Escala de Grises - No fue el fuego

El lunes 27 de marzo, 70 migrantes fueron arrestados en Ciudad Juárez por supuestos disturbios en la vía pública. De acuerdo con medios de comunicación locales, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) llevaron al grupo en cuestión a la estación migratoria y los confinaron en celdas.

De acuerdo con López Obrador, presidente de México, los migrantes se enteraron de que serían deportados y, como protesta, prendieron fuego a las colchonetas, lo que ocasionó un grave incendio. El gobierno estatal informó que el fuego inició alrededor de las 21:30 horas en el área masculina y de ahí se extendió por el inmueble, situado a unos metros del río Bravo.

Hasta el momento en que terminó de escribirse esta columna, se registraban 39 personas muertas, 27 de ellas procedentes de Guatemala, y 29 personas heridas de gravedad(aproximadamente), mismas que fueron trasladadas a cuatro hospitales de la región para su atención inmediata.

Al enterarse de lo ocurrido, el Instituto Guatemalteco de Migración también lamentó lo ocurrido y aseveró que “la migración irregular lleva consigo una serie de riesgos que, nuevamente, han quedado en evidencia”. Bajo esta línea, invitó a su población a tomar decisiones acertadas y migrar de forma “regular, ordenada y segura”.

Según el gobierno de Chihuahua, en total, se evacuaron a 83 migrantes y siete empleados. Por otro lado, la Fiscalía General de la República aseguró que las víctimas procedían de países como Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador. Bajo esta línea, se estableció comunicación con las autoridades consulares correspondientes para la identificación de las víctimas.

En el comunicado difundido a través de plataformas digitales, el INM informó que ya hay una denuncia interpuesta ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de que se investigue lo sucedido y se proceda conforme a la ley.  Por su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entabló comunicación con las embajadas para gestionar apoyo a las víctimas y sus familias.

Para finalizar su comunicado (y su postura al respecto), el INM optó por rechazar “enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia” y nada más. Sin embargo, todavía quedan muchas dudas alrededor del caso. Empecemos por lo evidente.

Lo que el Instituto ha llamado el área de alojamiento de la Estancia Provisional puede resumirse de forma mucho más sencilla: cuartos con candados. ¿Hay protocolos de protección civil que puedan aplicarse ante ese tipo de emergencias? ¿El personal del INM está capacitado para poder atender situaciones como la ocurrida la noche del lunes?

Para empezar, habría que preguntarnos bajo qué condiciones se encuentra el área de alojamientos y cuáles son las medidas de sanidad bajo las que se regulan estos espacios. ¿Cuáles eran las condiciones bajo las que se encontraban las personas arrestadas? ¿Sus derechos humanos estaban siendo respetados? Porque eso es lo mínimo que se esperaría por parte de la dependencia en cuestión: condiciones dignas. ¿No es así?

Ahora, a pesar de las declaraciones revictimizantes emitidas por Andrés Manuel López Obrador, la razón de la protesta sigue sin aclararse. A pesar de ello, una cosa es clara. De haber contado con protocolos de seguridad efectivos, la “tragedia” (como decidieron llamarle a su negligencia) pudo haberse evitado.

Tal vez, cuando el presidente dijo “no pensaron que causarían esta desgracia”, no se refiere a las personas migrantes, sino a las personas responsables de que el proceso migratorio se lleve a cabo de manera segura. Tal vez se refiere a él mismo y a una estrategia de migración que ha demostrado, en repetidas ocasiones y a nivel internacional, las fallas que tiene.

Ojo, quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, independientemente de las consecuencias, no es una política de migración efectiva. Criminalizar a las víctimas, como hicieron el gobierno mexicano y guatemalteco, tampoco. Las 39 personas que murieron en el incendio no son responsables de lo que les sucedió. El Estado sí.

Lo anterior, se comprobaría con el video difundido la tarde del martes en plataformas digitales. Las imágenes presuntamente captadas por las cámaras de seguridad del INM muestran cómo los funcionarios, al darse cuenta del incendio, abandonan a las personas que se encontraban encerradas en la “estancia provisional”.

Lo ocurrido en Ciudad Juárez demuestra las distintas violencias (con todo y niveles) a las que se enfrentan aquellas personas que deciden migrar para sobrevivir. Al mantener a las personas privadas de su libertad, en una dependencia de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal tenía la responsabilidad de garantizar la integridad de los migrantes. 

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En México las estaciones migratorias se han convertido en espacios de tortura, donde se violenta la dignidad de las personas y, por lo tanto, se ponen en riesgo sus vidas sin que las autoridades se hagan responsables de lo que ocurre.

Urgen políticas migratorias efectivas, establecidas con la plena intención de no repetir “tragedias” como la de Ciudad Juárez y las otras tantas que se han registrado durante los últimos años en el país. Respecto a este caso particular, resulta indispensable que se realicen las investigaciones pertinentes para que, tal como se mencionó en el comunicado, se proceda en contra de la incompetencia y la negligencia tal como indica la ley.

Fue el Estado:

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