Nueve magistrados, acusados penalmente
Son señalados por el delito de coalición de servidores públicos, en el nombramiento del titular del Poder Judicial
Homólogos que promovieron el recurso aseguran que los imputados se unieron para tomar medidas contrarias a la Ley
Por el posible delito de coalición de servidores públicos, cuatro magistrados denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a María del Carmen Cuevas López, presidenta aún del Tribunal Superior de Justicia y a ocho de sus homólogos, además de Paulina Toscano Vera y Leodegaria Murias Guzmán, Oficial Mayor y secretaría general, respectivamente, porque incurrieron en conductas ilícitas en la sesión del 5 de mayo donde de forma dolosa llevaron a cabo la sucesión y designación de Rubén Jasso Díaz como titular del TSJ.
A través de una denuncia de hechos, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz María Lara Chávez, Juan Emilio Elizalde Figueroa, y Luis Jorge Gamboa Olea, señalaron además, que de acuerdo al artículo 273 del Código Penal vigente en Morelos les solicitaron a los diputados del Congreso del Estado, que previo a la judicialización en contra de quienes hayan participado como autores materiales e intelectuales, copartícipes o encubridores, también se les forme una causa contra los mencionados servidores públicos por el supuesto delito en el que incurrieron.
En la denuncia de hechos que presentaron ante la Fiscalía, los magistrados solicitan que se les inicie la imputación de vinculación a proceso y de las medidas cautelares en contra de quienes resulten responsables, en lo que para ellos, es en un acto constitutivo de tipo penal “porque la conducta sea con el fin de unirse para tomar medidas contrarias a la Ley, y que queda acreditado desde el momento en que los magistrados hacen uso de la voz y expone sus motivos, quienes incluso indican que es viable la celebración de una sesión que atendiendo a su naturaleza solemne, requería la presencia de al menos las dos terceras partes de dicho cuerpo colegiado“,
Por lo tanto, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz María Lara Chávez, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Luis Jorge Gamboa Olea, al presentar la denuncia penal de hechos ante la Fiscalía en contra de sus homólogos: María del Carmen Cuevas López, López Hilda Flores León, María Leticia Taboada Salgado, María Idalia Franco Zavaleta, María del Carmen Aquino Celis, Rubén Jasso Díaz, Miguel Ángel Falcón Vega, Manuel Díaz Carvajal y José Valentín González García, además de Paulina Toscano Vera y Leodegaria Murias Guzmán, Oficial Mayor y secretaría general, respectivamente, porque tal parece, “hasta este momento existen indicios suficientes que hacen presumir la existencia de un hecho delictivo como lo es el de coalición de servidores públicos”.
El Artículo 216, estipula: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.