizar la transparencia y la integridad en el sistema judicial. La austeridad republicana y la igualdad salarial entre los servidores públicos deben ser principios fundamentales que se respeten, y los beneficios económicos desmedidos para unos pocos deben ser erradicados.

Es responsabilidad de las autoridades competentes investigar y esclarecer los rumores de venta de magistraturas y tomar acciones legales si se encuentran pruebas sólidas de estas prácticas ilícitas. Además, se deben promover reformas que fortalezcan el sistema judicial y mejoren la procuración de justicia en beneficio de todos los ciudadanos.

El pueblo de Morelos merece representantes comprometidos con el bienestar colectivo y con la búsqueda de una sociedad justa y equitativa; no se puede permitir que unos pocos se beneficien a expensas del sufrimiento y las necesidades del pueblo. Es hora de exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia para construir un Morelos mejor y más justo para todos.

VETO A LA REFORMA AL PODER JUDICIAL.- El reciente aval de las reformas al TSJ genera preocupación y críticas en diversos sectores de la sociedad, entre ellos, de especialistas como la profesora investigadora Clara Soto Castor, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien argumenta que estas medidas resultarán impagables y traerán consigo graves consecuencias.

Una de las modificaciones más cuestionadas es la disposición que establece un haber de retiro equivalente al 100% del salario vigente de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Según la Dra. Soto Castor, esto podría llevar a que los magistrados abandonen sus labores al jubilarse de forma vitalicia, generando así una carga financiera insostenible para el Poder Judicial.

En este sentido, la especialista hace un llamado al gobernador Cuauhtémoc Blanco para que vete estas reformas legislativas y frene los excesos y abusos cometidos por los legisladores. Considera que es necesario realizar un estudio profundo y considerar el veto de estos acuerdos, a fin de evitar una situación que dificulte la adopción de los nuevos sistemas, los cuales son un mandato federal.

Soto Castor también destaca el derecho que todas las personas tienen a una jubilación después de dedicar una vida de trabajo, tanto en instituciones privadas como públicas. No obstante, resalta que los costos y las posibilidades financieras han llevado a los gobiernos federales a realizar reformas en el sistema pensionario para evitar pensiones exorbitantes e impagables para los gobiernos estatales.

En el caso particular del Tribunal Superior de Justicia, se avecinan retos significativos debido a la implementación de la reforma en materia de Justicia cotidiana. Esto requerirá inversiones en la apertura de Salas y en sistemas tecnológicos avanzados, así como una capacitación adecuada, que actualmente no se ha llevado a cabo.

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