Observador político - Diputados y fiscal empantanados por presuntos desvíos del Helicóptero

En la tormentosa arena política de Morelos, el grupo de diputados que respalda al fiscal Uriel Carmona Gándara se encuentra ahora atrapado en un pantano de desconfianza y corrupción, debido a los rumores de un presunto desvío de recursos destinados a la compra de un helicóptero, que en realidad terminaron en la contratación de personal, y que han sacudido los cimientos de la actual administración.

El pantano político de la Fiscalización.- La narrativa oficial intenta ocultar estos desvíos alegando que nunca hubo fondos para la aeronave, pero la credibilidad de estos argumentos se desploma ante la evidencia, tras una de sus comparecencias del fiscal Uriel Carmona Gándara donde públicamente asegura contar con los recursos económicos para su adquisición.

Además, la situación revela una trama más profunda de manipulación y cinismo que va más allá de un simple escándalo financiero, basta recordar la designación de Uriel Carmona como fiscal general en febrero de 2018 que sin lugar a dudas, no fue el resultado de un proceso transparente ni democrático, sino el resultado de un acuerdo político de alto calibre impulsado por el entonces gobernador perredista, Graco Ramírez Garrido. Este respaldo se tradujo en una fiscalía dotada de una autonomía y un presupuesto sin precedentes en la historia de Morelos, contrastando fuertemente con los limitados recursos y poderes que tuvieron sus predecesores.

Carmona Gándara fue elegido en una maniobra estratégica del Poder Ejecutivo, con el objetivo de asegurar un aliado incondicional que pudiera enfrentar los desafíos legales y políticos que se avecinaban; es decir, los diputados locales, sin mayor resistencia, acataron las instrucciones de Ramírez Garrido, sellando un pacto que les permitió asegurar el control sobre la fiscalía, a la vez que blindaron al exgobernador de posibles repercusiones por el grave estado de endeudamiento y corrupción que dejó en el estado.

El hecho de que la fiscalía goce ahora de un presupuesto de mil millones de pesos y de una autonomía sin precedentes, mientras que sus antecesores estaban sometidos a restricciones y limitaciones, es indicativo de una estrategia de blindaje político; este entramado no solo ha servido para proteger a Uriel Carmona y a sus patrocinadores, sino que también ha dejado a la ciudadanía en una posición vulnerable, sin una fiscalía realmente independiente y comprometida con la justicia.

Graco Ramírez sigue transitando con impunidad en la tierra de mi general Emiliano Zapata, como si el escándalo y el deterioro que dejó en su paso no tuvieran consecuencias, en gran medida por su habilidad para posicionar a aliados y controlar instituciones clave revela una calculada red de poder que perpetúa la corrupción y evade la rendición de cuentas.

La crisis actual en la fiscalía es un reflejo palpable de un sistema político que se ha corrompido desde sus cimientos, donde los intereses personales y las estrategias de poder prevalecen sobre el verdadero servicio público.

¿Y EL HELICÓPTERO, APÁ? En el laberinto de la administración pública, pocas cosas son más reveladoras del Principio del formularioFinal del formulariodesmoronamiento del sistema que la saga del helicóptero de la Fiscalía de Morelos. A primera vista, el caso puede parecer una simple disputa sobre una aeronave, pero es, en realidad, un espejo que refleja la corrupción y la incompetencia endémica en el manejo de recursos públicos en nuestro estado.

Uriel Carmona Gándara, el notario con licencia que hoy ocupa la Fiscalía de Morelos, ofreció un espectáculo lamentable de promesas incumplidas y falta de transparencia en febrero de 2023, ante los diputados salientes y con juramento a la Constitución, en el que Carmona Gándara aseguró que el presupuesto para la compra de un helicóptero estaba aprobado y que la adquisición se realizaría en el primer semestre del año pasado. Empero, con un cinismo que raya en el descaro, se comprometió a manejar los recursos con la máxima seriedad para evitar cualquier señalamiento de administración indebida.

No obstante, la realidad se ha manifestado de manera mucho más sombría, ya que semanas después, Carmona Gándara cambió radicalmente su discurso, afirmando que no se contaba con presupuesto aprobado para el helicóptero y que el proyecto aún estaba en fase de planificación; es decir, este viraje no solo desconcierta, sino que también enciende una serie de alarmas sobre el uso real de los recursos destinados a la Fiscalía.

La situación ha sido tan desastrosa que incluso sus aliados políticos, como los diputados Francisco Sánchez Zavala (PAN) y Alberto Sánchez Ortega (PT), han exigido explicaciones sobre la compra fallida del helicóptero y los posibles desvíos de recursos para otras partidas; la queja es clara: al menos se requiere de un presupuesto de aproximadamente 20 millones de pesos para una aeronave, el dinero parece haberse evaporado sin dejar rastro.

El desenlace de esta saga deja mucho que desear, la falta de acción y la impunidad que rodean este asunto son una bofetada a los ciudadanos de Morelos, por lo que es evidente que, tras las promesas incumplidas, y las declaraciones rimbombantes, el sistema sigue fallando estrepitosamente en medio de las críticas y exigencias para la comparecencia de los responsables son una gota en un océano de ineficiencia y corrupción.

El caso del helicóptero es irrisorio de una administración que se arrastra con el peso de la corrupción y la falta de transparencia, mientras los actores políticos se desplazan de un escándalo al siguiente, la realidad es que los problemas estructurales persisten y los ciudadanos quedan a merced de la impunidad.

En un contexto donde las promesas se desmoronan y los presupuestos desaparecen en un mar de corrupción, el caso del helicóptero de Morelos sirve como un recordatorio sombrío de la necesidad urgente de una reforma profunda en la administración pública; mientras tanto, la batalla por la transparencia y la justicia continúa, y la presión debe mantenerse firme hasta que se haga justicia.

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