Morelos en crisis. La impunidad que está matando a nuestros héroes

La defensa de los derechos humanos en Morelos se ha convertido en un ejercicio de resistencia, similar a una especie de Sísifo moderno que, en lugar de empujar una roca, sostiene los valores fundamentales de la dignidad humana contra la pendiente del olvido y la violencia. En los últimos años, hemos visto cómo la labor de los activistas se ha vuelto no solo indispensable, sino también extremadamente peligrosa. En este contexto, la nueva administración estatal enfrenta un dilema crítico para redefinir su compromiso con los derechos humanos.

En Morelos, los defensores de derechos humanos han sido blanco de amenazas, agresiones y asesinatos. Reconoce la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), que durante el sexenio que termina, han asesinado a por lo menos ocho activistas. El emblemático caso de Samir Flores, asesinado en 2019 por su oposición al Proyecto Integral Morelos, sigue siendo un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan quienes alzan la voz en defensa de sus comunidades y del medio ambiente.

La nueva administración estatal debe entender que no puede haber progreso sin justicia. No es solo una cuestión de enjuiciar a los perpetradores de crímenes contra activistas, sino de crear un entorno en el que los derechos humanos sean intrínsecos al tejido social. Gabriel Zaid escribió que "La sociedad está hecha de cadenas de complicidades y de códigos de silencio". La lucha contra la impunidad no puede seguir siendo una declaración vacía en los discursos oficiales; debe convertirse en una prioridad operativa para poder romper esas cadenas a las que se refiere Zaid.

Un aspecto esencial es la implementación efectiva de los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha demostrado ser insuficiente. El gobierno entrante debe trabajar en coordinación con la sociedad civil para fortalecer estos mecanismos, asegurando recursos adecuados y una respuesta rápida y efectiva a las amenazas.

Además, es fundamental que se promueva una cultura de libertades y derechos desde la base. Esto implica una reestructuración educativa donde se enseñe desde temprana edad la importancia de los Derechos Humanos y la historia de las luchas sociales en el estado. Sólo a través de la educación podemos aspirar a un cambio duradero.

La literatura nos ofrece un refugio y una guía en tiempos difíciles. Recordemos las palabras de Elena Poniatowska en La noche de Tlatelolco: "Nadie, ni siquiera un loco, puede tragar tanta injusticia junta sin atragantarse". En Morelos, hemos tragado demasiada injusticia. Es hora de que quien gobierne Morelos, ofrezca una válvula de escape a esta presión insostenible, implementando políticas que no solo protejan, sino que empoderen a los defensores de derechos humanos.

La tarea no será fácil. En un entorno donde la corrupción y la colusión con el crimen organizado están tan arraigadas, cualquier avance será visto con escepticismo. Sin embargo, como decía Ernesto Sabato, "La esperanza es un deseo acompañado por la expectativa de que suceda lo mejor". La nueva gobernadora tendrá la oportunidad de transformar esa esperanza en acciones concretas, honrando la memoria de quienes han dado su vida en defensa de los derechos humanos y asegurando que su sacrificio no haya sido en vano.

La comunidad internacional también juega un papel importante en este proceso. La presión y el apoyo de organismos internacionales pueden ayudar a catalizar cambios significativos. El mundo está observando, y Morelos tiene la oportunidad de convertirse en un referente positivo en la defensa de los Derechos Humanos.

En última instancia, la lucha por los derechos fundamentales en Morelos es una lucha por el alma misma de la sociedad. Los defensores de libertades y derechos no son solo activistas; son los guardianes de nuestra conciencia colectiva. El gobierno entrante tiene la responsabilidad histórica de garantizar que su valentía sea reconocida y protegida, y que el estado de Morelos pueda ser un lugar donde la justicia y la dignidad humana prevalezcan.