Escala de Grises - Victimización

A dos días de terminarse el sexto mes del 2022, se dio a conocer el Manual sobre Desplazamiento Interno, documento presentado por la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ). De acuerdo con el ministro Arturo Zaldívar, un instrumento como el ya mencionado era imperativo para abordar casos de personas desplazadas y, bajo esta línea, garantizar el acceso a la justicia.

Por supuesto, la deuda principal es con las víctimas. Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANUR), a finales del 2021, 53 millones de personas alrededor del mundo se desplazaron internamente para sobrevivir a la violencia que atacó sus lugares de residencia.

De esa cifra, tan solo en México, el Observatorio de Desplazamiento Interno calculó que 379 mil personas habían sido desplazadas por violencia, conflictos armados y enfrentamientos, y 23 más por desastres naturales. La cifra por sí misma es alarmante; sin embargo, cuando se contemplan los diversos factores políticos, económicos y sociales que han propiciado el fenómeno, el panorama se vuelve realmente grave.

La misma SCJN ha reconocido la vulnerabilidad de la población que se enfrenta al desplazamiento interno, pues no solo se enfrentan a barreras como la impunidad o el nulo acceso a la justicia; también a la falta de información y asesoría jurídica. Las carencias no solo se limitan al plano judicial, se extienden a los servicios básicos, la seguridad y la garantía de sus derechos humanos, por decir lo menos.

Ante la falta de un lugar seguro de residencia, el acceso a oportunidades laborales o educativas, la preocupación principal es sobrevivir, no acudir con el Poder Judicial. ¡Y claro que eso también es parte del problema! Lamentablemente, la desconfianza en las autoridades es un reflejo de las grietas existentes en el sistema de justicia nacional.

La burocracia, los plazos indefinidos y la falta de respuestas concretas respecto a la situación de las víctimas se ha convertido en un ciclo interminable que vulnera los derechos de las víctimas, pero también reproduce las condiciones para que fenómenos como el desplazamiento interno continúen ocurriendo.

El Manual sobre Desplazamiento Interno es un paso significativo para visibilizar el problema y establecer un precedente para intentar garantizarles justicia a las víctimas. A pesar de ello, al tratarse de una situación en la que convergen diversos problemas estructurales, queda mucho por hacer desde diferentes trincheras.

Para empezar, tal como se aborda en el documento presentado por la DGDH, es indispensable que los gobiernos en todos los niveles se involucren para atender las causas y garantizar la no reparación del daño. Sin embargo, también resultan urgentes medidas de prevención y una garantía de no repetición.

Reconocer las deficiencias y carencias dentro de todas las instituciones también es fundamental. Aunque se han dado a conocer avances a nivel federal y local, poco se puede lograr sin la implementación de mecanismos efectivos e instrumentos especializados en el tema. Si lo que se pretende es proteger a las víctimas y evitar que el desplazamiento interno continúe, son indispensables respuestas a la medida de semejante problema.

Yatziri, María y Jorge

En diciembre del 2019, cuando tenía 16 años, Yatziri Misael fue secuestrado por un grupo de hombres armados. En plena víspera de Navidad, la violencia irrumpió en casa de la familia Cardona Aguilar. A partir de ese momento, María del Rosario Zavala se convirtió en una madre buscadora, empeñada en ver a su hijo de nuevo.

Tras presionar a la fiscalía sin obtener respuesta alguna, María decidió imprimir carteles hasta tapizar las calles de León, recorrer todo Guanajuato y unirse a un colectivo de búsqueda con la esperanza de reencontrarse con Yatziri. Tras diez meses de búsqueda, en octubre de 2020, María recibió una pista sobre el posible paradero de su hijo.

Apenas comenzaba el día siguiente cuando María del Rosario escuchó que alguien tocaba el timbre de su casa. El 14 de octubre de 2020, la madre buscadora abrió la puerta y se encontró con dos hombres armados que detonaron los seis balazos que le arrebataron la vida. 

Casi dos años después del asesinato de su madre, Jorge Ulises, un joven de 22 años, también fue asesinado. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, el crimen fue cometido en la colonia Villas de San Nicolás II. El 27 de junio, aproximadamente a las cinco de la tarde, Jorge se convirtió en el tercer integrante atacado de la familia Cardona Aguilar.

Este caso se ha convertido en un ejemplo de la triple victimización (desaparición, estigmatización y asesinato) que sufren las familias de personas desaparecidas, tal como explicó Raymundo Sandoval, defensor de derechos humanos. Y, si me permite agregar, también se ha convertido en una muestra precisa de impunidad.

La desaparición forzada en México no es un problema que pueda adjudicarse únicamente a la presente administración o a cualquiera de las anteriores, eso debe quedarnos claro. Sin embargo, sí se ha convertido en uno de los problemas más graves de los últimos años, especialmente por la negligencia de las autoridades (en todos los niveles) al momento de investigar casos como el de la familia Cardona Aguilar.

Como mencioné en el apartado anterior, replantear el sistema de justicia y reparar las grietas que existen en él ya no es una opción, es una necesidad. Urge emplear mecanismos efectivos para localizar a las personas desaparecidas, para dar seguimiento pertinente a los casos y prevenir que el número de víctimas siga incrementándose.  

Hasta encontrar justicia:

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