Observador político - Los retos ante una desacreditada FGE de Morelos

La salida de Uriel Carmona Gándara de la Fiscalía General de Morelos generó una controversia alimentada por diversos sectores, que no tardaron en difundir la versión de que la gobernadora, Margarita González Saravia, orquestó una venganza política en su contra, sin embargo, esta narrativa es, en el mejor de los casos, es una distorsión de los hechos, como aclaró durante la conferencia de prensa matutina la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

LA EXCELENTE RELACIÓN DE CLAUDIA Y MARGARITA.- Cierto es, que se ha dejado claro que la relación de Claudia Sheibaum con Margarita González está más que sólida y ambas van por el mismo camino, por lo que, esas versiones sensacionalistas que quisieron asociar la remoción del fiscal con un ajuste de cuentas personal entre la gobernadora y Carmona, empero, la realidad es que el acto formal de destitución fue llevado a cabo por el Congreso de Morelos, y todo conforme a la ley, que establece que los fiscales no pueden estar sujetos a procesos penales si se desean mantener en el cargo.

Los legisladores tejieron fino, particularmente el coordinador de los diputados de Morena, Rafael Reyes, y con ayuda de la federación que se presume actuó para presionar a la legisladora del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz para que votara a favor. Extraño fue que lo hayan hecho la diputada del PRI, Eleonora, el diputado del PAN, Francisco Sánchez Zavala y Luz Dary Quevedo Maldonado, quienes de alguna manera se habían convertido en los defensores del exfiscal.

Por lo tanto, la decisión de los 16 de 20 diputados que sobrepasó las dos terceras partes fue punto fundamental para la remoción de Uriel Carmona Gándara y ahora, ya es historia porque la llegada de Edgar Maldonado Ceballos, un hombre de todas las confianzas de la titular del Ejecutivo, Margarita González Saravia permitirá transitar en mejores resultados de investigación y desempolvar todas las carpetas que se quedaron congelas en los últimos años y sin avance alguno, en detrimento de las familias de las víctimas.

Desde la perspectiva de la gobernadora González Saravia, la decisión de la salida de Uriel no se trata de una venganza ni de un capricho, sino de una medida necesaria para dar un giro en la estrategia de seguridad del estado. En su momento, la mandataria aclaró que la remoción de Carmona no solo respondía a la necesidad de desterrar a un funcionario que arrastraba múltiples procesos legales, sino a un desgaste institucional profundo que ya estaba haciendo mella en la imagen del estado.

COMPROMISO DE CAMPAÑA.- El enfoque de González Saravia ha sido claro desde su campaña: la urgencia de renovar la Fiscalía para tener una institución coordinada con el gobierno estatal y las fuerzas de seguridad; este planteamiento, busca fortalecer la confianza en las instituciones y en el combate a la delincuencia, es un tema crucial para los morelenses, que durante años han sido testigos de un proceso de inseguridad y corrupción al interior de las instituciones encargadas de impartir justicia.

En este sentido, los intentos de desvirtuar la remoción de Carmona como un acto de venganza política sólo sirven para distraer a la opinión pública de la verdadera raíz del problema: la necesidad urgente de una reestructuración en el sistema de justicia de Morelos; el cambio no es solo una promesa de campaña, es una exigencia del pueblo, que pidió justicia imparcial y una fiscalía que deje atrás los intereses particulares y se enfoque en lo que realmente importa: la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La situación también nos invita a reflexionar sobre las tensiones que existían entre el poder Ejecutivo y los órganos autónomos, como la Fiscalía, y cómo estas tensiones pueden afectar el trabajo de las instituciones; ciertamente, a pesar de que la remoción fue formalmente un acto del Congreso, no cabe duda de que las presiones políticas en torno al cargo de fiscal fueron clave en este proceso. La política, al final de cuentas, está llena de tensiones entre las necesidades de gobernabilidad y la autonomía de los órganos encargados de la procuración de justicia y el cambio al final fue para mejorar el trabajo que se rezagó de una manera alarmante.

Lo que está en juego no es la figura de la gobernadora que está más fortalecida que nunca, ni la de Carmona como víctima de una supuesta venganza; lo que realmente importa es el futuro de la seguridad en Morelos, la credibilidad de la Fiscalía y el compromiso de las autoridades por restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.

La remoción de Uriel Carmona, lejos de ser un acto vengativo, refleja la presión de un sistema que necesita cambiar y que hoy en día, el cambio por la llegada de Edgar Maldonado Ceballos, ha sido aplaudida por la mayoría de los habitantes del pueblo de Morelos que no sobra por demás decirlo,  merece una Fiscalía que responda a sus intereses, que trabaje para mejorar la seguridad y que no quede atada a los escándalos que han marcado la gestión de su antecesor.

El cambio, en este caso, fue la única opción viable.

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