Observador político - Busca Urióstegui frenar el acoso laboral

El anuncio del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, sobre el fortalecimiento y la reactivación del  código de ética para combatir el acoso laboral y sexual en el Ayuntamiento, se presenta como una medida de firmeza y legalidad.

EL CÓDIGO DE ÉTICA.- Este tipo de iniciativas es una forma para frenar de tajo la violencia de género estructural en el ámbito público, sobre todo, porque es innegable que el edil, un profesional del Derecho, conoce la ley, y el haber sido presidente de la barra de abogados en Morelos, y ahora alcalde por segunda ocasión consecutiva, con una cercanía permanente con la gente le permite a través del código de ética, frenar cualquier intento de violencia y de acoso en contra de las trabajadoras del Ayuntamiento capitalino.

Algo importante que destaca es identificar casos frenarlos y erradicar la impunidad, como ocurrió en el pasado, por lo que las mujeres deben de confiar en su jefe inmediato y presentar las quejas, de presentarse algunos casos con la confianza de qué tendrán todo el respaldo de la autoridad para que se investigue, y de ser necesario sancionar con forma derecho se detectan algunos casos irregulares.

Cuando la máxima autoridad señala que el objetivo es que la Contraloría tenga un "parámetro claro para realizar los procedimientos", no solo se prioriza el procedimiento administrativo sobre la reparación integral y la seguridad de la víctima, sino que además se enfoca en el cómo sancionar pero además, se busca sobre todo, en el cómo proteger de manera efectiva a quien se atreve a romper el silencio.

Fortalecer el Comité de Ética es útil y más si esta se da con una autonomía real, con presupuesto específico para asistencia legal y psicológica a las víctimas, y con medidas que garanticen la no revictimización o represalia laboral.

LA DENUNCIA ANÓNIMA.- El alcalde Urióstegui Salgado mencionó que las denuncias anónimas dificultan el seguimiento, por ello, es prioritario e importante qué las trabajadoras pierdan el miedo, que dejen de invisibilizarse por ejemplo, por el temor a la pérdida del empleo, al señalamiento, y a enfrentarse a redes de poder internas.

Por lo que si la administración uriosteguista garantiza la seguridad total al denunciante, ya no hay necesidad de que las denuncias se hagan bajo el anonimato, porque habría ya la responsabilidad y acción institucional inmediata en favor de la víctima.

Pedro además, la voluntad del alcalde permite que los funcionarios responsables de esta área vayan más allá de la normativa interna, es decir, que haya verdadera garantía de no represalia y con el compromiso público y verificable de que el denunciante, sin importar su nivel, no será despedido ni trasladado, y que el acosador será apartado inmediatamente de su cargo mientras dure la investigación y eso sí, siempre, con respeto a la identidad de las víctimas, de cuántas denuncias se han recibido, cuántas han terminado en sanción y qué tipo de sanción se aplicó, para demostrar que el Comité tiene dientes.

CUERPOS ALQUILADOS: LA TRAMPA DE LA GESTACIÓN SUBROGADA.- En Morelos, el debate sobre la posible legalización de la gestación subrogada ha encendido una discusión que va mucho más allá del terreno jurídico: se trata de un conflicto sobre el cuerpo, el poder y el mercado; y es que, lejos de representar un avance en materia de derechos reproductivos, esta iniciativa corre el riesgo de consolidar una nueva forma de explotación bajo el disfraz de la libertad individual.

Como advirtió María Pilar Alberti, integrante del Frente Morelense contra la explotación de mujeres, de aprobarse esta legislación Morelos se uniría a Sinaloa y Tabasco en la regulación de una práctica que ha sido objeto de amparos judiciales y controversias éticas profundas. El argumento de fondo es claro: cuando la gestación se convierte en un servicio, los cuerpos de las mujeres -especialmente los de las más pobres- se transforman en instrumentos de acumulación.

En un país donde la desigualdad marca cada decisión vital, imaginar contratos de subrogación “libres y voluntarios” es una falacia; de ahí que la libertad de quien no tiene alternativas no es libertad: es coerción disfrazada de elección. En las zonas rurales, donde los servicios públicos escasean y la precariedad es norma, la promesa de una compensación económica puede empujar a muchas mujeres a vender su capacidad reproductiva como último recurso de supervivencia.

La gestación subrogada, aun en su versión “altruista”, no escapa a la lógica del mercado, más porque la industria de la reproducción asistida se presenta como un espacio de ayuda, pero opera con las mismas reglas que cualquier negocio capitalista: maximizar ganancias, minimizar costos y transformar la vida humana en mercancía. Los cuerpos de las mujeres se vuelven territorio de inversión y los bebés, productos con valor de cambio.

Regular esta práctica sin desmontar la estructura patriarcal y neoliberal que la sostiene es institucionalizar la explotación. Convertir la reproducción en una transacción jurídica no democratiza la maternidad, sino que la privatiza. La legalización sin justicia social no amplía derechos, sino que normaliza la desigualdad bajo el lenguaje de la libertad contractual.

Frente a este panorama, urge repolitizar la discusión. La reproducción no es un acto individual ni un simple servicio biológico: es un fenómeno social profundamente atravesado por la clase, el género y la economía. Defender la dignidad de las mujeres implica garantizar condiciones materiales para decidir —no para vender—.

La verdadera libertad reproductiva no nace de los contratos, sino de la justicia. No hay emancipación en alquilar el cuerpo; hay emancipación cuando las mujeres dejan de ser empujadas a ofrecerlo para sobrevivir.

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