La FGE y Poderes Ejecutivo y Judicial atienden a diversos grupos feministas

En seguimiento a las políticas institucionales de puertas abiertas, empatía y transparencia en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar participó en una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial con colectivas feministas.

En mesa de trabajo, celebrada en Salón Morelos, en Palacio de Gobierno, el Fiscal General señaló la importancia de reforzar el trabajo en conjunto con las demás dependencias y con las colectivas.

“La Fiscalía y su titular están comprometidos en combatir la violencia contra las mujeres, para mí seguir reforzando el trabajo conjunto es importante”, precisó.

Blumenkron Escobar afirmó que se trabaja para tener una Fiscalía empática y sensible con las mujeres, niñas y adolescentes, “si no hay sensibilidad de las personas que trabajan en la Fiscalía, sino están convencidos de ello y la necesidad, no lo van a poder hacer de la manera adecuada”.

Al participar la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, Norma Angélica Toledo Camacho, presentó un informe de la incidencia delictiva que afecta a las mujeres en donde confirmó que el delito que más las vulnera es la violencia familiar.

Por su parte, el Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Héctor Miguel Ortiz Acosta, indicó que han abierto 183 carpetas de investigación del primero de enero al 8 de noviembre del año en curso, de las cuales 36 son por feminicidio, los cuales se están investigando con los respectivos protocolos.

Asimismo, la titular del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Kenya Hedrey Cortés Gómez, dio a conocer la importancia de estos centros y las atenciones que se brindan, en cuanto a medidas de protección y pláticas preventivas, entre otras, así como los avances en la construcción del tercer centro que estará ubicado en la zona Sur Poniente del estado.

En la reunión participaron, por parte del Ejecutivo, Edgar Maldonado, Secretario de Gobierno; Miguel Ángel Urrutia Lozano, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Clarisa Gómez Manrique, Secretaria de las Mujeres; del Judicial, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y Nancy Giovanna Montero, magistrada; así como Nadxieelii Carranco Lechuga, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros.

Mientras que por las colectivas: Algaraza hacia la justicia social y restaurativa; Creativeria Social; Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”; Campaña Aborto Legal Morelos; Comité Contra el Feminicidio Morelos; Promotora por la Paz; Con la Decisión Mujeres por Morelos A.C.; Feministas Revolucionarias Morelos; Divulvadoras; Camaleonas Resilientes; Asociación de los Comerciantes del Centro de Cuernavaca; Red Convergencia 8 de Marzo; Asociación de Colonos de Vista Hermosa-Reforma; Colectiva Unidas Somos Más y PIIAF A.C.

El movimiento feminista en México ha sido un motor fundamental e incansable para visibilizar y exigir un alto a la violencia sistémica contra las mujeres. A lo largo de las décadas, diversos grupos y colectivas han mantenido una lucha permanente, transformando un problema antes considerado del ámbito privado en un asunto de máxima relevancia pública y política, logrando que la sociedad y el Estado reconozcan la gravedad de esta problemática.

Originalmente, las activistas de las primeras olas trabajaron arduamente para que se reconociera la existencia misma de la violencia de género, un logro crucial que sentó las bases para los esfuerzos actuales. Su labor teórica y práctica permitió conceptualizar y nombrar las distintas formas de agresión que enfrentaban las mujeres, pasando del silencio a la denuncia organizada.

Las marchas y manifestaciones anuales, especialmente las del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y 25 de noviembre (Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres), son expresiones masivas de esta exigencia. Estos eventos no solo congregan a miles de mujeres, sino que también sirven como un recordatorio contundente de las cifras de feminicidio y la impunidad prevaleciente en el país.

Una de las contribuciones más significativas ha sido la presión ejercida para la creación e implementación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Las organizaciones civiles son actoras clave en la solicitud y seguimiento de estas alertas en los diferentes estados, impulsando acciones específicas y coordinadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.

En el ámbito legislativo, la influencia de los grupos feministas es innegable, ya que han presionado para la tipificación del feminicidio como delito autónomo en los códigos penales del país. Más recientemente, gracias a la insistencia y campañas de activistas, se han aprobado leyes específicas como la "Ley Olimpia" para sancionar la violencia digital y la "Ley Ingrid" para castigar la difusión de imágenes de víctimas fallecidas, demostrando su capacidad de adaptación a nuevas realidades.

Utilizando el arte, la cultura y la ocupación del espacio público, los colectivos han buscado interpelar a la sociedad y al gobierno de maneras no convencionales. La resignificación de monumentos y edificios públicos con pintas y memoriales visibiliza los nombres y las historias de las víctimas, asegurando que no queden en el olvido oficial y generando un debate constante sobre los métodos de protesta y la inacción estatal.

Aparte de la protesta pública, muchas organizaciones feministas ofrecen apoyo directo y vital a las víctimas de violencia. Gestionan refugios, brindan asesoría legal y psicológica gratuita, y acompañan a las mujeres en los complejos y revictimizantes procesos de denuncia ante las autoridades, supliendo las carencias institucionales.

Los esfuerzos digitales también han sido cruciales, con el uso de redes sociales para la denuncia anónima, la creación de redes de apoyo virtual y la difusión de campañas de concientización como "#DateCuenta", que exponen situaciones de violencia cotidiana en diversos ámbitos. Este mediactivismo ha permitido una comunicación más amplia y rápida para llegar a más mujeres.

El impacto del movimiento feminista va más allá de la protesta, pues su labor ha permeado el ámbito académico y la teoría social, estructurando estudios y análisis que permiten una comprensión más profunda de las raíces culturales e institucionales de la violencia de género. Este conocimiento es esencial para diseñar políticas públicas efectivas y sostenibles que aborden la problemática de manera integral y no solo superficial.