Fortalecen capacidad jurídica para atención efectiva a víctimas

Con la convicción de que la justicia con perspectiva de género se construye desde la especialización y el compromiso con los derechos humanos, el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de las Mujeres, impulsa la capacitación “Asesoría Jurídica de Víctimas: Derechos, Estrategia y Litigio”. 

Este esfuerzo colaborativo tiene como objetivo fortalecer las capacidades del personal jurídico de la Secretaría de las Mujeres para ofrecer un acompañamiento técnico, estratégico y humano a las morelenses que enfrentan situaciones de violencia, para garantizar procesos libres de revictimización y orientados a la reparación integral. Esta acción se lleva a cabo en con la Universidad de Educación Mexicana a Distancia (UMED).  

En tal sentido, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, subrayó que este trabajo “es esencial para que quienes acompañan jurídicamente a las víctimas cuenten con las herramientas necesarias para garantizar su acceso pleno a la justicia y a una vida libre de violencia”.

Asimismo, destacó que la formación continua del personal jurídico fortalece la atención integral y coloca en el centro la dignidad y los derechos de las mujeres, reconociendo la diversidad de contextos y necesidades que enfrentan.

Cabe resaltar que en esta capacitación participaron más de ochenta especialistas, entre abogadas, abogados y personal de apoyo provenientes de distintas entidades del país. Además de funcionarias de diferentes dependencias y organismos estatales. 

Con estas acciones, el Gobierno de Morelos reafirma su compromiso de trabajar por una igualdad sustantiva, desde un enfoque interseccional que reconozca y atienda las múltiples formas de discriminación y violencia, asegurando que ninguna mujer quede fuera del acceso a la justicia.

En México, la atención a las víctimas de la violencia ha sido un tema prioritario en los últimos años. La Ley General de Víctimas, aprobada en 2012 y promulgada en 2013, establece un marco legal sólido para proteger los derechos de las víctimas de delito y violaciones a los derechos humanos. Esta legislación reconoce y protege los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho a la atención integral, la reparación del daño, la asistencia jurídica y psicológica, y el acceso a la justicia.

La Red Nacional de Refugios (RNR) ha sido una de las organizaciones que ha trabajado incansablemente para brindar apoyo y protección a las víctimas de violencia de género. En los últimos seis años, la RNR ha salvado la vida de 190 mil 140 mujeres, niñas y niños, víctimas de violencias machistas en el país. Sin embargo, la organización ha denunciado que el gobierno ha sido lento en liberar recursos y subsidios para las víctimas, lo que ha generado una gran preocupación.

La violencia familiar es otro tema que ha cobrado importancia en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registraron 19 mil 313 denuncias por violencia familiar en todo el país, lo que representa una disminución del 7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, especialistas advierten que esta reducción no necesariamente refleja una disminución real de los casos, sino posibles barreras en el acceso a la justicia o incluso una subestimación del problema.

La implementación efectiva de la Ley General de Víctimas sigue siendo un desafío, especialmente debido a la falta de recursos y capacidades institucionales en algunas áreas. Es crucial que las autoridades trabajen en fortalecer los mecanismos de coordinación y determinación de fuentes de fondeo para garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de las víctimas.

La coordinación interinstitucional es fundamental para brindar una atención integral a las víctimas. La Ley General de Víctimas promueve la coordinación entre las diferentes instancias del gobierno federal, estatal y municipal, así como con la sociedad civil, para garantizar una respuesta integral y efectiva a las necesidades de las víctimas.

A pesar de los avances en la protección de los derechos de las víctimas, muchas personas aún enfrentan barreras para acceder al sistema de justicia. La falta de información sobre sus derechos y la burocracia en el sistema judicial son algunos de los obstáculos que deben superar.

La reparación del daño es un reto importante en muchos casos de victimización en México. Pese a los esfuerzos realizados, sigue siendo insuficiente en muchos casos, especialmente en situaciones de alguna violación grave de derechos humanos.

La Red Nacional de Refugios ha exigido al gobierno que libere recursos y subsidios para las víctimas de violencia de género. La organización ha denunciado que el gobierno ha sido lento en responder a sus demandas y ha ignorado sus solicitudes de reunión.

El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha expresado su preocupación por la violencia contra las mujeres en México. En julio de 2025, el comité reafirmó que la violencia contra las mujeres es una realidad estructural en México y exigió al gobierno que tomara medidas concretas para abordar este problema.

La sociedad civil ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la violencia en México. Organizaciones como la Red Nacional de Refugios han trabajado incansablemente para brindar apoyo y protección a las víctimas de violencia de género.

La atención a las víctimas de la violencia requiere un enfoque integral y sostenido. Es fundamental que las autoridades trabajen en fortalecer los mecanismos de coordinación y determinación de fuentes de fondeo para garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de las víctimas.

En este contexto, la capacitación y la sensibilización de los servidores públicos y los operadores de justicia son fundamentales para garantizar una atención adecuada a las víctimas de la violencia. La implementación de programas de capacitación y sensibilización puede ayudar a mejorar la atención y la respuesta a las necesidades de las víctimas.