Juego de manos - ¿Estamos listos para asumir esta tarea?

Este martes se presentará ante el pleno del Senado de la República para discusión y aprobación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. Dentro de esta propuesta se regulan e institucionalizan los procesos de consulta popular —qué sí y qué no se pondrá en consulta, cuándo se realizará y quién vigilará los procesos, y cómo se convocará el proceso — así como el procedimiento para poner a consulta la revocación de mandato del presidente de la República, el o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, o el mandato de las y los gobernadores de cualquier entidad federativa del país.

Hay ciertos puntos que valen la pena resaltar de la próxima propuesta a la Cámara Alta: para lo que concierne a las consultas populares, estas se realizarán a partir de una solicitud de un número equivalente por lo menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de los electores de la(e) entidad(es), sobre temas de trascendencia nacional o regional serán reguladas por el Instituto Nacional Electoral —que será el encargado de la verificación, organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del proceso — y no podrá poner sobre consulta derechos humanos, tratados internacionales, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular (es decir, que estas reformas y adiciones no promueven la reelección de Andrés Manuel), la materia electoral, entre otros.

Sobre las consultas para la revocación de Mandato: estas se realizarán durante los primeros 3 meses del cuarto año de gobierno de el o la gobernadora, Jefa de Gobierno o presidente, una vez que se realice la petición de los ciudadanos y las ciudadanas, en un número equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, correspondientes a por lo menos 17 entidades federativas, y que represente como mínimo al 3% de la lista nominal de cada una de ellas; el proceso solo podrá realizarse una vez por administración, y será regulado por el INE, y tendrá las mismas funciones que en el proceso de consultas populares.

Ahora, para que la revocación de un mandatario sea efectiva, la votación deberá contar con la participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, y únicamente si el resultado de la misma se da por mayoría absoluta. En caso de que se cumplan estos requisitos, el cargo será ocupado por el o la presidenta del Congreso, y será esta institución. la encargada de elegir a la persona que concluirá el periodo constitucional, esto durante los próximos 30 días a la ocupación provisional del puesto.

Este decreto ha llamado la atención desde campaña, posicionando al entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, como la opción para fortalecer la democracia en el país, y quien le agregaría el poder al pueblo de deshacerse de la autoridad que no estuviera dando resultados (o al menos esta era la idea).

En los días recientes, la propuesta del presidente al legislativo ha sufrido de modificaciones aplaudidas por la oposición y criticadas por el Ejecutivo. La fecha de consulta de revocación de mandato del actual presidente se pospuso, a modo de que no se empalmara con las elecciones intermedias de 2021, bajo el argumento de que la presencia de la imagen de López Obrador dentro de las boletas alteraría las intenciones de voto de la ciudadanía y, por ende, el resultado de la contienda. Por otro lado, la solicitud de revocación de mandato ya no será propuesta por la esfera política, sino por la esfera pública del país.

De igual manera, el decreto ha sido fuertemente criticado por diversas plumas y figuras del país. Dentro de los principales argumentos en contra se encuentra la vulneración de la gobernabilidad en el país, debido a que los mandatarios deberán pensar en planes de gobierno para 3 años en lugar de 6, puesto a que corren el riesgo de ser revocados a la mitad de su administración; el impacto negativo a la legitimidad de las y los gobernantes; el uso perverso de este para servir al partido hegemónico; su función como propaganda política; y la destinación de recursos hacia fines que no necesariamente beneficien a la población mexicana.

La propuesta es interesante y, si bien las críticas tocan puntos importantes, lo que dentro de esta perspectiva se observa es que se obliga a un cambio en la forma de hacer en política, una mayor rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la ciudadanía, y la capacidad de deshacerse de funcionarios y funcionarias que no cumplen con las necesidades básicas de una sociedad, de los cuales sobran los ejemplos.

Ahora, es cierto también que existe un peligro de que con las leyes resultantes se pervierta aún más el sistema político mexicano; sin embargo, es y será aún más en caso de pasar este decreto, tarea de las y los ciudadanos el informarse de lo que ocurre dentro del país, y juzgar a través de sus ojos y conocimientos el quehacer de quienes ocupan las cabezas del ejecutivo (y de los demás poderes) en el país.

La ley propuesta exige la capacitación tanto de la ciudadanía como de la esfera política de realizar las funciones que les corresponden dentro de la política nacional. Si la ley pasa, la apatía será más peligrosa que nunca. La pregunta es, ¿estamos listos para asumir esta tarea?

Diputados Olímpicos

Parece que, últimamente, se están realizando las Olimpiadas de la Polémica y el Mal Gusto 2019, con dos claros finalistas: Gerardo Fernández Noroña, veterano de la disciplina, quien a inicios de este mes se refirió a su homóloga, Adriana Dávila, como “bocona como la chingada” y que se le debería "poner una chinga" la próxima vez que abra la boca. La diputada federal ya interpuso una queja por abuso de poder, misoginia y violencia de género ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Esperemos que la sanción por los ataques vaya más allá de las condenas y los manazos.

Cerrado en la contienda se encuentra el diputado morelense, José Casas, quien el jueves pasado, ante el pleno local, y para concluir su solicitud de juicio político a otra integrante del Congreso, señaló: “eso pasa por sacar a las personas de la cocina y darles un curul”. Consecuencia de ello, el diputado local San Luis Potosí, Pedro Carrizales “El Mijis”, le mandó un zape a través de un tweet en donde le sugirió que pidiera disculpas y se retirara.

El ganador de esta competencia será determinado por la ciudadanía y el galardón será otorgado por las instancias correspondientes. Sin embargo, este año se pide que las premiaciones de esta contienda vayan más allá de lo simbólico, pensando en el cambio de administración y el mejoramiento que esta señala que brindará a los procesos realizados dentro de nuestro país. Ojalá que su destacada participación en esta disciplina no pase por alto, y los funcionarios reciban lo que merecen.

Tus sugerencias para estas premiaciones:

diegopachecowil@gmail.com