CONFIABILIDAD TÉCNICA, PRINCIPIO BÁSICO DE LA FISCALIZACIÓN
En opinión de David Colmenares páramo
David Colmenares Páramo 
Los principios de la fiscalización superior establecidos por nuestra Constitución en su artículo 79 son legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Hablando de la confiabilidad los gobiernos y las administraciones públicas deben tomar las decisiones basados en diagnósticos precisos, datos verificables y evidencia que permita evaluar la eficacia de las acciones emprendidas.
En todo este proceso, la información de calidad es un insumo esencial para el diseño e implementación de políticas públicas con diferentes propósitos: para el bienestar de las personas; la provisión de bienes y servicios; la atención a las garantías de derechos como la educación y salud; entre otros.
Si la información para la toma de decisiones es confiable, entonces la probabilidad de que la acción de gobierno sea eficaz, crece. El efecto inmediato de las intervenciones públicas gubernamentales es generar gobiernos presentes que alivian contextos de incertidumbre en los que —contemporáneamente— las sociedades se desarrollan. Es decir, las acciones de gobierno tienden a contrarrestar la percepción generalizada de escenarios de incertidumbre, como manifestación de un temor social extendido, ante los más grandes y complejos problemas. “La sociedad del miedo”, de hecho, es una tesis publicada por Heinz Bude en un libro del mismo nombre que señala que: “El miedo es síntoma de una situación social de incertidumbre, en la que el individuo se siente arrojado a un mundo en el que ya no se siente resguardado.”
Por ejemplo, a las personas las preocupa la inestabilidad económica, el ‘futuro’ de sus propias vidas en el contexto de los sistemas de protección social, y su propia calidad de vida frente a problemas de salud. Estas preocupaciones compartidas son —según Bude— los elementos indisociables de la sociedad en ciertas ocasiones que, imbuida en las presiones e incertidumbre contemporáneas, busca respuestas y certezas. De ahí la relevancia de que los gobiernos pongan atención a la información sobre diagnósticos de problemas públicos y sobre el bienestar y satisfacción de las personas.
Este debate ha sido, en los últimos años, razón suficiente para replantear las intervenciones públicas gubernamentales.
La información del INEGI identifica como algunos de los dominios que generan menor satisfacción: la seguridad ciudadana, las condiciones del ‘vecindario’ y el nivel de vida. Estos datos construyen un relato digno de tomarse en cuenta, relacionado con cómo las intervenciones públicas y la calidad de los bienes y servicios que el Estado proporciona, tienen impacto directo en el bienestar y satisfacción de las personas. Si la incidencia de los gobiernos sobre la estabilidad social e individual a nivel agregado está demostrada.
Por ello resulta fundamental que los datos informen la toma de decisiones y que las instituciones encargadas de procesos de rendición de cuentas coloquen el énfasis en la necesidad de que las políticas, programas y demás instrumentos de gestión pública, generan resultados demostrables en la mejora del bienestar y la satisfacción de las personas.
Pero la información, además, está moviéndose cada vez más rápido, en una revolución digital que no cesa. En este marco, la ASF tuvo una participación destacada en la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), donde presentamos el informe de actividades del Comité de Incremento de Capacidades del Comité de Incremento de Capacidades y de la Fuerza de Tarea para el Desarrollo Sostenible. Además, compartimos experiencia y conocimientos en los temas estratégicos de Auditoría Forense Digital, Fiscalización Digital y Ciberseguridad.
