Observador político - Derroche económico en el Tribunal Estatal Electoral
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
La iniciativa original de reforma electoral del gobierno federal que fracasó proponía la desaparición del INE, de Organismos Públicos Locales Electorales y de los Tribunales Estatales Electorales; sin embargo, fue aprobado el plan B -que podría ser invalidado por los ministros de la SCJN- cuya intención es asfixiar y reducir al máximo los recursos del Instituto Nacional Electoral, sin importar poner en riesgo las elecciones.
CUESTIONADA LABOR DEL TEE.- Al final, los partidos políticos y tribunales no fueron tocados a pesar de sus excesos y abusos financieros que siguen cometiendo y, únicamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó contra el INE, cuya veladora sigue prendida para evitar lo que ha sido considerada como una reforma electoral monstruosa y autoritaria.
En Morelos, el trabajo del TEE ha dejado mucho que desear de ahí, han derivado muchas críticas fundadas por profesionistas del derecho, colectivos y afectados por su desempeño como magistradas que se han ido a los tribunales federales con resultados favorables como por ejemplos , los fallos emitidos en el controvertido caso de las autoridades indígenas de Xoxocotla; la decisión de desechar los actos de violencia política denunciados por la diputada Paola Cruz Torres; la designación de las diputaciones indígenas o incluso, el caso particular que vivió la parlamentaria Andrea Gordillo Vega, a quien le quitaron su curul como integrante de la Legislatura LV, pero que tuvo que recuperar amparándose en la justicia federal, ente muchos otros casos.
Quizá por esa razón, la joven legisladora odia tanto a las magistradas y es una de sus más férreas críticas por lo que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra del pésimo trabajo de las togadas.
Incluso, en su momento, propuso -sin que se haya aprobado-, la creación de la Defensoría Pública Electoral para grupos vulnerables cuya finalidad es, la de brindar servicios de asesoría y representación a los morelenses que requieran de la defensa de sus derechos electorales ante órganos jurisdiccionales.
Sobre todo, dijo, sería para que todos puedan hacer valer sus derechos político-electorales ante los tribunales electorales de la Sala Regional de la CDMX y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y es que en efecto, una mala decisión puede cambiarle su vida de manera negativa para siempre, con base en ello, es comprensible su inconformidad pero lo grave, es que esos casos siguen repitiéndose proceso tras proceso pero lamentablemente, hay personas que no tienen las condiciones para pagar una asesoría jurídica, particularmente cuando se trata de candidatos indígenas, mujeres, jóvenes, de la comunidad lésbico gay; personas con capacidades diferentes, afrodescendientes o adultos mayores que no cuentan la mayoría con los recursos para ellos. Quizá por ello quiera apoyarlos para que accedan a tener justicia y una adecuada defensa de sus derechos. La iniciativa que no avanzó, ya que pretendía que la defensoría formara parte del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS.- Tal vez la diputada debe hurgar más en las entrañas del Tribunal Estatal Electoral donde de forma inmoral y abusiva se utilizan los dineros públicos para fomentar y hacer quedar bien a las magistradas, de manera concreta a su presidenta Martha Elena Mejía, a quien poco o nada le importa la grave crisis económica del país y del estado, al hacer gastos superfluos en detrimento de las finanzas del órgano electoral.
Sobre todo, es interesante considerar que Marina Pérez Pineda es la persona que se benefició con la salida del Dr. Carlos Puig ya que ella fue quien vino a sustituir a dicho magistrado. Todo indica que lleva muchos años de servicio en el tribunal, casi nadie la conoce y quiénes sí, saben de su carácter hostil. Difícilmente da entrevistas y jamás ha convocado a prensa, es decir, se desconoce algún evento realizado. Por lo tanto, mientras el senado así lo decida y designe a un hombre para ocupar esa magistratura, ella y sus iguales estarán percibiendo sus jugosos sueldos de 100 mil pesos mensuales y que las tres togadas al año se llevan de salario 3 millones 600 mil pesos más los extras.
Hay que aclarar que ante tal eventualidad Pérez Pineda, ya va para el año y medio luego de que lleva 12 meses fungiendo como magistrada, percibiendo además, todos los beneficios, prestaciones y privilegios que tienen los magistrados electorales. Al fin que esto y más puede pagarse del presupuesto designado para este año que fue de 33 millones de pesos.
Algo que es digno de comentar son los viajes que constante y permanentemente realizan al interior del país e incluso del extranjero, y con ese salario les da para estrenar casa y auto nuevo, sin embargo los mal pensados aseguran que también tiene que ver el presupuesto al organismo.
Otros de los beneficios que se dan, las representantes del TEE son la contratación de gastos médicos por lo que las togadas han decidido que las atienden médicos particulares a diferencia del personal de base.
De igual manera su vehículo es oficial, inventariado por el tribunal por lo que no tienen
porque usar vehículos de su propiedad ni erogar gastos de gasolina o mantenimiento, porque el erario les proporciona todo eso, al igual que el pago y el plan con las compañías móviles y otros privilegios más. En fin, la crisis económica creo llega a casi todos los sectores menos al TEE. Todo sea por la justicia electoral. Enhorabuena.
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