La sociedad de los POETAS EBRIOS - Alcalde perseguido

El siempre protagónico obispo titular de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, permanentemente en busca de reflectores, se llevó importantes espacios noticiosos esta semana. “Sorprendió” con algo que es de dominio público y de lo que muchos tenemos sospechas con medianas bases: HAY PRESIDENTES MUNICIPALES VIGENTES EN MORELOS QUE TRABAJAN PARA EL NARCO.

Específicamente dijo que esas presuntas "víctimas" (nominación nuestra y no del prelado) “pagaban piso” (eso sí es de él). Ello implica que, además de entregar seguramente a los malosos cantidade$ importantes -de los magros presupuestos municipales- los señores alcaldestambién FUNCIONAN EN TORNO A LOS INTERESES DE LOS GRUPOS CRIMINALES (destino de inversión pública, nombramiento de funcionarios, persecución de contrarios y otros detallitos).

Todos lo sabemos, pero las autoridades estatales y federales SE HACEN DE LA VISTA GORDA, por distintos motivos (en los que no entramos en profundidad por el momento). Lo sorprendente es que nadie dice nada ni se inicia algún tipo de procedimiento en contra de esos 13 presidentes que, al menos, EL OBISPO TIENE BIEN IDENTIFICADOS.

Tampoco a nadie se le ocurre LLAMAR A COMPARECER AL JERARCA CATÓLICO, para que coadyuve con las autoridades correspondientes, con información que, de hecho, posee y lograr, así, seguir la pista y comenzar a poner freno a esos funcionarios del tercer nivel de gobierno. No se vaya a enojar y se cree tensión con ese otro PODER FÁCTICO.

Esa INDIFERENCIA oficial (la omisión es un delito, hay que recordar, amén de un pecado, para el catolicismo) no aplica al ganador de la lotería de 2018 (con un cachito que llevaba como estampa la figura de López Obrador), Antonio Villalobos Adán. Ya hay abiertos, al menos, tres procesos legales por presuntos hechos de corrupción. 

El nuevo político y funcionario (desconocido para todos hace más de dos años cuando, de rebote y por circunstancias del azar, se quedó con la alcaldía más poderosa y rica del estado, considerada propiedad del exjugador de fútbol que hoy nos gobierna), asegura que no se distrae con esas acusaciones que, desde luego, considera falsas.

No podemos confiar en la honestidad y pulcritud del presidente municipal cuernavaquense. Pero de lo que tenemos certeza total es que LA PERSECUCIÓN EN SU CONTRA TIENE DESCARADA INTENCIONALIDAD POLÍTICA de quienes no sólo desean que no repita en el cargo en 2021, sino esperan lograr su objetivo incluso antes del proceso electoral en el que ya estamos inmersos.

1 PAREDES ENCIMA

Vamos a dejar por el momento de lado la segunda (en orden cronológico) denuncia formal que enfrenta el inquilino del exhotel Papagayo, en el centro de Cuernavaca. Se trata de aquélla iniciada por el jurisconsulto Enrique Paredes Sotelo quien señala que su acusado es culpable de usar recursos públicos para la producción de extraños videos que se destinan a denostar a sus detractores políticos. Desechamos, hoy, esa cuestión, no sin comentar, por encima de las aguas que quizá sea la única con suficientes elementos para la pelea, aunque difícil de probar. El financiamiento de los gobiernos en los distintos niveles de ese tipo de materiales es práctica común en casi todos lados. Pero HAY QUE DEMOSTRAR.

2 FISCALÍA A MODO

La segunda denuncia es más delicada en el terreno de la grilla. Primero, porque la encabeza el fiscal anticorrupción, de apellidos Salazar Núñez, quien tiene como misión fundamental LA DEFENSA DE QUIEN LO COLOCÓ EN EL CARGO (amén de nombres muy específicos a los que sabe que no debe tocar y que, principalmente, laboraron en el sexenio pasado; por cierto, perseguir a la secretaria de la primera “dama” anterior no tocará a la exjefa).

El irrisorio zar anticorrupción lo acusa por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, en la carpeta de investigación FECC/145/2020-03. No tenemos forma de creer en la inocencia del también popular “Lobito”, aunque, tampoco, fundamentos para dar crédito alguno al mañoso Juan Salazar. No sería cuestión rara que hubiese sustento en los delicados señalamientos y, por ahí, se busque tirar a quien, para los hombres del poder en Morelos actualmente, usurpa un espacio que les corresponde, como en el trienio anterior.

De lo que no tenemos duda es en la motivación de esa fiscalía para HACER EL CALDO GORDO a quienes hoy en el Ejecutivo requieren sacar de la jugada a ese contrincante. Se trataría, en tal caso, de JUSTICIA SELECTIVA. 

Se sabe que esos que apuestan a la caída de Villalobos Adán no tienen en buena estima al encargado de ese peculiar Ministerio Público. Pero éste también trata de QUEDAR BIEN con sus enemigos que mantienen el sartén por el mango (y el mango, también), pero SÓLO DE AQUÍ A SEPTIEMBRE DEL 2024; después de esa fecha, QUIENES RECIBEN HOY SUS BARBERÍAS DEBERÁN CUIDARSE O HUIR (aunque otro año más de silencio e impunidad oficial podría tener un buen precio).

Tampoco creemos que el edil esté tan tranquilo como dice estar. Habría que indagar de dónde salen los recursos para sufragar los gastos de defensa que actualmente enfrenta (esa podría ser, acaso, otra línea a seguir, a fin de hallar una nueva irregularidad).

3 PLAN FABRICADO

La tercera denuncia parece un PLAN MALHECHO, FABRICADO para golpear al familiar de periodistas. Insistimos: no ha lugar a dar soporte a la honorabilidad del personaje. Sin embargo, es insultante para quien tiene dos dedos de frente o más la poco creíble versión de funcionarios (algunos con antecedentes de mala fama), de haber sido sorprendidos en un intento de chantaje (que los hay todos los días, en ese ejército de inspectores municipales, quienes tienen su PRINCIPAL INGRESO EN LAS MORDIDAS a cientos de negocios víctimas).

La versión de haber sido cachados en ese teatro (acaecido en un autocinema que a veces es circo, a veces templo) NO CONVENCE A NADIE. Tampoco lo hace el supuesto señalamiento de que ellos dicen que fue directamente el alcalde quien ordenó que pasaran báscula a los propietarios de ese negocio.

Estamos ante una persecución indudablemente política la cual, independientemente de que se pudiese probar fehacientemente la responsabilidad del acusado, no tendrá jamás credibilidad en un acto de ley y justicia, mientras tanta lacra, con cargos anteriores y actuales, se mantenga impune, pese a los señalamientos que, incluso a nivel federal, han sido levantados.