Inaplazable, un federalismo senatorial.

El federalismo es la base de la soberanía nacional. El Estado se consolida a través de éste; empero, aún hay una atmósfera deficitaria en torno al institucionalismo: 1. Desigualdad social. 2. Exclusión. 3. Políticas endebles que palian la marginación. 4. Abandono de los pueblos y comunidades indígenas (y otros grupos históricamente segregados).

            Con base en eso, es pertinente expresar que la distribución competencial no es equivalente a las determinaciones de carácter político. La representatividad parlamentaria, en gran medida, es simulación: encargos comprometidos con grupúsculos de élite, que pretenden asir el poder -a ultranza-.

            En el caso del Senado, es urgente desaparecer los espacios plurinominales. ¿Por qué? En seguida, mis argumentos:

            La Cámara Alta es una institución que necesita reformarse. Requiere retornar al espíritu original de su función constituyente: la representación de los intereses de las entidades federativas.

La historia constitucional del país nos confirma que, salvo la excepción de la Constitución de 1857, esta estructura cameral estaba compuesta por dos senadurías por estado. A partir de la de 1917, su integración se dio en forma directa, a fin de representar los anhelos y posturas de cada ámbito estatal.

No obstante, esa forma tradicional se alteró en 1993; luego, en 1996, lo que produjo ciertos cambios tendientes -según- a “pluralizar” la integración con el desarrollo del cambio hacia la transición a la democracia.

En ese sentido, entre las principales modificaciones se introdujeron:

ü  Aumento de representantes populares de esta naturaleza: de 64 a 128.

ü  La entrada del Principio de Representación Proporcional.

ü  La aparición de senadurías de “Primera Minoría”: aquellas candidaturas que hubieran ocupado el segundo lugar de la votación en la elección respectiva.

Bajo ese esquema, el país izó el reconocimiento de la pluralidad y la competencia genuina. La inserción del principio citado previó un objetivo meritorio; pero, jamás fue tangible en términos pragmáticos.

Entonces, ¿qué trajo consigo? La respuesta es categórica: un “abultamiento” de curules, que, a su vez, propició: Incremento del presupuesto del Senado: A) Costos de operación. B) Pago de salarios y prestaciones a los asambleístas.

En seguida, la nómina se acrecentó de manera progresiva y, con ello, el crecimiento de los egresos en canonjías legislativas. Asimismo, el fenómeno de la representación efectiva de los grandes intereses corporativos, empezando con los de las dirigencias de los partidos políticos.

            Ergo, se fueron integrando -al Senado-, gradualmente, consanguíneos, incondicionales y predilectos de las élites partidistas; sobre todo, de los dirigentes. Esto fue formando un glóbulo henchido de privilegios, que se alejó -de modo descarado- de las necesidades más apremiantes.

            De igual forma, bajo RP, también se incorporaron los representantes de las grandes cadenas de televisión (el monopolio, en un principio; el duopolio, más tarde), de las cámaras empresariales y los liderazgos de los más poderosos gremios sindicales.

Ante ese escenario, los intereses de las regiones del país empezaron a disminuir. Este grupo de senadores cayó en el abismo de la lascivia individual (o de grupo): el contacto directo con la sociedad civil comenzó a declinar de manera DELIBERADA.

Por tanto, para revalorizar el cargo de Senador de la República resulta imprescindible volver a la iniciación: la raíz del proyecto institucional: dos senadurías por entidad federativa, nada más. Y esto, exclusivamente por medio de la votación directa en circunscripciones estatales. O, en el mejor de los casos, dos de Mayoría Relativa y una por Primera Minoría, con la intención de no entorpecer la protección de los derechos de las minorías.

REFORMA ELECTORAL, SEMEJANZA

            Tal como se propone con la Reforma Judicial, sería indispensable que ese regreso al origen estuviera complementado con la posibilidad de que los electores elaboraran sus propios listados. Que las fórmulas de candidaturas al Senado fueran flexibles. Que la propia ciudadanía pudiera confeccionar su propia lista modificando, en su caso, el orden de prelación, para no ser rehén de las ambiciones unilaterales (de los entes partidistas).

            Con esta propuesta, se ahorrarían recursos, sin duda. La austeridad republicana es un requerimiento inaplazable.

            Así, se revitalizaría el federalismo mexicano. Se ganaría un auténtico apoyo ciudadano.

            La voluntad soberana de la ciudadanía no tiene analogía. Ella determina el destino de la nación.