Serpientes y escaleras - El H Congreso Graquista

La legislatura 54 es peor que la anterior. Son igual de corruptos, pero tontos.

El H Congreso Graquista

Ya se sabe que los diputados de la actual legislatura están enfrentados con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya se sabe que a los 20 integrantes del congreso les interesa más obtener dinero para ellos que atender la rezagada agenda legislativa o coadyuvar a la gobernabilidad. Ya se sabe que sus ambiciones económicas contrastan con su preparación profesional y que no tienen compromiso ciudadano. Ya se sabe que Morelos no cuenta con sus diputados y que el gobernador debe gobernar en contra de los representantes populares. La pregunta es ¿Hasta cuándo aguantarán los morelenses que las cosas sigan así?

Una a una la legislatura 54 ha dado muestras de que su principal objetivo es hacer naufragar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Una y otra vez los diputados han dejado claro que su único interés es el dinero, que buscan su beneficio personal y que en tres años tratarán de resolver su situación financiera a costa del erario.

Las pruebas de ello ahí están: en contraste con la política de austeridad del presidente López Obrador, en la cámara  de diputados de Morelos no se privan de nada: no se bajaron el sueldo, no eliminaron las prestaciones de la pasada legislatura, no disminuyeron el presupuesto destinado al congreso y por el contrario, a pesar de tener diez integrantes menos, se incrementaron el presupuesto para el 2019.

La 54 legislatura morelense está ausente de los problemas diarios e la entidad: no les interesa la inseguridad ni la recesión económica, no les preocupa la crisis de los municipios ni tampoco acabar con la impunidad; la única ocasión en diez meses que el congreso alzó la voz fue cuando pelearon por un aumento de 100 millones de pesos en su presupuesto 2019 y trataron de etiquetar 10 millones de pesos para una fundación fantasma de Tania Valentina.

Basta ver los temas atorados en la agenda parlamentaria para comprender la productividad de la legislatura; todos los asuntos que llegan al congreso duermen el sueño de los justos hasta que los legisladores tienen ganas de llevarlos al pleno para su discusión, pero cuando esto ocurre los resultados suelen ser catastróficos, porque las decisiones que toman son pensando en sus intereses monetarios y en el encono que le guardan al jefe del ejecutivo y no en la trascendencia de sus actos y el beneficio de sus representados. El último ejemplo fue el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al gobernador Cuauhtémoc Blanco se le exige que resuelva todo, porque esa es su responsabilidad como jefe del ejecutivo y eso prometió en campaña. Todos los días se le cuestiona el problema económico y se le demanda que logre mejores resultados en la lucha contra la delincuencia; cada asalto, secuestro, homicidio o delito de alto impacto se le reclama de manera airada, porque devolver la paz al estado fue su principal promesa de campaña y dijo que era capaz de hacerlo.

Los mismo ocurre cuando hablamos de castigo a los corruptos: cada día que pasa sin que su gobierno procese a los ladrones representa una ofensa para quienes creyeron en su promesa de encarcelar a Graco y se convierte en un argumento más para reclamarle a un hombre que ofreció demasiado sin pensar que para cumplir necesitaría de la ayuda y la disposición de los otros poderes de la entidad.

Hoy tenemos a la vista una situación por demás compleja: el gobernador camina solo, no tiene un partido político que lo cobije (está enfrentado con Morena y el PES no existe), no tiene buena relación con el poder judicial porque su titular responde a los intereses del ex gobernador Graco Ramírez y con los diputados cada día se amplían las diferencias.

Existen dos cosas concretas que la ciudadanía espera de Cuauhtémoc Blanco: seguridad y cárcel a Graco. Una y otra fueron promesas que reiteradamente hizo el ex seleccionado nacional y las dos hasta el momento siguen sin avanzar. ¿Por qué?

El tema de seguridad es un problema mayor y supera la capacidad de respuesta del estado; la red de complicidades que creo el gobierno de Graco Ramírez se mezcla con un aumento exponencial del problema a nivel nacional, muy marcado en la región central del país y agudizado con la presencia de miles de ciudadanos de centro y Sudamérica que entraron a México en los últimos meses, fortaleciendo y/o formando nuevos grupos delictivos.

No perdamos de vista que la oleada de violencia que se ha desatado en todo el país en 2019 no tiene antecedente: el primer trimestre del año ha sido el más sangriento en toda la historia y cada semana se impone un nuevo récord histórico en materia delictiva. En Morelos vivimos una situación crítica: la vecindad con Guerrero y el Estado de México nos vulnera gravemente porque de manera cotidiana tenemos grupos delictivos que entran y salen del territorio; geográficamente somos un punto de alto riesgo porque estamos en el paso natural del trasiego de drogas y éxodo de migrantes y ambas situaciones han multiplicado la presencia de grupos delictivos.

Y si nos referimos a la lucha contra la corrupción las cosas van igual: en nueve meses el gobierno estatal ha presentado alrededor de 50 denuncias contra ex funcionarios del régimen anterior y todas ellas están detenidas por el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez y el Fiscal General Uriel Carmona. El blindaje que dejó Graco Ramírez antes de irse incluye a la presidenta del Poder Judicial y a varios integrantes del congreso estatal, como Tania Valentina y Javier García.

Las acusaciones de corrupción contra el gobierno anterior y las pruebas de los ilícitos cometidos por sus integrantes se han presentado, el problema es que quienes están encargados revisar, perseguir y sentenciar a los corruptos forman parte de la mafia graquista, por ello ninguna queja o denuncia ha prosperado. Imposible que se haga justicia en Morelos cuando los corruptos son los encargados de castigar a los corruptos.

Sin restar importancia a los errores cometidos por la administración actual o a las fallas cometidas por algunos colaboradores de Cuauhtémoc Blanco (eso es tema para otra columna), lo que sobresale es la dificultad que tiene el gobierno estatal para avanzar en temas sustantivos para la población frente a un panorama de división, encono y revanchismo político.

Los diputados apuestan por el fracaso de Cuauhtémoc Blanco: le ponen piedras, le complican la marcha y construyen un escenario que le dificulte las cosas, designando a personajes opuestos a él y afines a los intereses del ex gobernador Graco Ramírez Garrido. La lógica es simple: si se complica la marcha del estado, el ejecutivo tiene que estar en permanente negociación, lo que representa un jugoso negocio para los legisladores.

Más aún: el fracaso social y político de Blanco Bravo daría pie a un relevo anticipado en la gubernatura, ya sea a través de la sustitución del gobernador (en cuyo caso el congreso nombraría a un gobernador suplente) o llamando nuevamente a elecciones con un candidato de Morena que de ninguna forma tenga que ver con el proyecto político que encabeza el ex americanista.

La división política en Morelos es evidente y supongo que el jefe del ejecutivo está consciente de ello; la designación de un personaje cercanísimo a Graco Ramírez como nuevo Ombudsman de Morelos fue una señal más del camino que siguen los diputados en una lucha de poder que no tiene que ver con ideales ni compromisos sociales, ni tampoco refleja la política que a nivel nacional ha marcado el presidente.

El pleito de poder en Morelos es corriente, burdo y absolutamente mercantil: los diputados quieren dinero, no les interesa la justicia social ni la prosperidad de la gente, no les preocupan los altos niveles de violencia, ni tampoco les quita el sueño la impunidad. Para ellos lo importante es volverse millonarios en tres años y quitar del camino a Cuauhtémoc Blanco.

Seguramente el equipo político del gobernador ya se dio cuenta de esta situación y saben que tienen que gobernar solos, separados de los otros dos poderes y luchando contra las complicidades del pasado y el presente.

Es evidente que en la búsqueda de la paz y la guerra contra la corrupción tienen en contra al congreso y al poder judicial, que ambos poderes siguen siendo controlados por Graco Ramírez y que las complicidades económicas son mucho más fuertes que cualquier argumento moralista o de legalidad.

La pregunta es simple ¿Cómo hará el gobernador para librar esta batalla solo?

• posdata

El gobierno estatal a través de su titular y varios secretarios insisten que no hay enfrentamiento con los diputados, ni con ningún otro poder; tampoco existen diferencias con el ayuntamiento de Cuernavaca, dicen el secretario de gobierno y el jefe de la gubernatura.

El ejecutivo trata de ser prudente y no acepta lo que para todos es evidente; guarda las formas y procura no entrar a un debate que, sabe, no traerá nada bueno para nadie. A pesar de ello las diferencias están a la vista.

Aunque en el discurso el mandatario actúa de manera institucional, hacia el interior es fundamental que tome acciones para sortear las piedras que constantemente le ponen los diputados y aprenda a gobernar sin la coordinación con los otros dos poderes. Está bien que el gobernador no avive el encono con el Legislativo y el Judicial, pero su equipo necesita redoblar esfuerzos para enfrentar un panorama en donde el congreso y los magistrados apuestan por el naufragio del régimen.

En los dos temas importantes de la agenda del estado el gobierno estatal camina solo y en muchos casos luchando contra los otros dos poderes; en la lucha contra la delincuencia y los juicios contra los corruptos, Blanco Bravo tiene en el poder Legislativo y en el Judicial a dos enemigos que no sólo no lo ayudan, por el contrario, protegen a los bandidos.

Hay que decirlo con claridad: institucionalmente el gobernador tiene que ser cuidadoso con sus expresiones para no hacer crecer el encono, pero en los hechos necesita duplicar esfuerzos para superar las trabas que le ponen quienes apuestan por su fracaso o defienden los intereses de Graco Ramírez.

¿Quién dentro del ejecutivo es el que define la estrategia en un panorama así?

• nota

El ex alcalde de Jiutepec fue detenido el sábado al oponerse al cierre de un negocio que presuntamente es de su propiedad y funcionaba sin ningún tipo de licencia o permiso; el regordete personaje fue llevado a Base Mangos luego de que sostuviera un altercado con policías municipales.

La detención del perredista generó polémica (aunque el perredista fue liberado en cuanto pagó una multa), pero los comentarios sobre lo ocurrido no fueron favorables para ninguno de los dos involucrados. A Manuel Agüero lo señalaron de corrupto, le culpan de sus muchos excesos cometidos como presidente municipal y lo repudian por arrogante y ladrón.

Pero al nuevo alcalde Rafael Reyes no le va mejor: muchos opinan que la detención fue un acto de revancha personal y un distractor de los muchos problemas que enfrenta el municipio, sin contar que el discurso de castigo a los corruptos se ha quedado en palabras vacías y acciones poco contundentes.

Para Manuel Agüero no hay más que desprecio: es un personaje desagradable a la vista y repudiado por sus actos, financieramente hundió al municipio y socialmente dividió a la comunidad. Rafael Reyes, por otro lado, ha ido de más a menos en un arranque de gobierno con muchos problemas y una percepción negativa que aumenta cada día.

Pocos en Jiutepec tienen buenos recuerdos de Manuel; cada vez menos son también los que simpatizan con Rafael.

• post it

Un Ombudsman graquista.

¿Qué sigue?

Designar a ¿Julio Yáñez o a Paco Moreno titular de la Entidad Superior de Fiscalización?

• redes sociales

Así lo comenta en su cuenta personal de Facebook Gerardo Becerra, asesor especial anti corrupción del gobierno de Morelos:

“Urge regular a las redes sociales. Ahora los idiotas pueden manifestar sus frustraciones a través de personalidades falsas o más aún, en comentarios insensatos y sin sustento sin que estos tengan repercusiones legales.”

Comentarios para una columna sonriente:

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