Observador político - Desacuerdos y ambiciones: la trama de la desinflada coalición de Lucía Meza

En la vorágine política de Morelos, la reciente desinflada coalición que respaldaba a la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán ha dejado al descubierto las tensiones y ambiciones que acechan a los dirigentes de los partidos PAN, PRI, y PRD en la entidad.

EL ROMPIMIENTO POLÍTICO.- La senadora, inicialmente respaldada por los dirigentes nacionales Marko Cortés, Alejandro Cárdenas, y Jesús Zambrano, se vio en la encrucijada cuando Acción Nacional en la tierra de Emiliano Zapata decidió no participar en la coalición con el Frente Amplio por Morelos; a pesar de que han transcurrido cuatro días desde este giro inesperado, el silencio de los líderes y la propia candidata revelan la falta de respuesta ante la ruptura de acuerdos.

Lo que queda claro es que la ambición por las candidaturas a fracturado los acuerdos entre los dirigentes nacionales, demostrando su incapacidad para imponer orden en sus respectivos partidos a nivel estatal; el PRI busca la alcaldía de Cuernavaca, generando fricciones con el PAN que defiende la reelección de José Luis Urióstegui Salgado. El PAN también reclama la alcaldía de Emiliano Zapata, chocando con las aspiraciones del PRD. En este juego de intereses, los hermanos Juan Carlos, Daniel y Adrián Terrazas, parece que no quieren perder sus privilegios obtenidos hoy en día en la administración actual del abogado.

Las ansias de poder y las disputas por cargos públicos han eclipsado la verdadera misión de representar a la sociedad; la falta de pronunciamientos por parte de los dirigentes nacionales ante la fractura evidencia una prioridad sesgada hacia proyectos personales y de grupo, en detrimento del bienestar de la población.

Vinicio Limón Rivera, secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), denuncia esta voracidad política de los tres partidos de oposición, señalando los altos costos políticos que podrían enfrentar. Por ello, hizo un llamado a la reflexión y a moderar sus perversas ambiciones, advirtiendo que la persistencia en prácticas irresponsables llevará a un desastre político inminente en Morelos.

El líder cetemista aboga por generar acuerdos más amplios, dejando de lado las ambiciones personales y de partido. Propone condiciones para una unión bajo el liderazgo de Lucía Meza Guzmán, buscando un frente amplio y congruente que beneficie a la población, la cual demanda atención en servicios y obras.

Lo cierto, es que la desinflada coalición en Morelos es un reflejo de la falta de cohesión y visión de los dirigentes de los partidos de oposición. La lucha por el poder y la falta de compromiso con la sociedad amenazan con un desastre electoral en 2024, y es responsabilidad de los líderes locales y nacionales corregir el rumbo para no defraudar a la ciudadanía.

OPACIDAD Y CORRUPCIÓN EN DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS.- En el escenario político de Morelos, la Legislatura LV parece empeñada en perpetuar la opacidad y la corrupción en sus prácticas, incluso cuando enfrenta serias denuncias por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y es que, la premura por designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) antes de que el G15 se desintegre revela una indiferencia preocupante hacia las acusaciones de corrupción que pesan sobre sus integrantes.

El proceso de selección de magistrados, marcado por la falta de transparencia y rendición de cuentas, se ha convertido en un ejemplo flagrante de cómo esta legislatura ha priorizado sus intereses personales sobre el deber de representar a la ciudadanía; la venta de espacios judiciales por sumas astronómicas, según las denuncias, ha desencadenado una investigación de oficio por parte de la FECC, que parece minimizarse ante la urgencia de concluir la designación.

Es inquietante observar cómo, en un proceso que debería ser claro y público, se han evitado entrevistas transparentes y cuestionamientos abiertos, generando dudas sobre la legitimidad de los nominados; el presupuesto legislativo también es motivo de cuestionamiento, con un incremento significativo a pesar de la reducción en el número de diputados, planteando interrogantes sobre el destino de estos fondos públicos.

La solicitud de algunos diputados de frenar el proceso, debido a la falta de transparencia y los conflictos de interés evidentes como lo demandó en su momento Arturo Pérez y Mirna Zavala, debería ser tomada en serio. La inscripción de trabajadores y amigos de los legisladores como aspirantes a magistrados solo refuerza las percepciones de nepotismo y favoritismo.

Pese a ello, el presidente del Órgano Político Calificador del Congreso, Alejandro Martínez Bermúdez, pese a ser denunciado por extorsión, muestra una sorprendente falta de temor y solicita pruebas; mientras tanto, el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala insiste en que las acusaciones son infundadas, argumentando que el proceso fue transparente y respetuoso del debido proceso legislativo.

Sin embargo, la realidad contradice estas afirmaciones y es que, la falta de piso parejo entre los aspirantes, con diputados apenas con bachillerato decidiendo sobre candidatos con maestrías y doctorados, muestra la desigualdad y falta de preparación en la toma de decisiones cruciales para el sistema judicial.

En última instancia, la acusación de Martínez Bermúdez contra la FECC de invasión de poderes busca desviar la atención de las serias acusaciones de corrupción; la sociedad morelense merece un proceso judicial transparente y justo, y la Legislatura LV tiene la responsabilidad y obligación de garantizar que este sea el caso, por tanto, la designación de magistrados no debería ser un acto de opacidad y favores políticos, sino un compromiso con la justicia y la integridad.

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