¡Me dueles México! - Política Judicial
En opinión de Alicia Vázquez Luna
Alicia Vázquez Luna
En México la política judicial se ha ido transformando. El Estado mexicano ha tenido que aceptar que el hombre nace con determinados derechos fundamentales y que no puede limitarlos o violentarlos. Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que reconocer derechos de las mujeres sobre todo en la autodeterminación del aborto, el matrimonio de homosexuales, la legalidad de la cannabis sativa (marihuana), la asistencia a la salud de personas con SIDA, etcétera. Son temas que transformaron las políticas públicas de los gobiernos, las cuales aún no se han implementado adecuadamente en todo el país.
Las decisiones jurisdiccionales no tienen el efecto de influir en la política pública de manera directa, porque siempre necesita de legitimidad popular pues se piensa que solo los entes ejecutivo y legislativo por su propia conformación. Lo que se debe impulsar es que todas las decisiones de los órganos judiciales doten de instrumentos para desplegar un consecutivo mecanismo que necesariamente deban adoptar los gobiernos y los legisladores para evitar en lo posible que los derechos fundamentales y humanos se vean afectados con la política de cualquier gobierno en turno.
Durante décadas se ha hablado en México de la corrupción, impunidad de actores en distintas estructuras de las tres funciones: ejecutivo, legislativo y judicial. El ciudadano no entiende porque no se ha logrado prevenir, sancionar y erradicar.
En estas últimas semanas han sucedido algunos casos que hablan de lo mismo, por ejemplo el caso de la Auditoria Superior de la Federación. Muchos aseguran que tuvo que corregir las cifras del recurso público sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, bajo la presión del ejecutivo.
En México cualquier persona puede acudir a las instancias judiciales para pedir la protección de sus derechos humanos, siguiendo el debido proceso es legal hacerlo. Sin embargo, creo que le falta a la justicia federal en cada resolución emitir acciones que se transformen en políticas públicas para erradicar el fenómeno de la impunidad. Desde el que acusa y el acusado. En realidad cuando se acusa a una persona de cometer un delito y ésta persona es del medio político se piensa que es revancha, vea como el Gobernador de Tamaulipas quiere robarse reflector con el caso investigado por la Fiscalía General de la República, el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de político acusado de peculado. Se coloca en la postura de “dar la cara” Es decir, hay que continuar dando show.
¿Cuántos políticos han estado bajo investigación? ¿Cuántos recursos se han asegurado? ¿A cuánto asciende la cantidad de lo recuperado? ¿Qué mecanismos han surgido en la ASF para prevenir el desvío de recurso público?
En cada sexenio hay nuevos actores de novela política judicial y al llegar otro gobierno, ya sabemos el final:¡ Impunidad!
