Más Jueces y Juezas en México: Una Tarea pendiente de la Justicia en México y Morelos.

En un afán por mejorar la eficacia y eficiencia del Poder Judicial Federal y los locales mexicanos, el país en varias ocasiones ha transformado de manera trascendente su Constitución y la estructura de su judicatura. Tal ha sido el caso de la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1994, la reforma en materia de seguridad y justicia penal de 2008 que nos trajo los juicios orales en materia penal, la reforma en materia de derechos humanos de 2011, la reforma a la ley de amparo de 2013, el nuevo modelo de justicia laboral de 2019, la reforma al Poder Judicial de la Federación de 2021, entre otros.

No obstante, México sigue siendo un país en donde la justicia suele avanzar lento y en bastantes lamentables ocasiones, por caminos equivocados.

¿Eso implica que estas reformas han sido erradas? La respuesta es no. Las reformas sí han transformado de forma positiva la vida jurídica del país y por ende han contribuido a la construcción y mantenimiento del Estado Democrático de Derecho, pero no son suficientes.

Por ejemplo, en materia delincuencial, hace unos artículos les hablé, queridos lectores, sobre la importancia de las policías en la investigación, persecución y procesamiento de delitos. Ese también es un factor que eventualmente incide de forma negativa en la eficacia y eficiencia de la justicia mexicana, pero no el único.

Hoy les quiero hablar de otro factor que también incide en la calidad de la justicia mexicana: la cantidad de personas juzgadoras que resuelven los problemas sociales que aquejan al país y, por supuesto, a Morelos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el documento denominado Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las américas, explica que para hacer vigente los derechos y libertades en un sistema democrático, se requiere de un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público.

De ahí que el rol de personas juzgadoras –que son precisamente quienes hacen respetar la Constitución y las leyes- sea fundamental para preservar el Estado de Derecho.

Pues bien, en ese documento, la Corte Interamericana recomendó a los países de América dotar a sus poderes judiciales de recursos financieros, técnicos y humanos adecuados y suficientes para asegurar que jueces, juezas, magistrados y magistradas, puedan realizar de manera efectiva sus respectivos roles en la impartición de justicia, de tal manera que no se incurra en demoras o dilaciones como consecuencia de la falta de recursos necesarios.

Lo anterior, como una de las medidas para asegurar la independencia de las personas juzgadoras y por ende mejorar la calidad de sus resoluciones[1].

Claramente, dentro de los recursos humanos con los que deben contar los poderes judiciales del país para mejorar la calidad de su trabajo, se tiene a los jueces, juezas, magistradas y magistrados. Son estas personas quienes al final del día deciden la forma en que resuelven los problemas que se les plantean.

En esas condiciones, es necesarios preguntarnos si ¿tenemos exceso de personas juzgadoras o por el contrario, nos faltan?

Esa respuesta no se puede responder sin voltear a ver a la comunidad internacional, para tener parámetros a partir de los cuales medir si tenemos muchas o pocas personas juzgadoras.

Veamos el caso de Alemania, un país en donde la justicia es mucho más eficaz y eficiente: ese país tiene 24.2 personas juzgadoras que resuelven los problemas de cada 100,000 personas. En total Alemania tiene 19,834 personas juzgadoras.

España, por su parte, tiene 11.1 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes, con 5,171 jueces y juezas en total en ese país.

En general, Europa tiene 18.1 jueces y juezas por cada 100,000 habitantes[2].

Claro, estamos hablando de países que no tienen los graves problemas de violencia e inseguridad –derivados en gran medida de la cultura de la ilegalidad- que sí tiene México, ni tampoco tienen la población que habita en México: somos más de ciento treinta millones de habitantes en México, contra ochenta y tres millones de habitantes en Alemania, que es el país más poblado de Europa.

Aun así, México tiene la pasmosa cifra media de 4.5 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes, es decir que tiene menos de 5 veces la cantidad de jueces y jueces que el país germano. Incluso esta cifra es la mitad que la media en el continente americano.

La diferencia es abismal y completamente desproporcional en relación a la cantidad de habitantes de cada país.

El Poder Judicial Federal mexicano, tiene en total 1,556 jueces, juezas, magistradas y magistrados[3] para resolver los problemas de 130,000,000 de habitantes; esto equivale a menos de una persona juzgadora por cada 100,000 habitantes.

Eso en el fuero federal, pero ¿y Morelos? Morelos, tiene una media de 3.7 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes[4].

Así es, entre 3.7 personas -y por supuesto los colegas que nos auxilian-, resolvemos los problemas de cada 100,000 habitantes morelenses.

Seamos honestos, la cultura mexicana no es como la alemana, aquí la gente suele ser de sangre más bien caliente y encima, México es un país acostumbrado a la cultura de la ilegalidad; esto, más la inmensa cantidad de personas que somos, nos hacen llegar a la clara y válida conclusión de que estamos ante una escasez de personas juzgadoras.

¡Necesitamos más jueces y juezas profesionales y éticas que resuelvan los problemas de nuestra sociedad!

¡Sin Justicia no hay Paz Social!

Hasta aquí: “Justicia y Libertad”

Carlos Iván Arenas Ángeles.

Magistrado y Director de la Escuela Judicial.

TSJ Morelos.